El juez seguirá investigando las filtraciones sobre el novio de Ayuso pese a la maniobra del fiscal general para evitarlo

A48 horas de que la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, comparezca como primera testigo citada por el juez Francisco José Goyena –en la investigación de la presunta revelación de secretos de la Fiscalía sobre el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumía por escrito su responsabilidad en la difusión de la polémica nota de prensa que dio origen a la querella; y, declaraba la «incompetencia» del actual magistrado instructor para continuar al frente de la causa, al ser él aforado.

Una «nueva maniobra» con la que el titular del Ministerio Publico, «más que dar cumplimiento a un trámite procesal, trata de evitar que se siga investigando lo ocurrido para que sea el Supremo el órgano que asuma las pesquisas, sin que se haya escuchado a los principales implicados», pero que no tiene por qué «ser seguida inmediatamente por el juez encargado», apuntan a El Debate fuentes de toda solvencia.

«De lo contrario no se entiende cómo, junto con dicho escrito, la Fiscalía General todavía no ha facilitado ni uno sólo de los documentos internos» (correos, notas, comunicaciones) «que el magistrado le reclamó en la apertura de las diligencias previas del caso», destacan las mismas fuentes. Información que, hasta la fecha, tampoco ha aportado la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, querellada por firmar el comunicado y divulgarlo. Cabe recrodar que Rodríguez ya se negó a colaborar en una primera ocasión y, de persistir, podría enfrentarse al «espectáculo» de una actuación policial en la sede de la institución, como sugería el magistrado Goyena en su último auto.

García Ortiz «es consciente de que el foco le señala cada vez con más nitidez», se rumorea en el seno de la Carrera donde la mayoría de los fiscales se dan cuenta de que a medida que avanza el procedimiento, más datos «estrechan el cerco» sobre su superior jerárquico. De ahí «el intento porque no se produzcan las próximas declaraciones» del fiscal Julián Salto y de la fiscal Almudena Lastra o, al menos, que no se produzcan de manera tan inmediata, porque «podrían ser definitivas» –para que las actuaciones penales se dirijan «sin paliativos» y «ya con pruebas, no solo con indicios»–, contra el titular de la Fiscalía.

Salto, uno de los dos querellados, tuvo que salir con urgencia de un partido de fútbol de la Liga de Campeones, que disputaban el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, el pasado 13 de marzo en la capital, tras recibir varias llamadas de teléfono en las que se le pedía que rebotase a sus superiores los mails cruzados con el abogado de Alberto González. Unos correos que supuestamente acabaron, apenas una hora y media después, en poder de al menos dos de los medios de comunicación que se hicieron eco de su contenido.

En cuanto a la fiscal Almudena Lastra, y como publicó El Debate en exclusiva, se negó a cumplir la orden de confeccionar y divulgar el comunicado aclaratorio sobre el supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador, como se le pedía en un Whatsapp remitido por el propio García Ortiz y que, según ha podido saber este diario, la fiscal podría estar en disposición de exhibir, en sede judicial, el próximo jueves.

Un «extraño escrito» de García Ortiz

En el «extraño escrito» dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), García Ortiz se persona en el procedimiento, «del que no es parte», asegurando que éste «carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid por corresponder aquella a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». «En tanto en cuanto su publicación no se hubiera producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas», añade autoinculpándose.

Sin embargo, el fiscal general sostiene, al mismo tiempo, que no hubo irregularidad o delito alguno en lo ocurido. «Ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva, pues todos los correos electrónicos (no sólo los remitidos por el letrado de González Amador, sino también los enviados por fiscal) habían sido previamente desvelados por los medios de comunicación».

Es decir, el fiscal general se dirige al juez «auto asignándose la condición de testigo ante el Tribunal, al remitirla al amparo del artículo 412.2.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), como justifica en su primer párrafo» pero, al mismo tiempo y en el mismo documento, le pide que se aparte de la causa y «que se inhiba en favor de la Sala Segunda del Supremo por su condición de aforado que sólo afectaría si él fuese el investigado», señalan varios expertos a El Debate.

Una «incongruencia» a la que, además, se suma el hecho de que «no se acierta a entender si se trata de una suerte de escrito exculpatorio» –con el que García Ortiz busca «en avance, una posible atenuante de confesión tardía»– o si, en cambio, «se trata de un escrito procesal, en cuyo caso bien podría haberlo presentado el fiscal asignado al procedimiento y no, como ha hecho, el fiscal general afectado», apuntan fuentes próximas a la instrucción judicial.