El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz tras tomar posesión de su cargo en el Supremo
Tribunales
García Ortiz pide apartar a los cuatro magistrados del Supremo que decidirán sobre su continuidad en el cargo
El fiscal general del Estado considera que al tratarse de los mismos que ya se pronunciaron sobre su «desviación de poder» en el ascenso de Dolores Delgado, podrían tener conformado un juicio previo sobre su caso
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recusado a cuatro de los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo que tendrá que decidir sobre el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que pide anular su renovación en el cargo. Según ha podido saber El Debate, de fuentes próximas a la causa, García Ortiz entiende que los jueces cuestionados no pueden intervenir en este nuevo procedimiento administrativo ya que fueron los mismos que, en su día, lo señalaron por incurrir en una «desviación de poder» en el ascenso de Dolores Delgado a la primera categoría de fiscal de Sala.
Así las cosas, una vez registrado el escrito remitido por el fiscal general al Alto Tribunal, se dará traslado a las demás partes para que informen, entre ellas la entidad recurrente y los propios magistrados recusado que pueden pronunciarse sobre si consideran que podrían estar afectados por un condicionamiento previo que les impida pronunciarse de manera objetiva sobre el caso. Con todas las conclusiones, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) será el presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, junto con los presidentes de cada una de las Sala del Supremo y dos magistrados de cada una de ellas, el más antiguo y más moderno, los que decidan si se estima o no la petición del titular del Ministerio Público.
Si la Sala da la razón a García Ortiz, los magistrados quedarán apartados del procedimiento y serán otros magistrados de otra Secciónde la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo los que asuman el encargo. En caso contrario, se mantendrá a los mismos jueces con imposición de costas al fiscal general e, incluso, si se demuestra que la recusación fue planteada «de mala fe», podría desprenderse, además, una pena de multa.
La petición del García Ortiz se ha conocido un día después del doble varapalo recibido por el titular del Ministerio Público por parte del propio Supremo que, este martes, anuló su designación de Dolores Delgado como candidata a la plaza de fiscal de Memoria Democrática; y, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que, en contra del criterio impuesto por su número dos, decidía admitir a trámite la querella presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso contra los fiscales que, presuntamente, filtraron sus datos personales, contenidos en una investigación tributaria, en un comunicado institucional.
Se enfrenta a ser apartado
Cabe recordar que, así las cosas, el Gobierno de Pedro Sánchez confirmaba la reelección de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, tras un polémico primer mandato, y apenas unos días después de que se conociese la sentencia del Supremo que anuló el primer ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría del escalafón del Ministerio Público, gracias a una polémica decisión de su sucesor en el cargo. Varias semanas después de conocerse dicha resolución del Ejecutivo -el Decreto 1182/2023, de 27 de diciembre, de renovación del nombramiento de García Ortiz como máximo responsable de la Carrera- y tras anunciar que la recurriría, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) formulaba la correspondiente demanda, ante la Sala Tercera del Alto Tribunal.
Según confirmaron fuentes judiciales a El Debate, que adelantó la noticia, el fundamento de la demanda radica en la «falta de idoneidad» de García Ortíz para el desempeño del cargo de fiscal general, por la «reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos, omisiones graves en el desempeño de las obligaciones derivadas del cargo» y fruto de la «línea abiertamente progubernamental» acreditada «en el ejercicio de sus funciones».
Para la APIF, la máxima expresión de los desaciertos de García Ortiz fue la condena en el Supremo relativa a uno de los «nombramientos más polémicos que realizó y supuso la anulación del mismo por haber incurrido el Fiscal General en desviación de poder». Se refiere a la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala Togada de lo Militar. Una polémica a la que, ahora, además, se suman varios nuevos escándalos que podrían ser, en todo caso, ampliados por la entidad recurrente ante el Supremo, para reforzar la necesidad de anular la reelección del fiscal general, sea cual sea la conformación final de la Sección de la Sala Tercera que emita su veredicto.
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