El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz,
Justicia
García Ortiz silencia el debate contra la amnistía en el último Pleno ordinario del año del Consejo Fiscal
El fiscal general del Estado se ha limitado a incorporar el «análisis» de la solicitud de amparo de los cuatro fiscales del procés
El último Pleno ordinario del Consejo Fiscal del 2023 tendrá lugar el próximo miércoles, día 20 de diciembre, bajo la batuta del recién renovado en su cargo, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, el orden del día confeccionado por el titular del Ministerio Público no incluye ninguna referencia a la ley de amnistía en curso, tal y como solicitaron formalmente, hasta en dos ocasiones, un total de seis vocales electos de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) pese a que el mínimo legal exigido para ello es de tan sólo cuatro miembros.
El mismo fiscal general que se negó a pronunciarse sobre la norma que permitirá el borrado penal del procés, pero hace unos días se dirigía en una instrucción a la Fiscalía de Barcelona y a la Audiencia Nacional para recabar toda la información disponible sobre las causas pasadas o presentes que pudiesen ser susceptibles de beneficiarse de la medida, ha silenciado cualquier debate sobre la Proposición legal. Y ello, pese a que la «prerrogativa corresponde al Consejo Fiscal (CF) como órgano» y no a la figura de su máximo responsable, como en otros casos en los que la decisión «sí es discrecional».
Así las cosas, «no es la primera vez» que García Ortiz hurta a los miembros del CF la posibilidad de hacer uso de sus competencias colegiadas para evitar un tema incómodo. Al menos, de manera reciente, también «incurrió en la misma posición» al negar al Pleno del órgano colegiado la posibilidad de deliberar y votar sobre la «presunta situación de incompatibilidad en la que incurre Dolores Delgado para el cargo de Memoria Democrática» por la profesión de su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón reconvertido a abogado especialista en Derechos Humanos.
En el orden del día previsto para el próximo 20 de diciembre en la sede de la Fiscalía, en la madrileña calle de Fortuny, García Ortiz ha previsto la presentación del Plan de Inspección para el próximo año, el informe sobre la modificación que afectará al «sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia», el Plan de Igualdad. Y, el «análisis de la solicitud formulada» por los vocales de la AF «a la que se adhiere el vocal de la APIF» para aprobar, en su caso, «el expreso amparo, reconocimiento y respaldo del Consejo Fiscal a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado procés, realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política».
Lo cierto es que la petición que, hasta en dos ocasiones, han formulado dichos vocales se refería a un pronunciamiento sobre la ley de amnistía que tanto incomoda a la Carrera Fiscal, no sólo por las implicaciones formales que tendrá sobre los delitos ya condenados o pendientes de hacerlo para algunos de los miembros del Govern catalán de Carles Puigdemont sino, además, porque está permitiendo a separatistas, y a la izquierda política en general, señalar a los fiscales que participaron, en defensa de la legalidad vigente en los procedimientos vinculados al procés, al amparo del denominado lawfare.
Sobre estos últimos aspectos tampoco ha incluido referencia alguna García Ortiz en la cita ordinaria del Consejo Fiscal del próximo miércoles. Y ello pese a que, hasta la fecha, y tras los comunicados emitidos tanto por los presidentes del CGPJ y Supremo, como por el Pleno unánime del Constitucional en defensa de los magistrados señalados por la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el Congreso, la única institución que no se ha pronunciado para condenar lo ocurrido es la Fiscalía General del Estado.
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