Joseba Asiron y Joxe Abaurrea (derecha), en una imagen de mayo de 2019
El historial delictivo de Joxe Abaurrea, la mano derecha (y dura) de Joseba Asiron
En su haber figuran no haber condenado el asesinato a Tomás Caballero así como una sentencia por un delito de atentado contra la autoridad
Pamplona estrena este viernes equipo de Gobierno, aunque en realidad no hay nada 'nuevo' en el equipo de EH Bildu. Joseba Asiron ya fue alcalde entre 2015 y 2019 y Joxe Abaurrea, uno de sus hombres más próximos, ya fue concejal en los años noventa.
El historial de Abaurrea es triste y delictivo a partes iguales. En 1998, cuando ETA asesinó al veterano concejal de UPN Tomás Caballero, Abaurrea no quiso condenar el crimen, contribuyendo con su silencio a legitimar la acción y los anhelos de la banda terrorista. Han pasado 25 años de aquel asesinato y sigue sin condenarlo.
El número tres de la formación abertzale también ha protagonizado en los últimos años distintos enfrentamientos con los agentes de policía municipal, cuyo jefe destituyeron ayer mismo. Abaurrea cuenta en su historial con una condena por un delito de atentado contra la autoridad y otra por agredir a una mujer. «Para Joseba Asiron eso debe ser feminismo y progresismo; sabía que para Joseba Asiron esto era razonable, no me imaginaba que para los socialistas también», ironizaba estos días Cristina Ibarrola, hoy exalcaldesa.
Numerito en el Chupinazo
Tenemos que retroceder al año 2019, concretamente a la semana de los Sanfermines de aquel año. EH Bildu había abandonado solo unos días antes la alcaldía en favor del candidato de Navarra Suma Enrique Maya.
El cambio que no pareció sentar demasiado bien al concejal de Bildu. En una acción completamente radical, Abaurrea intentó colocar la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento momentos antes del clásico chupinazo de aquel 6 de julio. Varios agentes, así como la concejal de Navarra Suma, Carmen Alba, intentaron arrebatar la bandera al edil, propiciándose un intercambio de golpes –e incluso mordiscos– por parte de Abaurrea.
El concejal acabaría dimitiendo dos años después tras ser condenado a seis meses de cárcel, aunque finalmente no ingresó en prisión al carecer de antecedentes penales. La acción se saldó con en el pago de una multa de 1.200 euros por cuatro delitos leves de lesiones, así como distintas indemnizaciones a los agentes y a la concejala agredida.
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