El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y la diputada de Junts, Miriam Nogueras
Subasta legislativa
Podemos y Junts apoyaron derogar el límite del PP a los plazos de instrucción porque dejaban «impune la corrupción»
La diputada Victoria Rosell, quien ha reactivado su candidatura al CGPJ si se renueva el órgano, fue la encargada de defender la posición opuesta a la que ahora ofrece el PSOE al prófugo catalán
La última oferta de Pedro Sánchez a Junts para salvar la amnistía ha vuelto a poner a los jueces españoles en el foco. El líder del PSOE se desmarcaba del bloqueo en las negociaciones con las que trata, contrarreloj, de conseguir que el texto de la norma salga adelante, proponiendo a los de Carles Puigdemont limitar por ley la duración de las instrucciones judiciales de las causas. Una medida especialmente concebida para poner fin a las pesquisas del magistrado Manuel García Castellón en la causa por terrorismo que se sigue contra el político catalán en la Audiencia Nacional.
Sin embargo, en 2020, Junts apoyó –junto con el resto de formaciones del arco parlamentario, excepto el PP que era quien lo había aprobado cinco años antes– derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que reducía el plazo para la instrucción de los procesos judiciales a 6 meses, en general, o a 18 si se trataba de investigaciones expresamente declaradas complejas. Los separatistas entendían entonces, paradójicamente, que cerrar la duración de las pesquisas había servido para favorecer la impunidad de algunos políticos imputados en causas de corrupción.
Durante el debate a la reforma liderada por Podemos, la mayoría de los grupos parlamentarios, entre ellos Junts, criticaron que el Partido Popular hubiese habilitado la existencia de prórrogas por tiempo muy reducido que son las que ahora están permitiendo a los instructores de la causa de Tsunami Democràtic y el caso Voloh continuar con las averiguaciones sobre la presunta responsabilidad de Puigdemont en sendos delitos de terrorismo y traición.
La diputada encargada de la defensa del proyecto de reforma, en 2020, fue la juez Victoria Rosell quien, recientemente, ha reactivado su candidatura como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando llegue a producirse su renovación. Rosell calificó la reforma del PP, que es exactamente lo que ahora ofrece Sánchez a Puigdemont, como una fórmula «fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes».
«La impunidad era y fue la consecuencia ineludible porque ese era el motivo de la ley», «la degradación de las instituciones en beneficio de los poderosos», señalaba la juez. Desde la izquierdista Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD) llegó a denominarse denominó a la reforma «ley de punto y final». Un escenario completamente opuesto al que se está produciendo de la mano del PSOE tras reanudar la subasta para convencer a Junts de que apruebe la ley de amnistía, tal y como salió de la Comisión de Justicia hace dos semanas, sin retoques.
Lo que hace un lustro era inadmisible hoy se convierte uno de los elementos de Sánchez para «subsanar algunas dudas» de Junts sobre la cobertura que tendrá la amnistía en el caso concreto de Puigdemont. El presidente del Gobierno lo ha planteado como una reforma «que se encardina en la eficiencia de la Justicia». Tendrá que enfrentarse, de nuevo, a la hemeroteca de Junts. La diputada del Grupo Mixto Miriam Nogueras señalaba en 2020 que «fijar límites» a nivel de investigaciones judiciales «tiene que ser siempre en beneficio de los ciudadanos». Una posición bastante alejada del borrado penal del procés que se cuece, en este caso, para favorecer únicamente al líder de su formación.
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