La etarra 'Anboto' declarará ante García Castellón por su papel en el asesinato de Miguel Ángel Blanco
Francia incluyó hace unos días este caso entre los motivos por los que entregó la etarra a España
El juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta responsabilidad de la cúpula de ETA en el secuestro y asesinato en 1997 del joven concejal del PP en el municipio vizcaíno de Ermua Miguel Ángel Blanco tomará declaración como investigada el próximo viernes a la exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'.
Esta citación llega después de que Francia autorizase este mismo mes la entrega de la que fuera jefa de ETA para poder ser interrogada y en su caso procesada por estos hechos. Fue en 2023 cuando el juez emitió una Orden Europea de Detención (OED) al país galo para recabar su consentimiento para el procesamiento de 'Anboto'.
Iparraguirre se negó a declarar en julio de 2022 ante García Castellón acogiéndose al principio de especialidad y recordando que fue entregada por Francia por hechos distintos a los que se investigan en esta causa. Ahora este caso ya está incluido, por lo que ya no tiene excusa para no declarar.
A iniciativa de Dignidad y Justicia
Fue en marzo de 2022 cuando el juez acordó reabrir el caso, admitiendo a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia que busca depurar responsabilidad más allá de los autores materiales del crimen.
Así, el magistrado trata de esclarecer la presunta participación de la entonces cúpula de ETA, concretamente de la propia 'Anboto', de José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri'; Ignacio Miguel Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'; y Miguel Albisu, 'Mikel Antza'.
Precisamente, el magistrado también se encuentra pendiente de tomar declaración a 'Kantauri' y a 'Iñaki de Rentería'.
La Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al ex dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia', como autores materiales.
Ahora lo que busca con este y otros procesos judiciales es dilucidar quién dio la orden de asesinato y, al menos, pudiendo hacerlo, no impidieron que se cometiera el crimen.
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