Sánchez desmiembra España: este es el coste de las cesiones a sus socios independentistas

El pasado jueves el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, confirmó que las negociaciones del Gobierno con Junts para dar a Cataluña las competencias de inmigración «están muy avanzadas». En una entrevista en Rac1, el miembro del Ejecutivo aseguró que «los puntos que quedan son puntos que obviamente nos están llevando más tiempo porque no terminamos de encontrar ese punto de equilibrio».

En enero del año pasado Pedro Sánchez pactó otorgar –de forma «integral»– la gestión de la inmigración a Cataluña a cambio de que la formación liderada por el prófugo Carles Puigdemont votara aprobar los tres primeros decretos-leyes de la legislatura. Según anunció la formación secesionista en un comunicado, el traspaso se haría mediante «el artículo 150.2 de la Constitución Española y a través de una ley orgánica específica para Cataluña».

El precepto constitucional al que hizo referencia Junts señala que «el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación». No obstante, diferentes juristas han advertido que asuntos como la cesión del control de fronteras o la gestión de la inmigración son aspectos que, por su naturaleza, no se pueden transpasar, por lo que si el acuerdo se materializara sería «nulo de pleno derecho».

El cupo catalán

Por su parte, el pasado verano el PSOE pactó con ERC que la formación que lidera Oriol Junqueras apoyara al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalidad a cambio de configurar un cupo catalán que permita a esta región pactar los impuestos que paga al Estado. Un año antes, como pago a sus votos en el Congreso para que Sánchez siguiera en la Moncloa, ambos partidos negociaron la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), valorada en 15.000 millones de euros.

En clave económica, el acuerdo suscrito entre los socialistas y ERC para la investidura de Illa asegura que «la hacienda catalana debe instrumentalizarse a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con el objetivo final de asumir progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña».

Cercanías y puertos y aeropuertos

Para investir a Sánchez presidente del Gobierno –en noviembre de 2023– ERC también exigió al líder de los socialistas que otorgase a Cataluña la gestión de los trenes de cercanías regionales, que son usados cada día por entre 300.000 y 400.000 usuarios. A principios de 2025 el Ejecutivo autonómico ya ha dado el primer paso para que se concrete este traspaso dado que ha pedido que el tramo de la barcelonesa línea R1 que discurre entre la estación de La Sagrera y Maçanet de la Selva se excluya de la Red Ferroviaria de Interés General para que pase a ser titularidad de la Generalidad.

A finales de 2024 Illa anunció –presionado por los partidos separatistas– que en enero se aprobará que los Mossos d'Esquadra asuman las competencias de puertos y aeropuertos mediante una Junta de Seguridad en el Parlamento autonómico. El líder del Gobierno regional esgrimió que se trata de dar «continuidad al trabajo» que ejecutó su antecesor en el cargo, Pere Aragonès, que dejó este acuerdo «solo pendiente de ratificación».

Al País Vasco, prisiones, palacete y hasta selecciones

Tanto el PNV como Bildu también han conseguido exprimir a Sánchez respecto al País Vasco y han logrado que el jefe del Ejecutivo transfiera a esta comunidad autónoma diferentes competencias de muy distinta índole. El último Consejo de Ministros aprobó un nuevo decreto-ley ómnibus en el que, entre otros aspectos, el Gobierno cede un palacete en París al PNV, inmueble valorado en torno a 15 millones de euros.

En 2021, tres años después de llegar a la Moncloa, Sánchez confirió la gestión de las cárceles al País Vasco, a la vez que permitió el acercamiento de los presos etarras a las cárceles de esta región. En el momento en el que accedió al Ejecutivo había 261 terroristas de ETA en prisiones, y solo tres en cárceles vascas; mientras que hoy todos están en esta centros de internamiento vascos o navarros a excepción de 12.

Igualmente, el pasado verano el Ministerio del Interior –que encabeza Fernando Grande-Marlaska– entregó a la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, las competencias para gestionar los puertos y aeropuertos, algo que los sindicatos de la Guardia Civil catalogaron como un «desmembramiento» del Instituto Armado.

A su vez, en 2022 el Gobierno cedió de nuevo ante el PNV y permitió la oficialidad de las selecciones vascas de pelota y surf. Así las cosas, el pasado 28 de diciembre la Federación Internacional de Pelota Vasca certificó el ingreso de la Federación Vasca como miembro con derecho a participar en las competiciones oficiales; lo que supone que pueda haber un enfrentamiento internacional entre España y una de sus CC.AA.

La Guardia Civil, expulsada de Navarra

Después de que el PSOE entregara la Alcaldía de Pamplona a Bildu –formación que el Gobierno califica como «partido democrático progresista»–, el pasado mes de diciembre el BOE publicó la transferencia del Tráfico a la región foral, lo que eliminó la presencia de la Guardia Civil en las carreteras de esta región.

De hecho, la normativa recoge en el preámbulo que el objetivo es «integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad constitucional y garantizar todas aquellas facultades y competencias propias del Régimen Foral».

Concesiones al separatismo gallego

El presidente del Gobierno también ha realizado cesiones al independentismo gallego. Para conseguir el foto favorable del BNG en su investidura, Sánchez pactó conferir un descuento del 75 % en las autopistas AP-9 y la AP-53, además de la condonación del 20 por ciento de la deuda del FLA. De igual forma, se acordó la implantación de trenes de cercanías esta legislatura, al menos, en los trayectos de La Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra.