El fiscal general del Estado junto al ministro Bolaños
Tribunales
La Asociación Profesional de fiscales pide al Supremo anular la reelección de García Ortiz por su perfil «progubernamental»
La entidad profesional ha registrado ante el Alto Tribunal el escrito en el que pide que se revoque el Real Decreto del Consejo de Ministros que confirmó al fiscal general en su cargo
El Gobierno de Pedro Sánchez confirmaba la reelección de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, tras un polémico primer mandato, y apenas unos días después de que se conociese la sentencia del Supremo que anuló el ascenso de Dolores Delgado a la primera categoría del escalafón del Ministerio Público, gracias a una polémica decisión de su sucesor en el cargo. Ahora, y tras anunciar que recurriría el Decreto 1182/2023, de 27 de diciembre, de renovación del nombramiento de García Ortiz como máximo responsable de la Carrera, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha formulado la correspondiente demanda, ante la Sala Tercera del Alto Tribunal.
Según han confirmado fuentes judiciales a El Debate, el fundamento de la demanda radica en la «falta de idoneidad» de García Ortíz para el desempeño del cargo de fiscal general, por la «reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos, omisiones graves en el desempeño de las obligaciones derivadas del cargo» y fruto de la «línea abiertamente progubernamental» acreditada «en el ejercicio de sus funciones».
Para la APIF, la máxima expresión de los desaciertos de García Ortiz fue la condena en el Supremo relativa a uno de los «nombramientos más polémicos que realizó y supuso la anulación del mismo por haber incurrido el Fiscal General en desviación de poder». Se refiere a la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala Togada de lo Militar.
Sólo ello «bastaría», a juicio de la entidad asociativa, «para justificar la no renovación de un cargo cumbre y fundamental en un estado de derecho como el español, pero es que además, no se ha tratado, ni mucho menos de un hecho aislado, tal como recoge el informe contrario a su idoneidad que emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por vez primera en democracia».
Pero es que, además, «hay otro nombramiento pendiente de deliberación y sentencia realizado por el actual FGE en la Sala Tercera del Alto Tribunal, hay en el momento actual una querella dirigida contra el Fiscal General en estudio de admisión por la Sala Segunda del Supremo, y otra querella se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra unos fiscales que, según se informa en los medios de comunicación, actuaron por instrucciones del propio Fiscal General» –en el caso de la revelación de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso– recoge el texto del recurso presentado este mismo jueves.
Reiteradas «quejas» de los fiscales
A todo lo anterior, hay que sumar el rosario de incidentes que complica la continuidad de García Ortiz en el cargo de fiscal general. Entre ellos, «los expedientes disciplinarios a fiscales por hechos neutros jurídicamente», que han padecido, entre otros Ignacio Stampa o Vicente González Mota; las «reiteradas quejas» de los miembros de la Carrera por sus «silencios» ante los ataques recibidos por jueces y fiscales «incluso en sede parlamentaria», a partir del lawfare que rige la Ley de Amnistía en curso; o, su triple negativa «a permitir que el Consejo Fiscal se pronuncie en cuestiones de índole profesional y absolutamente imprescindible» para el desarrollo de la Fiscalía, como la necesidad de un presupuesto independiente del Ministerio de Justicia, o sobre las investigaciones pretendidas de jueces y fiscales en sede parlamentaria, o sobre el mismo proyecto de ley de amnistía a requerimiento del Senado.
Además, la APIF ha hecho constar el «error manifiesto» de la Fiscalía General del Estado en «la interpretación de la ley orgánica 10/2022», en relación con la reforma del Código Penal en los delitos contra la libertad sexual –la que es familiarmente conocida como 'Ley del sí es sí'–por la que se «vinculó a todos los fiscales de España hasta que fueron corregidos por los Tribunales».
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