El PP denuncia un presunto fraude fiscal de 163 millones en el IVA de las mascarillas de Sanidad

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) que depende del Ministerio de Sanidad ha hecho saltar las alarmas en el seno del grupo popular del Senado que impulsó la comisión de investigación parlamentaria del 'caso Koldo'. La institución «no puede confirmar la cantidad abonada definitivamente» por el Departamento, entonces bajo el mandato del hoy presidente de la Generalitat de Cataluña Salvador Illa, en relación con los «contratos» de compraventa de mascarillas, «en los que el Ministerio actuó como pagador», en plena pandemia.

El Partido Popular (PP) apunta, por ello, a un presunto fraude en la liquidación del Impuesto del Valor Añadido (IVA) correspondiente a la compraventa de material sanitario procedente del mercado chino –donde no aplica la tasa– y en el que han sido la claves sus propias pesquisas, ante la imposibilidad de obtener información detallada sobre el asunto fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, en relación con lo que podría ser una nueva trama de corrupción.

Ahora, a las irregularidades ya conocidas del Ministerio de Transportes, por las presuntas 'mordidas' que el principal cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, se apunta a otras posibles en Sanidad que señalarían, también, a la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, cuyo Departamento no detectó el baile de cifras. Una 'Operación Carrusel' en la que podrían estar implicadas más de un centenar de empresas y, al menos, 49 expedientes de licitación.

Y ello porque, pese a que, desde el pasado 3 de abril, la Unión Europea (UE) legisló para retirar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a todos los productos sanitarios y que, además, en nuestro país y para el resto de los Estados miembros, se aplicó de manera retroactiva, el Ministerio de Sanidad, como mínimo, no habría reclamado, por el momento, el importe correspondiente a las facturas de proveedores de mascarillas, procedentes del gigante asiático, con los que contrató durante la COVID-19.

Tal es así que, al menos, en dos tomas de consideración del Consejo de Ministros, fechadas en junio y julio de 2020, en las que se dio luz verde a la información correspondiente a dichas operaciones, no se tuvo en cuenta que, varios meses antes, en abril de dicho año, una de las mercantiles afectadas por el 'no IVA' chino, FCS Select envió un escrito al Ministerio de Sanidad solicitando devolver 45.666.000 euros que había cobrado, de manera indebida, en una factura de 217.460.000 euros.

«Hasta la fecha», alertan los populares, «no consta» que se haya emitido «factura rectificativa» por parte de dicha empresa, o de cualquier otra de las que adquirieron el material a China y lo repercutieron al Gobierno como, tampoco, que las mismas ingresasen en el tesoro público las cantidades indebidamente cobradas del erario, que justificasen que no se beneficiaron de compensar las mismas en su contabilidad o que Sanidad (o Hacienda) reclamasen a ninguna de ellas dichos importes.

Ni antes, ni después de la propia advertencia lanzada por FCS Select o, al menos, desde la entrada en vigor de la correspondiente reforma europea que eliminó el IVA para todos los productos sanitarios, procedentes o no de China.

Cabe recordar que quien asesoraba al Ministerio de Sanidad durante los meses más aciagos de la pandemia –para la contratación de material sanitario que, inicial y fundamentalmente tenía como destino las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde no están delegadas las competencias en la materia– era el de Hacienda, junto con el ICEX y las Embajadas.

¿Qué pasó con las licitaciones iniciadas en marzo para las que debió haberse recuperado el IVA? ¿Están reclamados o ingresados y, por lo tanto, cuantificados los importes correspondientes, que no debieron incluirse en las facturas de los proveedores al Ministerio, en las cuentas del Tesoro?.

La puerta abierta a la Fiscalía

Por estas cuestiones, y otras directamente relacionadas con el supuesto escándalo destapado por los populares, han preguntado esta mañana al secretario de Estado de Hacienda y ex Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón Catalán, ante la Comisión de Investigación que se celebra en la Cámara Alta sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia, relacionados con la intermediación para la trama de Koldo García Izaguirre.

Así las cosas, el senador Salvador de Foronda considera que si las respuestas dadas por los responsables de los diferentes organismos, al respecto de esos 163 millones de euros no recuperados del IVA de los productos chinos, que no debió aplicarse, «no satisfacen las dudas que existen al respecto de la compraventa de material y la liquidación impositiva incorrecta», instarán a la Mesa Comisión del Senado para que «evalúe la situación y remita los hechos a la Fiscalía» que, en su caso, es la «competente» para investigarlo.