Imagen de archivo del juez Manuel García-Castellón
Lawfare
El CGPJ 'congela' el amparo al juez García Castellón hasta que el Supremo decida sobre Tsunami
La Comisión Permanente del máximo órgano de los jueces ha decidido dejar en suspenso la protección solicitada por el magistrado, tras los ataques recibidos de los socios separatistas del Gobierno
Ni si, ni no. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargada de decidir sobre el amparo solicitado por el juez Manuel García-Castellón -por los graves ataques recibidos desde la izquierda y las formaciones separatistas que sostienen al Gobierno- ha decidido dejar en suspenso su decisión, hasta que el Supremo determine si el magistrado de la Audiencia Nacional debe seguir al frente de la investigación de la causa de Tsunami Democràtic.
De esta manera, el Consejo adopta una posición de espera hasta que la Sala Segunda del Alto Tribunal determine si asume la competencia para instruir el caso, en cuyo caso «la petición quedaría archivada porque perdería sentido» si, por el contrario, «determina que el juez debe seguir al frente» de las pesquisas, que sería cuando la Comisión Permanente «se pronunciaría» de forma explícita, confirman a El Debate fuentes próximas al CGPJ.
Un criterio que no convence a todos los miembros del máximo órgano de los jueces ya que, según apuntan esas mismas fuentes, «con independencia de lo que decida el Supremo y durante el tiempo que tarde en tomar la decisión», el magistrado «sigue siendo el responsable de la causa» y, por lo tanto, «el amparo cumple con todos los presupuestos para ser otorgado».
Cabe recordar, además, que a principios de esta misma semana, la magistrada de la Sala Penal de la Audiencia Nacional Carolina Rius rechazaba el último intento de un imputado de Junts en el caso Tsunami para apartar a García-Castellón. Y es que el instructor se ha convertido en una pieza muy incómoda para las aspiraciones de los separatistas ya que su acusación inicial, por presunto delito de terrorismo, complica la amnistía de la veintena de investigados entre los que se encuentran los prófugos Marta Rovira (ERC) y el propio Carles Puigdemont.
El pasado mes de noviembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional instaba una solicitud formal de amparo tras las declaraciones del entonces secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, en las que el socialista apuntó a una posible prevaricación del juez instructor del caso Tsunami Democràtic, tras imputar al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la número dos de Oriol Junqueras, por terrorismo.
Al señalamiento se sumaron, también, la portavoz del Govern catalán y el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, en el marco de la ’guerra judicial’ o lawfare contenido en los acuerdos de Pedro Sánchez con Junts para su investidura.
El mismo criterio con el juez De Prada
En la decisión del CGPJ de ‘congelar’ la protección al juez García-Castellón, la Comisión Permanente ha «buscado encajar el mismo argumento utilizado, hace unos días, para descartar el amparo pedido por el también juez José Ricardo de Prada» tras sentirse «perturbado» ante las acusaciones de lawfare realizadas contra él, por el senador del PP José Antonio Monago, quien más tarde retiró lo afirmado, el pasado mes de diciembre.
La Comisión Permanente consideró, sin embargo, que «dado que las iniciales palabras del senador Monago venían referidas a una actuación jurisdiccional específica acontecida en el pasado, en relación con un proceso judicial ya fenecido ('Gürtel Pieza Época I'), dichas manifestaciones no tienen capacidad alguna de perturbar el ejercicio de la función jurisdiccional del solicitante de amparo impidiéndole la libre capacidad de resolución conforme a derecho».
Un razonamiento que subyace, también, en la posición que la Comisión Permanente ha adoptado respecto del magistrado García Castellón, ya que «la protección a los jueces no es en genérico y en abstracto, sino en el supuesto de que hayan recibido presiones, amenazas o cualquier otro tipo de actuaciones con las que puedan sentirse condicionados o cuestionados para tomar decisiones concretas en causas concretas», han explicado las fuentes consultadas por El Debate.
Una «equidistancia» que no ha convencido a todos en el seno del CGPJ por cuanto «mientras el Supremo no diga lo contrario, García Castellón sigue siendo el juez del caso por el que ha sido señalado y agraviado».
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