El PSOE vive un miércoles negro en el Supremo, la Audiencia Nacional y los juzgados de Instrucción

Los árboles del acuerdo con Junts para aprobar un decreto ómnibus recortado —ha dejado fuera medio centenar de las medidas recogidas en el que fue derogado— permitieron al Gobierno disimular, o intentarlo al menos, un miércoles negro en lo judicial. Y no solo por la declaración como imputado del fiscal general del Estado, un hecho inédito en la democracia española.

El Gobierno padeció ayer su particular borrasca Ivo en los tribunales y en la comisión del Senado que investiga la presunta corrupción socialista. Y con toda la intensidad. Álvaro García Ortiz salió del Tribunal Supremo un paso más cerca del banquillo de lo que entró; negándose a contestar las preguntas del juez Ángel Hurtado y de las acusaciones, recriminando al instructor que parta de «una certeza que le impide descubrir la verdad» y clamando por la nulidad de las investigaciones.

En Badajoz, la jueza que instruye el caso del hermano del presidente dictó un auto rechazando sobreseerlo y reafirmándose en su decisión de seguir investigando. En su escrito, acuerda preguntar al Teatro Real por qué contrató como asesor al músico. Y envía un oficio a la Moncloa para que le faciliten datos sobre el asesor presidencial que ejercía como secretario de David Sánchez.

De vuelta en Madrid, el Juzgado de Instrucción número 13 abrió diligencias contra María Blasco, hasta este miércoles directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas por estafa y malversación, por usar —presuntamente— donativos de investigación médica para la compra de obras de artes, cuadros y esculturas. Al tiempo que el Patronato del CNIO la destituía a ella y al director gerente, Juan Arroyo, en medio de una crisis sin precedentes en el centro.

En la comisión de investigación del Senado, la exministra de Industria Reyes Maroto no fue capaz de aclarar por qué la empresa Villafuel, con la que operó Víctor de Aldama en el fraude millonario de los hidrocarburos, obtuvo del Gobierno de Sánchez la licencia para operar sin cumplir los requisitos. Y poco tiempo después de que el entonces jefe de Gabinete de Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, se reuniera con el cabecilla de la trama. La exministra despejó balones hacia el Ministerio para la Transición Ecológica, que entonces dirigía Teresa Ribera.

Y en la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz rechazó la solicitud del PSOE pidiendo el reingreso de Aldama en prisión provisional comunicada y sin fianza. Los socialistas, que ejercen la acusación popular, esgrimían como argumento «evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento». El instructor no solo desoyó la petición, sino que recriminó al PSOE un posible «abuso procesal» por no aportar «nuevos datos o hechos relevantes» para volver a encarcelar al «nexo corruptor» -según la UCO- del caso Ábalos.

El varapalo para los socialistas puede ser mayor si la titular del juzgado de instrucción 19 de Madrid tampoco acepta la petición —también cursada este miércoles— de la Fiscalía de Madrid para que cite a declarar antes del 3 de febrero, «sin más demora», al novio de Isabel Díaz Ayuso. Alberto González Amador está imputado por fraude fiscal y falsedad.

El único consuelo para el PSOE en las últimas horas ha sido que este miércoles la Audiencia de Madrid declaró la nulidad del registro que el juez instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, ordenó el pasado agosto en el domicilio y las oficinas del empresario Juan Carlos Barrabés, socio de la esposa del presidente. Ese y que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido decidió apartar al magistrado conservador José María Macías de los debates de todos los recursos presentados contra la ley de amnistía, y no solo del de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo. Blindando así la mayoría izquierdista.

La recusación de Macías que abrió la puerta a las demás fue presentada, precisamente, por el fiscal general del Estado. El mismo que este miércoles decidió contestar únicamente a las preguntas de su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado. Y únicamente para negarlo todo, empezando por ser el autor de la filtración del correo del abogado de González Amador. El letrado del novio de Ayuso remitió un escrito acusado a García Ortiz de haberse convertido en «el mayor enemigo de la función jurisdiccional» del Tribunal Supremo y de pretender «boicotear la actuación» del juez Hurtado.

Con todo, los socialistas dedicaron el día a felicitarse por haber encauzado la nueva crisis con Junts y a criticar al PP por anunciar su voto favorable al decreto de ayudas sociales. «Como pollos sin cabeza», resumió el ministro Óscar Puente. Del fiscal general no les tocaba hablar. Tampoco del hermano de Sánchez, ni de la directora del CNIO, ni de Aldama, ni de Conde-Pumpido.