El Pleno del Consejo con el actual presidente interino, Vicente Guilarte, al frente
Justicia
La Comisión Permanente del CGPJ se reúne para analizar las declaraciones del ministro Puente sobre el 'lawfare'
Será este martes en una convocatoria extraordinaria. El acuerdo se adoptó en el último Pleno del máximo órgano de los jueces y magistrados
Las recientes declaraciones de diferentes miembros del Gobierno en contra de jueces, magistrados, fiscales y tribunales, en general, y de algunos de ellos vinculados al procés de independencia catalán, han provocado la reacción del Poder Judicial. Más allá de los comunicados institucionales ya emitidos entre otros, por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional –así como los de las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia– o el del propio Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Permanente de este último se reunirá, de nuevo, este martes, para debatir sobre la necesidad de pronunciarse ante las afirmaciones del actual ministro de Transportes, Oscar Puente, sobre el lawfare.
Según ha podido saber El Debate, el último cónclave del Consejo en el que se deliberó y rechazó, por mayoría absoluta, la propuesta de candidatura de Álvaro García Ortiz para renovar como fiscal general, acordó, además, adoptar una posición contundente frente a «cualquier manifestación de miembros del Ejecutivo o del Legislativo» relativas a la denominada 'guerra judicial' en virtud de la cual el separatismo ha justificado que sus ideas o aspiraciones políticas se han visto frustradas.
Pese a las discrepancias internas entre los bloques conservador y el de la izquierda jurídica, el seno de un CGPJ que está más tensionado y dividido que nunca, la semana pasada se acordaba que la Comisión Permanente se reunirá de manera extraordinaria, cada vez que sea necesario salir en defensa del Poder Judicial frente a las presiones y los ataques políticos a sus miembros apoyados en el término lawfare. La inclusión del mismo en el texto del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez ha provocado un aluvión de críticas a las actuaciones jurisdiccionales, sin precedentes en nuestra democracia.
De hecho, el propio Pedro Sánchez se pronunciaba sobre el tema para asegurar que en España, como ya antes había defendido su recién estrenado ministro de Transportes, Oscar Puente, existe «definitivamente» el lawfare porque se han «instrumentalizado instituciones» para «perseguir a adversarios políticos y ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al Partido Popular». «Ésa es la Operación Kitchen», indicaba el presidente del Gobierno.
Sin embargo, son las palabras de Puente las que se someterán a la lupa del CGPJ y será la Comisión Permanente la encargada de decidir si merecen un reproche formal y, en su caso, en qué términos y con qué consecuencias. Cabe recordar que el titular de Transportes aseveró con rotundidad en una entrevista la existencia del lawfare o el uso político de las acciones legales que es, a su juicio, «como las meigas, que uno puedo no creer en ellas, pero haberlas, haylas». «Casos de lawfare, sin duda, hay en España», dijo Puente, «algunos de alta intensidad y otros de baja intensidad» pero «negarlo es un gesto de cinismo», añadía.
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