El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, presidido por Vicente Guilarte
Justicia
El ala izquierdista del CGPJ usa la vacante del director de la Escuela Judicial para forzar al PP a renovar
Los miembros del Consejo más afines al Gobierno tratan de ofrecer la imagen de un órgano en descomposición en lo que, en el fondo, se trata de resolver una situación prolongada e irregular
La renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue siendo motivo de enfrentamiento en el propio seno del órgano, prorrogado en sus funciones, desde 2018. Pese a la mediación del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, que dejará su cargo en los proximos días, y el reciente informe de la red comunitaria de Consejos que urgía a resolver la situación en nuestro país, con un cambio de los miembros del Pleno simultáneo a la reforma en el modelo de elección de sus miembros, como plantea el Partido Popular, la situación sigue encallada.
Por ello, una anomalía prolongada en el tiempo, como la sustitución del director de la Escuela Judicial, que se ha precipitado en los últimos días, ha servido al bloque del CGPJ más afín al Gobierno para lanzar una imagen de crisis irremediable en el seno del órgano y tratar, una vez más, de que los populares se pliegen al cambio en la composición institucional, pendiente desde 2018, sin un compromiso de los socialistas por despolitizar el actual sistema de designación de los vocales.
Así las cosas, el ala izquierdista del Consejo ha conseguido plantear una «falsa disyuntiva» sobre la necesidad «de elegir entre dos candidatas para cubrir las funciones de dirección de la Escuela», a lo que ha accedido el presidente interino de la institución, Vicente Guilarte, pese a que la «unica fórmula legal prevista, en ausencia de una elección ordinaria de candidatos» -bloqueada por la parálisis en los nombramientos del CGPJ- es la sustitución de la vacante por uno de los dos Jefes de Servicio.
Y, en la actualidad, «sólo queda una de ellos», la letrada María Jesús Millán, dado que su 'binomio' es, precisamente, el «último en salir de un puesto» que, nunca ocupó formal ni plenamente, «fue un encargo temporal», en 2018, ya que, desde hace un tiempo «había excedido el máximo previsto de diez años para continuar en la condición de letrado que se exige para poder optar al cargo», apuntan a El Debate fuentes conocedoras del caso.
«La designación de D. Jorge se hizo atendiendo a su condición de Director del Servicio de Formación Inicial, como literalmente se indica en el Acuerdo» y el «mientras se encuentre vacante el citado puesto», «presupone que el designado mantiene la condición de letrado, y conlleva como consecuencia práctica que cesará cuando se produzca la vacante salvo que antes tenga que cesar como letrado por dejar de reunir las condiciones legales exigidas para ello», reza un escrito registrado el pasado 4 de marzo por un total de cinco vocales del bloque profesional del Consejo.
«Pretender que esa mención conlleva que no puede cesar hasta que se produzca la vacante», incluso aún «cuando el designado pierda la aptitud legal para poder ejercer el cargo, es sencillamente aberrante», añadía el documento.
«En primer lugar porque semejante afirmación groseramente ilegal no se contiene (ni se podía contener)» en el Acuerdo del CGPJ de hace cinco años, «cuando nadie preveía la situación de prórroga actual», donde no pueden «considerarse implícitas condiciones groseramente ilegales no expresadas en su texto que, de haberse incluido, situarían el acto mucho más allá de la irregularidad administrativa».
Y, en segundo lugar «porque aceptar esa interpretación supone, en definitiva, que entre las posibles interpretaciones del Acuerdo se abandonaría la interpretación literal, lógica y legítima (que las funciones se ejercerían mediante el período de vacancia mientras el designado mantuviera las condiciones legales que lo hacían posible) para, con un voluntarismo desmedido, acoger una interpretación no sólo ilegal sino, se insiste, aberrante, que hace decir al Acuerdo lo que no expresa en su texto», denunciaron los vocales firmantes.
Pese a las razones anteriores, la iniciativa al presidente interino Guilarte a convocar un Pleno extraordinario para dar solución a la «anomalía», «de acuerdo con las previsiones de la LOPJ y del Reglamento de Escuela Judicial» no surtió efecto. Un escenario que, ahora, se «vende como la dimisión de un director que no es tal y la necesaria y sana competencia entre dos candidatas al puesto vacío que tampoco», apuntan las mismas fuentes jurídicas consultadas.
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