Pedro Sánchez con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Tribunales
La Justicia desautoriza la gestión del fiscal general y hace «insostenible» su continuidad en el cargo
Dos recientes resoluciones comprometen la permanencia de Álvaro García Ortiz al frente del Ministerio Público. Fiscales, juristas y oposición política exigen su «inmediata dimisión»
Agrandes males, grandes remedios. Eso debió pensar el fiscal general del Estado cuando aceptó ser entrevistado en Televisión Española tras haber recibido un doble revés judicial a su gestión al frente del Ministerio Público. Álvaro García Ortiz comparecía en la cadena para exculparse de cualquier sombra de sospecha sobre su independencia e imparcialidad pese a que, apenas unas horas antes, sendas resoluciones del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) habían desautorizado, a su vez, dos de sus más polémicas decisiones desde que llegase al cargo en esta segunda etapa, tras ser comfirmado por el Gobierno, aún declarada su «inidoneidad» para el mismo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un escenario que en el seno de la Carrera fiscal, pero también fuera de ella, se considera que es ya «insostenible» para su continuidad en el cargo.
Fiscales y operadores jurídicos han coincidido, en exigir la «inmediata dimisión» de García Ortiz, como también ha hecho la oposición del Partido Popular (PP) nada más conocerse la nulidad decretada por el Alto Tribunal para la designación de su predecesora Dolores Delgado, como fiscal titular de Memoria Democrática.
Y ello, porque más allá de su probada «desviación de poder» en el caso del primer ascenso de su mentora y amiga, a la categoría de fiscal de Sala; en esta segunda ocasión, ha quedado acreditado que el fiscal general hurtó «competencias propias» del Consejo Fiscal para evitar que su Pleno se pronunciase sobre una posible «incompatibilidad» profesional de la candidata para el puesto, derivada de la profesión de su marido, el ex juez Baltasar Garzón con quien podría entrar en «conflicto de intereses».
«La Sala Tercera en su sentencia» ha dictaminado que el fiscal general hurtó «competencias propias del Consejo Fiscal», como su máximo órgano colegiado, para evitar que la mayoría electa del mismo, siete vocales, votase que en la candidatura de Delgado para la plaza incurre en una «causa de prohibición, recogida en el artículo número 58.1 del Estatuto Orgánico (EOMF)», según ha podido saber El Debate. O, lo que es lo mismo, «el TS considera que García Ortiz ha incurrido en una arbitrariedad que, como tal, ha merecido ser anulada».
Por su parte, el fiscal general ha continuado defendido –ante el siempre solícito periodista gallego Xavier Fortes– su posición sobre el nombramiento de Delgado para el cargo asegurando que tomó esta decisión ya que la «incompatibilidad era tan evidente que no existía». Según ha dicho después, plantearla al Consejo Fiscal «no era más que una táctica dilatoria» para impedir que fuera nombrada en la legislatura. «Esa es la base de toda discusión», ha argumentado en sede televisiva.
Tampoco ha desaprovechado la ocasión de cargar las tintas contra el Tribunal sentenciador del que dice que ha cambiado «ahora» su jurisprudencia introduciendo «otros criterios diferentes a los que marca específicamente» la norma. A su juicio, la exigencia de la Sala Tercera respecto a los nombramientos del fiscal general «ha subido a la disputa jurídica» y se ha planteado de manera «muy distinta a toda la trayectoria y a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía a tener».
Una lectura «inadmisible» para quienes desde las asociaciones fiscales, el sector jurídico y el seno de la Carrera Fiscal, critican con dureza que con estas declaraciones Garcia Ortiz «haya deslizado la idea del lawfare» que, «por el puesto que ocupa», únicamente «debería dedicarse a combatir». El máximo representante de la legalidad en España «no puede continuar un minuto más al frente» de la institución tras haber quedado «seriamente comprometido» por una dudosa gestión «en asuntos en los que, por su naturaleza, debería haber sido impecable».
Delito de revelación de secretos
A todo lo anterior, y como ya había adelantado El Debate en exclusiva, se suma la admisión de la querella interpuesta por el novio de Isabel Díaz Ayuso contra la Fiscalía Provincial de Madrid. Un escenario que la número dos del escalafón y mano derecha de García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, trató de evitar a toda costa. El auto de admisión de la misma, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), «es un varapalo» al criterio impuesto por el Ministerio Público que, por primera vez, tendrá que dar muchas explicaciones «sobre lo ocurrido» con la supuesta revelación de datos personales del empresario Alberto González Amador, investigado en un procedimiento tributario.
Doble varapalo judicial al Gobierno
El TSJM admite la querella del novio de Ayuso contra los fiscales de Madrid por la filtración de sus datos
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid se dirigió contra los fiscales Julián Salto y Pilar Rodríguez para depurar sus posibles y eventuales responsabilidades en un presunto delito de revelación de secretos. Sin embargo, «de las pruebas que se practiquen» puede llegar a determinarse «que ellos no son culpables de lo ocurrido», advierten a El Debate fuentes próximas a la cúpula fiscal.
Cabe recordar que la Sala se ha declarado competente tanto para dirigir las pesquisas necesarias solicitadas por el posible perjudicado, como para asumir, en línea con lo avanzado por este diario, la exposición motivada que elevó el magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid, en relación a la denuncia penal presentada por los mismos hechos por el ICAM. A partir de este momento, tanto González Amador como el Colegio de la Abogacía madrileña están formalemente personados en la causa, el primero como parte interesada y el segundo como acusación popular de la misma.
Lo previsible, a partir de ahora, es que el TSJM «requiera a los dos fiscales señalados» por la pareja de Díaz Ayuso en su querella, tanto el instructor de su caso tributario Julián Salto, como el de la máxima responsable de la Fiscalía Provincial, Isabel Rodríguez, para «prestar declaración» sobre lo ocurrido. Tampoco es descartable que se cite «como testigo a la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra» que, como publicó este diario en exclusiva, se negó a cumplir órdenes directas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en este sentido.
Así las cosas, el papel del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la polémica sobre el inédito comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid revelando las comunicaciones secretas mantenidas –fechas, conversaciones y reuniones– podría verse penalmente comprometido porque, si bien asumió de manera pública su «responsabilidad última» en clave institucional, nunca ha llegado a aclarar si, como apuntan fuentes de toda solvencia en el seno de la Carrera, la indicación y el contenido del polémico documento fue iniciativa suya.
«Órdenes directas» de García Ortiz
No en vano, la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra «se negó rotundamente» a firmar el documento autorizado por el propio titular del Ministerio Público y tampoco aceptó remitir el mismo desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), en la versión temporal de los hechos asumida por el fiscal Salto. Eso sí, no sin antes solicitar vía mail a García Ortiz que dejase constancia, por escrito, de cualquier instrucción sobre el caso que tuviese la obligación de atender en «estricto cumplimiento» de lo previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público (EOMF). Es éste detalle, «no menor», el que «podría comprometer el papel» de García Ortiz en la cronología de lo sucedido.
Según las mismas fuentes consultadas por El Debate, a juicio de Lastra, tanto la cronología de las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta madrileña y la Fiscalía Provincial, como los pormenores de las mismas desvelados en el contenido del comunicado que terminó viendo la luz, eran incompatibles con el deber de «confidencialidad» de las partes en el proceso reglado para alcanzar pactos de conformidad. Una posición de la fiscal que para algunos miembros de la Carrera «prueba la antijuricidad palmaria» de «las órdenes directas» que apuntan a la Fiscalía General, y no Provincial, como origen en la gestión de este asunto.
Comentarios
