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29 de abril de 2024

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante un pleno del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso, en su primera reunión del año, debate y vota los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, un primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales de 2024. El Gobierno de coalición cuenta con apoyos suficientes para superar este trámite, pero el PP puede tumbarlos cuando haya que debatirlos en el Senado. El pleno se celebra en el Senado porque el hemiciclo del Congreso de los Diputados está en obras.
10 ENERO 2024;PRESUPUESTOS GENERALES DEL AÑO :;2024;GOBIERNO;PLENO;CONGRESO;SENADO
Eduardo Parra / Europa Press
10/1/2024

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda DíazEuropa Press

Legislación

Qué dicen los tres 'decretazos' del Gobierno que se votan hoy y cuáles son los partidos que los apoyan

El Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta este miércoles 10 de enero la votación de los tres primeros decretos-leyes de la nueva legislatura; para los que, en principio, no ha conseguido los apoyos necesarios. Cada una de las normas aborda bloques legislativos distintos: el decreto 'ómnibus' –que regula aspectos de la Justicia–, el decreto del subsidio de desempleo, y el decreto de medidas anticrisis.
La figura del decreto-ley es un trámite que la Constitución reserva para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad» –aunque Sánchez ya lleve más de 142– con el que el Ejecutivo realiza una ley, la publica en el BOE, entra en vigor, y luego el Congreso, en un plazo de menos de 30 días, la debe convalidar o rechazar; que es lo que se vota hoy.

Decreto ómnibus

El decreto 'ómnibus' –que el Ejecutivo ha titulado «Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo»– es una norma cajón de sastre que el Gobierno de Sánchez ha utilizado para modificar e incluir distintos aspectos del ámbito de la Justicia.
El 'decretazo' crea la figura Expediente Judicial Electrónico, que tiene como objetivo reducir los plazos judiciales. No obstante, Sánchez también ha aprovechado el texto para modificar 5 normas distintas, entre las que se incluyen las tres leyes procesales más importantes del país: la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Derecho Penal), la Ley de Enjuiciamiento Civil (Derecho Civil), y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Derecho Administrativo).
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil es lo que ha provocado que Junts no quiera votar 'sí' en la tramitación. El texto amplía la regulación de la cuestión prejudicial europea para recoger que cuando un juez español, para emitir su fallo, necesite «una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión» deberá plantear un escrito «ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)».
De esta manera, el cambio podría frenar la ley de amnistía si un juez español presentara una cuestión prejudicial europea ante los órganos jurisdiccionales de la UE, y esa es la razón por lo que los de Puigdemont se han mostrado, en principio, en contra de la norma.

Decreto del subsidio de desempleo

El decreto del subsidio de desempleo –que el Ejecutivo, de nuevo, ha llamado con rimbombancia «Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo»– legisla acerca de ciertas medidas laborales.
En la norma se amplía la cuantía del paro en 570 euros al mes, y también se modifica el subsidio para mayores de 52 años. Esta última medida ha sido la que ha provocado que Podemos otorgue su 'no' a todo el 'decretazo' ya que consideran que recorta la cotización de los mayores de 52 años, tal y como ha manifestado la líder 'morada', Ione Belarra.

Decreto anticrisis

El último decreto-ley que se vota es el conocido como «anticrisis», cuyo nombre oficial es «Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía».
En esta ley Sánchez ha incluido la gratuidad del transporte público, la revalorización de las pensiones conforma al Índice de Precios al Consumo (IPC) –al 3,8 %–, la subida del IVA de la energía –del 5 al 10 % el de la electricidad y del 10 al 21 % del gas–, y la prórroga del IVA de 4 al 0% para los alimentos de primera necesidad.
El PP ha rechazado que no se mantenga el IVA de la energía en el 5 %, y ha demandado que se elimine el IVA al pescado, las carnes y las conservas; exigencias que planteó al Gobierno para abstenerse y por consiguiente salvar este 'decretazo'. Asimismo, los 'populares' quieren deflactar el IRPF ara las rentas de menos de 40.000 euros al mes, aunque el presidente del Ejecutivo no ha aceptado ninguna de las tres demandas de los de Feijóo.
El portavoz del PP, Borja Sémper (de pie), habla con el portavoz parlamentario del partido, Miguel Tellado, durante el pleno del Congreso

El portavoz del PP, Borja Sémper, habla con el portavoz parlamentario del partido, Miguel Tellado, y con Cuca GamarraEFE

El Ejecutivo de Sánchez asistía nervioso al Pleno de este miércoles que arrancaba a primera hora, ya que cuenta únicamente con 167 apoyos asegurados en los tres 'decretazos': los de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.
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