García Ortiz impone su voto para amparar al fiscal que modificó el informe sobre el terrorismo de Puigdemont

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho valer su voto de calidad como presidente del Consejo Fiscal para avalar, por seis votos contra seis, –y en contra del criterio de la mayoría de los miembros del Pleno, de la Asociación de Fiscales (AF)– el amparo al encargado de redactar el informe inicial del Ministerio Público sobre la implicación de Carles Puigdemont en los delitos de terrorismo que investiga la Audiencia Nacional, el fiscal Álvaro Redondo. Según ha podido confirmar EL DEBATE, en primicia, de fuentes próximas a la institución, Redondo dirigió hace unos días una carta al fiscal jefe de su Sección, Fidel Cadena, para solicitar un posicionamiento institucional ante las duras críticas recibidas por haber cambiado el enfoque de su dictamen jurídico en la causa de Tsunami Democrátic, tras haber despachado el asunto con el propio García Ortiz.

Cadena, consciente de que no está entra las competencias de la Junta de fiscales del Supremo activar este tipo de mecanismos, remitía la petición a la Fiscalía General del Estado desde donde, apenas unas horas antes de la cita de esta mañana, se incluía la cuestión sobre Redondo en el orden del día para su deliberación.

La división en el seno del Consejo ha sido máxima: mientras los seis consejeros de la Asociación de Fiscales (AF) negaban la necesidad del amparo ante ciertas publicaciones periodísticas que encajan en el ejercicio de la «libertad de expresión e información»; los tres miembros no natos del cónclave –García Ortiz, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, la inspectora fiscal– junto con los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), afín al Gobierno, y el representante de la APIF, apuntaban a la necesidad de proteger a los miembros de la Carrera ante este tipo de situaciones.

Un empate técnico que el fiscal general deshacía recurriendo a su voto como presidente y que, a juicio de algunas fuentes consultadas por este diario, tan sólo responde a un «intento por blanquear su intervención«, en el polémico asunto de TD, »comprometiendo el cambio de criterio del fiscal ponente" y en contra de la posición de hasta cinco magistrados distintos y un total de trece miembros del Ministerio Público.

Un claro intento de «blanqueamiento»

La posición y la «agilidad» con la que el titular del Ministerio Público ha resuelto el auxilio al fiscal Redondo contrasta con el criterio mantenido en otros casos recientes. No en vano, García Ortiz soslayó cualquier defensa abierta e inmediata a los magistrados y fiscales de nuestro país que fueron objeto de todo tipo de señalamientos y acusaciones de prevaricación por parte del independentismo y de la izquierda política, tras conocerse el contenido de la Proposición de Ley de Amnistía que el PSOE registró para obtener el ‘sí’ de los separatistas de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, que reconocía el lawfare o guerra judicial.

Entre ellos, los encargados de la causa especial del procés –Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza– quienes solicitaron en una carta conjunta, y posteriormente bajo el paraguas de los fiscales de Sala del Supremo, el amparo del titular del Ministerio Público, que éste se resistió a prestar en varias ocasiones hasta que, finalmente, accedió en una nota de carácter general.

Cabe recordar que, el sucesor de Dolores Delgado, declarado «inidóneo» por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para renovar en su cargo, durante un segundo mandato –tras quedar sentenciado por la Sala Tercera del Supremo que incurrió en una «desviación de poder» para ascender a su mentora y amiga a la primera categoría en el escalafón de la Fiscalía– utilizó todo tipo de derivadas para evitar un pronunciamiento contundente contra los miembros del Gobierno, algunos de ellos ministros, o sus socios de Junts por sus declaraciones contra los jueces y fiscales encargados de enjuiciar el procés y a sus cabecillas.

Según ha podido adelantar EL DEBATE, García Ortiz sí ha impuesto su criterio para respaldar al fiscal Redondo, en el cónclave del CF celebrado este miércoles por primera vez, desde que el documento finalmente confeccionado por su número dos en el Ministerio Público, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, para informar al Supremo sobre la posición de la Fiscalía en la causa de Tsunami Democrátic recibiese un sonoro varapalo de la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal.

La Sección de admisiones del TS decretó, por unanimidad, la concurrencia de pruebas más que suficientes para asumir las pesquisas contra el ex presidente catalán y prófugo en Waterloo, Carles Puigdemont, como instaba la exposición motivada que elevó el magistrado instructor García Castellón. Un nuevo revés para el fiscal general del Estado que, cada vez más, ve comprometida su credibilidad y continuidad en el cargo.