Las asociaciones judiciales no se ponen de acuerdo sobre la renovación del CGPJ prorrogado, cinco años después

Sobre la mesa de la legislatura recién estrenada, pendiente decidir el futuro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, este lunes, dobla su mandato, tras una prórroga de cinco años, desde el 4 de diciembre de 2018, fecha en la que debió ser renovado pero no lo fue. La disyuntiva sobre si la situación exige un acuerdo entre el PSOE y el PP para, de acuerdo con la práctica habitual, designar a los nuevos vocales; o si, por el contrario, se impone una reforma legal que reduzca la injerencia política para que sean los jueces los que elijan a sus representantes, tal y como proponen los populares en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea de Justicia y el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

Así las cosas, sin embargo, entre las propias asociaciones profesionales de jueces y magistrados, se mantienen las discrepancias sobre cuál es el mejor sistema para abordar la renovación del Consejo. El único consenso sobre la cuestión es que hacerlo resulta cada vez más urgente. En especial, porque la parálisis de los nombramientos discrecionales impuesta por el Gobierno socialista durante la pasada legislatura, y avalada por el Constitucional, ha llevado a los más altos tribunales de nuestro país, empezando por el Supremo, a una situación agónica de vacantes sin cubrir.

Juezas y jueces para la Democracia

Para las dos asociaciones profesionales más próximas al Gobierno socialista, Juezas y jueces para la Democracia (JyJD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), tras cinco años de CGPJ en funciones es imprescindible «la dimisión del presidente y vocales» del órgano actual «siguiendo el ejemplo de quienes, anteriormente, constataron que no cabía prolongar irregularmente la duración de su mandato». «Pese a que el art. 122.3 de la Constitución española establece que la duración de su mandato son cinco años, el actual lleva diez, tres presidentes y cuenta cada vez con menos vocales que dejaron de serlo por fallecimiento, jubilación o renuncia», afean los miembros de la entidad.

«Esta anormalidad institucional supone un evidente perjuicio para la sociedad y la organización judicial. El Tribunal Supremo cada vez padece más vacantes, la mayoría de las presidencias de Audiencia y Tribunales Superiores de Justicia están en funciones y la falta de liderazgo del CGPJ entorpece el trabajo de juzgados y tribunales. Quienes acuden al Poder Judicial a litigar, profesionales del derecho, y la sociedad en general, sufren los perjuicios de esta situación», aseguran en un comunicado emitido este mismo lunes.

Abusan de su función, hace cinco años caducada, incumplen la Constitución que juraron acatar y manchan la imagen de imparcialidad de la judicatura con su servilismo a opciones partidistas

Un escenario en el que califica de «numerosas» las «excusas que opone el Partido Popular para mantener su bloqueo durante años» y para las que, aseguran desde la entidad de izquierdas, «ya ni siquiera merece comentario». Además, sugieren que «un grupo mayoritario de vocales del CGPJ se permite intervenir en el debate partidista sobre una proposición de ley que ni siquiera se había presentado en las Cortes, retrasar el preceptivo informe sobre proyectos de Ley, como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aún no han emitido, opinar con su cargo caducado y en funciones sobre la idoneidad del Fiscal General del Estado, y demorar deliberadamente durante semanas la renovación del Tribunal Constitucional».

«Con su proceder, han contribuido al desprestigio de una institución que constatamos se encuentra en franca descomposición. Hay un vergonzante abandono de funciones propias e imprescindibles, que no producen réditos políticos a quienes sin motivo legítimo les mantienen en el cargo, única preocupación desde hace demasiado tiempo de sus integrantes, como demuestra que el Tribunal Supremo en STS 581/2023, de 22 de septiembre, condenara al CGPJ por incumplir su obligación de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral, o que anulara varios de sus nombramientos para el Tribunal Supremo o Presidencias de Tribunal Superior de Justicia», recuerdan en el texto al que ha tenido acceso el Debate.

Asociación Judicial Francisco de Vitoria

Una posición, sin embargo, diametralmente opuesta a la formulada, también este lunes, por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que, muy crítica con la situación de prórroga del CGPJ, no comparte la petición de un cese en bloque de los vocales que siguen en la actualidad en el cargo. Una dimisión en bloque «no es una solución ante la inactividad de las Cortes Generales», ha asegurado el portavoz de la entidad, Sergio Oliva.

«Nadie puede asegurar que eso provocaría la renovación del CGPJ. Y lo que seguro que ocasionaría son aún más perjuicios a los intereses profesionales de los más de 5.000 jueces y juezas de este país porque el CGPJ regula toda la actividad profesional y laboral de la carrera judicial, concursos de traslado, bajas profesionales o permisos de lactancia, la inspección de los juzgados, las sanciones y medidas disciplinarias, las jubilaciones, concesión de servicios especiales... El foco tenemos que ponerlo en los Presidentes del Congreso y del Senado, únicos con legitimidad para iniciar el proceso de renovación del CGPJ», ha asegurado el representante de la AJFV.

Para Oliva, la parálisis institucional que sufren los más altos tribunales de nuestro país, como consecuencia, a su vez, de un bloque impuesto a los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial se debe a que el órgano «lleva cinco años secuestrado por los partidos políticos».

«Un partido no quiere cumplir con la ley vigente y otro partido quiere mantener un sistema perverso de nombramientos de vocales del CGPJ que contraviene el mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986. Pero todos ellos cuentan con la colaboración de los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado que llevan cinco años omitiendo de manera flagrante sus funciones sin convocar los Plenos para renovar el órgano de gobierno de los jueces», ha reflexionado el jurista.

«Por todo ello», ha dicho, «entendemos que este sistema de nombramientos es un absoluto fracaso y no sirve para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces». «Hay que cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea y proceder a depositar la confianza en la carrera judicial para que sean éstos los que elijan a los 12 vocales de origen judicial. Cabe plantearse porqué no se ha hecho hasta ahora. ¿Acaso Francia, Italia, Portugal, en donde los consejos generales del poder judicial de dichos países la mitad de sus miembros son elegidos por la carrera judicial son peores democracias que la española?», se ha preguntado.