Teresa Ribera, durante una entrevista en La Hora de la 1
Teresa Ribera acusa a García-Castellón de lawfare y Moncloa suaviza el ataque
La ministra de Transición Ecológica ha arremetido contra el poder judicial un día después de que García-Castellón se reafirmase ante la Fiscalía sobre la necesidad de investigar a Puigdemont por terrorismo
El ministro Puente se suma a las críticas de Ribera mientras Robles defiende la independencia judicial
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha seguido la estela de Sánchez y ha cargado contra el poder judicial español, al que acusa de estar politizado y sesgado.
Durante una entrevista en La Hora de la 1, la socialista ha arremetido contra el juez García-Castellón, quien ayer reafirmó su postura ante la Fiscalía sobre la necesidad de investigar a Puigdemont por terrorismo.
Tras ser preguntada sobre esta cuestión en la televisión pública, Ribera ha aseverado que «hay algunas personas en el poder judicial con querencia a pronunciarse en una sola dirección», aludiendo de esta manera al controvertido concepto de lawfare, es decir, la politización de la Justicia.
Asimismo, la titular de Transición Ecológica ha descargado todo su arsenal hacia García-Castellón, y ha afirmado de forma irónica que el juez «tiene mucho acierto en la sensibilidad del momento en el que hace sus comentarios».
El magistrado Manuel García Castellón a su llegada a la Audiencia Nacional
Ribera se ha reafirmado en su posición ante la perplejidad de los presentadores hacia sus declaraciones y ha añadido que García-Castellón «nos tiene acostumbrados a que siempre se incline hacia esta misma dirección y que tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles».
Sobre la amnistía, Teresa Ribera se ha mostrado tibia en sus respuestas, y ha asegurado que «hoy no hablamos de declaraciones unilaterales de independencia» mientras que sostenía que las advertencias de los letrados del Congreso «no afirman una franca oposición a la Constitución».
Moncloa suaviza el ataque
El Gobierno se desmarca ahora de las declaraciones de la ministras y afirma que «por supuesto» respetará la decisión final que adopte la Audiencia Nacional sobre el caso 'Tsunami', que investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont por un posible delito de terrorismo.
Según indican fuentes gubernamentales, el Ejecutivo demuestra con su actuación su respeto institucional al poder judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor. Afirman además que el Gobierno respeta «siempre» las decisiones judiciales «aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas».
«En el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el Fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional. Ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales y el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte», señalan.
El Gobierno, contra el poder judicial
Pedro Sánchez, el pasado diciembre, tachó de lawfare a los jueces del CGPJ, mientras su Ejecutivo ha posicionado a dedo varios altos cargo de la Justicia española. «En España no hay un problema de división o separación de poderes, sino que el problema es que el principal partido de la oposición tiene capturado al poder judicial», afirmó el líder socialista en referencia al Partido Popular.
El presidente sostuvo que «no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al poder judicial», después de que el Gobierno de Sánchez haya situado a exministros de su partido al frente de grandes instituciones del poder judicial español, como es el caso del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y el posicionamiento a dedo de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional.
Puente, con Ribera. Robles, no
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, ha respaldado este viernes las manifestaciones de la vicepresidenta tercera. Desde Valladolid, el ministro ha rechazado que las palabras de Ribera supongan un ataque al poder judicial o una velada acusación de prevaricación hacia el juez del caso Tsunami.
«Nosotros, tanto el Gobierno como el PSOE, tenemos mucho respeto por el poder judicial y sus decisiones», y ello a pesar de «determinadas decisiones temporales que llaman la atención», ha apuntado Óscar Puente, quien ha reiterado coincidir con el parecer de Ribera en cuanto a esas «coincidencias temporales pues en este último caso se trata de hechos de 2019 y llama la atención que cada vez que hay un debate público sobre estos temas se produzca una resolución del juez».
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado que no conoce exactamente las declaraciones de la ministra Teresa Ribera sobre el juez García Castellón, pero ha afirmado que «los jueces españoles actúan siempre con arreglo a derecho, sometidos al imperio de la ley, son independientes y realizan un gran trabajo».
«Puede ser que a veces no se compartan las decisiones de los jueces, pero para eso está el sistema de los recursos, pero desde luego a mí me van a encontrar siempre, por convicción, apoyando a los jueces españoles, apoyando la independencia de los jueces españoles que actúan siempre cumpliendo la legalidad», ha añadido en declaraciones a los periodistas.
Robles ha añadido en este sentido que eso «no quiere decir que tengamos que compartir todas las decisiones de los jueces, eso es normal en el ámbito judicial, que para eso están los recursos, cuando una decisión judicial no se comparte se recurre». «Pero en todo caso, respeto total y absoluto a los jueces españoles que realizan un gran trabajo», ha concluido.
La dureza de Aragonés
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado por su parte este viernes al juez Manuel García-Castellón de estar «alineado» totalmente «con las tesis del PP y Vox» y de tener «una obsesión con el independentismo catalán».
En declaraciones a la prensa tras realizar una visita institucional a l'Espluga Calba (Lleida), Aragonès ha denunciado «el uso de la justicia por parte de determinadas opciones políticas contra la libertad de expresión y contra la libertad de manifestación».
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