Álvaro García Ortiz e Isabel Díaz Ayuso
Tribunales
La Fiscalía queda en evidencia tras filtrar la investigación tributaria al novio de Ayuso que avanza hacia su archivo judicial
Hacienda ha solicitado a la Tesorería que devuelva 500.000 euros a la pareja de la presidenta madrileña. Si la Fiscalía «no archiva será únicamente por razones políticas», afirman fuentes próximas a la causa
Dos días después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reconociese como propia la «responsabilidad» institucional «última» de la polémica nota de prensa que la Fiscalía de Madrid emitió con datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, el Ministerio Público ha recibido un nuevo revés. Como ya avanzaba, en una de sus primeras comparecencias para dar cuenta del caso, la propia Díaz Ayuso, la Agencia Tributaria ha solicitado a la Tesorería del Estado que devuelva un total de 500.000 euros a su pareja, el empresario Alberto González. Un dato que deja, cada vez más, en evidencia cómo la publicación del inédito comunicado de la Fiscalía podría formar parte de una «cacería política» en palabras de la presidenta madrileña, tras conocerse la noticia.
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El escenario no puede ser más desfavorable al Ministerio Fiscal. Por una parte, la nota oficial que emitió desde la Provincial de Madrid apuntaba a unos hechos que, así las cosas, se aproximan al archivo judicial de las diligencias practicadas por el fiscal Julián Salto, por un presunto delito tributario, que ahora arrojan un saldo positivo de 200.000 euros a favor de Alberto González.
Y, por otra parte, en la querella presentada por González por revelación de secretos contra Salto, instructor de su causa, y contra la fiscal jefe del Ministerio Público en la provincia de Madrid, Pilar Rodríguez, se complica el archivo automático que trató de imponer la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde a los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), María de la O Silva y Carlos Ruiz Alegría, partidarios de indagar e identificar al responsable de la orden inicial de divulgar los datos protegidos.
Un pacto legal que retrata a la Fiscalía
Cabe recordar que el escándalo mediático contra el novio de Díaz Ayuso saltaba, tras filtrarse a varios medios de comunicación, que estaba siendo investigado por la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, por una presunta discrepancia tributaria que, en caso de acogerse al pacto de conformidad, quedaría resumida en el pago de 340.000 euros por parte de González.
Ahora, una vez que la Agencia Tributaria (AEAT) ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a la pareja de la presidenta madrileña; el saldo final del caso resultaría en 200.000 euros a favor de este último. Un escenario en el que la última palabra la tendrá la Fiscalía que, así las cosas, puede anular el juicio si se adviene al acuerdo planteado por la defensa del empresario, que es «perfectamente legal» y que se encontraba en plena negociación, cuando se produjo la filtración sobre el contenido de los e-mails intercambiados entre el abogado y el fiscal del caso.
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En este punto, desde la Comunidad de Madrid están convencidos de que si la Fiscalía se niega a aceptarlo «será por causas políticas, no técnicas». No en vano, «la misma sociedad» mercantil de Alberto González que la AEAT consideró que era «pantalla/interpuesta», para las operaciones comerciales investigadas, «ahora se reconoce que no lo era». «Ya es cada vez más evidente, con pruebas, que hemos asistido a una cacería política y que la presidenta nunca mintió», esgrimen desde el entorno de Díaz Ayuso.
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