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La reforma del artículo 49 entra en su recta final con la polémica por la discriminación por sexo
La proposición de ley del PP y el PSOE llega este jueves al Pleno del Senado, donde previsiblemente será aprobada de forma definitiva
La reforma del artículo 49 de la Constitución, la tercera reforma de la Carta Magna en sus 45 años de existencia, encara este jueves su último paso en las Cortes. Después de ser aprobada por el Pleno del Congreso, la proposición de ley acordada y registrada de forma conjunta por el PP y el PSOE el pasado diciembre llegaba este miércoles al Senado y hoy al Pleno de la Cámara Alta, sin enmiendas, donde previsiblemente su aprobación será definitiva.
El texto contó con 315 'síes' y el 'no' de los diputados de Vox. El partido de Santiago Abascal se había abstenido en la toma en consideración de la proposición de ley, pero finalmente en la votación no apoyó la reforma pese a estar de acuerdo en que se retire el término «disminuidos» del texto constitucional al considerar que es «inoportuna» en tiempo y forma, pero también en fondo. Por varias cuestiones, entre ellas por la coletilla que establece una discriminación entre hombres y mujeres con discapacidad.
El artículo que, hasta que se apruebe de forma definitiva la reforma, figura actualmente en la Constitución reza así: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».
La proposición de los populares y los socialistas viene a traer un cambio terminológico para sustituir la palabra «disminuidos», pero no solo. Incluye una primera parte, que quedará de esta forma: «Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio".
Y continúa, en un segundo apartado: «Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».
Vox manifestó su rechazo a que se introduzca esta idea. «Esta reforma nunca podríamos apoyarla. Por supuesto por la forma, pero tampoco por el fondo», expresó la diputada Lourdes Méndez en su intervención durante el Pleno. La parlamentaria de Vox criticó las carencias que a su juicio presenta la proposición de ley, entre ellas, «la barbaridad de introducir la ideología de género y la discriminación por sexo» en el texto constitucional. «No es de recibo incluir la ideología de género contemplando una asistencia especial a la mujer simplemente por ser mujer. Podía existir una discriminación positiva en función del grado de discapacidad», defendió.
Este miércoles la Mesa del Senado acordó no admitir enmiendas a la reforma constitucional de este artículo. Se habían presentado concretamente tres, todas del Grupo Izquierda Confederal. Dos de ellas para incluir en la Carta Magna un senador propio para la isla de Formentera y otra para la «reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano». La semana pasada la Mesa del Congreso también inadmitió las enmiendas que no estaban relacionadas con el artículo 49, en este caso las presentadas por los grupos de Sumar y PNV.
Dado que se eligió el procedimiento de urgencia y lectura única, una vez dé el visto bueno la Cámara Alta en el Pleno de hoy la reforma quedará registrada en el BOE y entrará en vigor. Se trata de la tercera reforma que experimenta la Constitución desde que fue aprobada en 1978. La primera se produjo en 1992, para reformar el artículo 13.2 relativo al voto de los extranjeros, y la segunda en 2011, que modificó el artículo 135, para garantizar la estabilidad presupuestaria.
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