El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados
Partido Popular
El PP exige con una iniciativa en el Congreso que Sánchez y sus socios «cesen con el acoso» a los jueces
Los 'populares' argumentan que «los ataques a la independencia judicial y la separación de poderes están a la orden del día»
El PSOE admitió en septiembre del año pasado –en su pacto con Junts para la investidura de Pedro Sánchez– que en España existe el lawfare, término anglosajón que se traduce como «guerra jurídica», o «judicialización de la política». Desde entonces, el Ejecutivo y sus socios 'Frankenstein' han arremetido en numerosas ocasiones contra distintos miembros de la carreja judicial, e incluso les han acusado de «prevaricación».
En enero la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, expresó en referencia al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso de Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, que «hay algunas personas en el Poder Judicial con querencia a pronunciarse en una sola dirección», acusándolo, en consecuencia, de lawfare. Por su parte, el dirigente de Sumar y miembro de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, afirmó en sede parlamentaria que este magistrado «merece ser acusado de prevaricación o directamente ser recusado en esta causa».
Sin ir más lejos, esta misma semana –el pasado 10 de abril– la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, aseguró durante un Pleno parlamentario que en España hay «jueces que están prevaricando», que «hacen un mal uso del Estado de Derecho», y que se «exceden claramente en sus funciones».
Así las cosas, el PP ha presentado una Proposición No de Ley en la Comisión Constitucional del Congreso –a la que ha tenido acceso El Debate– «relativa al respeto a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial». La iniciativa parlamentaria, firmada por los dirigentes del partido Miguel Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo, solicita que el Congreso inste al Gobierno «a exigir el cese inmediato de la campaña de acoso, ofensas y señalamientos a jueces y magistrados, tanto por determinados miembros del propio Ejecutivo como por representantes de los partidos separatistas».
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo
La formación presidida por Alberto Núñez Feijóo sostiene que «algo tan obvio e interiorizado hace décadas en la sociedad democrática española» como el respeto a las decisiones judiciales «está siendo quebrantado por quienes tienen la obligación de ser ejemplares en sus conductas y en sus declaraciones: el Gobierno y los grupos parlamentarios que le apoyan».
Además, el documento del PP resalta que «el presidente del Consejo General del Poder Judicial» ha «calificado» de «inadmisibles esos señalamientos», y que «en estos meses han sido varios los comunicados emitidos por el órgano de los jueves advirtiendo de la gravedad de la situación». «Los ataques a la independencia judicial y la separación de poderes están a la orden del día. A esto se añade la inconstitucional y antieuropea proposición de Ley», agregan.
Respecto a la polémica medida de gracia, el escrito reseña que «la ley ha provocado una 'virulenta división política, institucional y social', como bien subraya en su informe la Comisión de Venecia, y un rechazo masivo en ámbitos directamente relaciones con la Justicia». De esta manera, la formación que ganó las últimas elecciones generales indica que «es imprescindible, pues, que el Gobierno desista con sus bulos sobre los falsos pronunciamientos favorables de las instituciones europeas y que cese de inmediato en su campaña de acoso a los jueces que instruyen causas relacionas con sus socios separatistas y que deje de poner bajo sospecha la imparcialidad del sistema judicial al completo».
Igualmente, en la iniciativa parlamentaria se pide que el Congreso inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a «cesar en sus actuaciones y declaraciones que socavan el principio de separación de poderes», y a «retirar la proposición de ley de amnistía, por inconstitucional y por ser incompatible con los principios y valores del Estado de derecho».
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