Álvaro García Ortiz y Ángeles Sánchez Conde, el día de la toma de posesión de ésta
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La fiscal se planta ante la 'dos' de García Ortiz y activa la Junta de fiscales para no archivar el caso de las filtraciones contra el novio de Ayuso
María de la O Silva ha presentado un escrito en la Fiscalía General instando el artículo 27 del Estatuto que le permite no seguir las instrucciones, escritas, de la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde
Las cosas se complican en el seno de la Fiscalía tras la negativa de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a cumplir la orden de la número dos del Ministerio Público, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, para instar el archivo de la querella presentada por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el caso de las filtraciones de la Fiscalía Provincial sobre su investigación tributaria. Como avanzó la semana pasada EL DEBATE en primicia, los fiscales encargados del caso se han negado formalmente a cumplir con las instrucciones de Sánchez Conde, en un escrito remitido, esta misma mañana.
Las «presiones» recibidas desde la cúpula de la Carrera para «imponer un criterio» de cerrojazo, con el que discrepan los fiscales designados para el procedimiento, sin practicar pesquisas, suscitaron una agria polémica, una más, en el seno de la Fiscalía. Un escenario que ha llevado a María de la O Silva, con la conformidad de su supervisor directo Carlos Ruiz Alegría, a activar el artículo 27 del Estatuto Orgánico (EOMF) lo que les permitirá incumplir las instrucciones recibidas por escrito, tal y como solicitaron, al considerarlas «contraria a las leyes» o estimarlas «improcedentes».
Así las cosas, como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se abstuvo en este asunto, tras reconocer que la «responsabilidad última» institucional, en la nota emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid, ha sido la propia Sánchez Conde la encargada de activar a la Junta de Fiscales de Sala del Supremo el próximo miércoles, a las 09.00 horas, para que ésta decida cuál de las dos posturas enfrentadas debe trasladarse, formal y finalmente, al presidente del órgano jurisdiccional competente, el magistrado Célso Rodríguez.
En el fondo del caso, una pregunta clave que podría cambiar el escenario actual de las cosas y complicar, judicialmente, el futuro profesional del cuestionado fiscal general del Estado: «¿De quién partió la orden para emitir la nota de prensa con la que la Fiscalía de Madrid trató de demostrar que las filtraciones publicadas por la prensa eran ciertas?». Por el momento, García Ortiz ha reconocido su «responsabilidad última» en dicho comunicado, como titular del Ministerio Público de acuerdo con su deber de estar informado, «pero nada se sabe sobre si él dio, también, la primera como se ha divulgado», planteaban ya hace unos días varios fiscales consultados por El Debate.
De ahí el actual conflicto, a cuenta el enfoque estratégico, entre Silva y Ruiz Alegría con la teniente fiscal Sánchez Conde. Mientras los primeros «entienden que hay que hacer algunas indagaciones y recabar los mensajes y correos electrónicos que puedan exculpar de cualquier responsabilidad a sus compañeros», la número dos de la Fiscalía General aspira a que se «neutralice» la querella del novio de Ayuso, como ya se ha propuesto desde la Fiscalía Provincial para la querella similar planteada en Madrid, sobre los mismos hechos, por el Colegio de la Abogacía (ICAM).
La intervención de la Junta de Fiscales del Supremo no será, sin embargo, una balsa de aceite para los fiscales al frente del caso ya que la mayoría de la misma está «plagada» con miembros de la Unión Profesional de Fiscales (UPF) que, durante los últimos tiempos, han sido nombrados tanto por García Ortiz como por su predecesora en el cargo, Dolores Delgado. Así las cosas, fuentes fiscales confirman a El Debate la importancia que tendrán los «previsibles» votos discrepantes para allanar el camino a posibles pesquisas judiciales, al margen de la posición definitiva del Ministerio Público aunque, por el momento, ninguno de los miembros del Pleno ha recibido la documentación necesaria para formar su criterio.
Y es que, ajeno a las fuertes diferencias existentes en el seno de la Fiscalía «nada impide, en este momento procesal, que el presidente del Tribunal Superior de Madrid», el magistrado Celso Rodríguez, «tome declaración a los dos querellados»: la Fiscal Jefe Provincial, Pilar Rodríguez, y el fiscal encargado de las diligencias penales contra la pareja de Díaz Ayuso, Julián Salto.
Una citación que «le serviría para averiguar si hay elementos delictivos en las respectivas actuaciones de ambos» o si, «por el contrario, y como parece que hay prisa por evitar, todo apunta a otro u otros responsables», señalan fuentes judiciales. En todo caso, de producirse, seste escenario «debería darse una vez recibido el informe oficial» del Ministerio Público.
De hecho, no es un detalle menor que «la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, decidiese abstenerse en todo lo que concierne a la emisión de informes» y a intervenir en la posición de su Departamento en este asunto tan complejo y delicado. La propia Lastra se negó a cumplir las indicaciones que, como publicó este diario en exclusiva, le habrían llegado directamente del fiscal general, vía Whatsapp, para que asumiese el contenido de la polémica nota que, al final, terminó circulando su compañera de la Fiscalía Provincial.
Cabe recordar que una condena por el delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 417 del Código Penal, y recogido en la querella de la pareja de Díaz Ayuso, «supone asumir no sólo una pena de multa sino la inhabilitación accesoria para el ejercicio de empleo o cargo público lo que, en la práctica, para los fiscales, si fuesen condenados , supondría su expulsión inmediata de la Carrera», advierten los expertos. Un motivo de peso para que, ante el juez, cuenten todo lo que saben y aporten todas las órdenes recibidas por escrito en el procedimiento.
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