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05 de mayo de 2024

Fernando Galindo, letrado mayor de las Cortes Generales y secretario general del Congreso

El secretario general del Congreso y letrado mayor, Fernando GalindoEP

Marejada interna

Tres letrados más del Congreso renuncian y ya son nueve

Dos secretarios generales adjuntos y el director de la Oficina de Conflicto de Intereses también han abandonado sus puestos, aunque han sido rápidamente reubicados

Continúan los movimientos entre el cuerpo de letrados del Congreso. Unos, en desacuerdo con el secretario general de la Cámara Baja y letrado mayor, Fernando Galindo. Otros, por la reestructuración que él mismo está llevando a cabo.
A la renuncia del interventor de las Cortes y de otras cinco letradas con cargos de responsabilidad se han unido tres más en los últimos días. También han abandonados sus cargos el secretario general adjunto para Asuntos Parlamentarios, José Antonio Moreno Ara; la secretaria general adjunta para Asuntos Administrativos, Mercedes Araújo Díaz; y el director de la Oficina de Conflicto de Intereses, Pedro José Peña Jiménez. Los tres dependían directamente del letrado mayor en el organigrama.
Moreno Ara fue designado este martes director de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales, por unanimidad de la Mesa del Congreso. Araújo Díaz, secretaria general adjunta para Asuntos Parlamentarios. Y Peña Jiménez, director de Estudios, Análisis y Publicaciones
Antes que ellos ya habían abandonado sus puestos el interventor de las Cortes, el letrado Luis de la Peña Rodríguez; la directora de Comisiones, Blanca Hernández Oliver; la de Relaciones Institucionales, Helena Boyra Amposta; la directora de Asesoría Jurídica, Paloma Martínez Santa María; la de Recursos Humanos y Gobierno Interior, Mónica Moreno Fernández-Santa Cruz; y la Interventora del Congreso, Isabel Revuelta de Rojas.
El Debate informó el pasado jueves del ambiente en el cuerpo de letrados del Congreso, enrarecido desde el nombramiento de Fernando Galindo como letrado mayor, en noviembre. Llegado directamente desde la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial para dar cobertura legal a la proposición de ley orgánica de amnistía y que pudiera ser admitida por la Mesa del Congreso.
El malestar interno fue creciendo por la parcialidad de Galindo en sus decisiones y la distribución de letrados que hizo entre las comisiones parlamentarias. Y terminó por saltar por los aires con el informe que los tres letrados adscritos a la Comisión de Justicia emitieron sobre la ley de amnistía. En él cuestionaban su constitucionalidad y alertaban de que el procedimiento que habría debido seguir el PSOE es el de la reforma de la Carta Magna, no una proposición de ley de su grupo parlamentario.
Entre los trasladados hasta ahora se encuentra una de las firmantes de ese informe. Se trata de la hasta hace días interventora del Congreso, Isabel Revuelta de Rojas. Ella y algunos letrados más, como Paloma Martínez Santa María y Mónica Moreno Fernández-Santa Cruz, se han reubicado en el Senado. Allí se han puesto a las órdenes de la nueva letrada mayor, Sara Sieira Mucientes, que fue nombrada hace apenas dos semanas.
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