La mayoría izquierdista convierte al Constitucional en un tribunal de corrección del Supremo

El Tribunal Constitucional (TC) se ha instalado en «un evidente exceso de jurisdicción, con la única finalidad de dejar sin efecto su propia doctrina» anterior, cuando ésta no se corresponde con las posiciones que es necesario defender para favorecer los intereses ideológicos o políticos del Gobierno. De la mano de la mayoría progresista de la Corte, capitaneada por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, el TC está alterando, una y otra vez, los asuntos de la «legalidad ordinaria cuyo único y último intérprete es el Supremo» para revisar y corregir aquellas sentencias, firmes, del más Alto Tribunal español cuando se entiende que no convienen.

«No es razonable suponer que todo el mundo se equivoca y que ocho magistrados veteranos (de ocho que intervinieron en el caso y por tanto el cien por cien de ellos) desconocen» los más «elementales principios» del proceso penal. Así de contundentes y directos se pronunciaban cuatro magistrados profesionales del Constitucional –Enrique Arnaldo, César Tolosa, Concepción Espejel y Ricardo Enríquez– sobre la sentencia mayoritaria del Pleno en la que se revocó la condena impuesta por la Sala Segunda de lo Penal del TS a la que fuera exministra socialista y ex consejera de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación cometido en el marco de la trama de los ERE.

En el seno del Constitucional, gracias a un rodillo aritmético de siete votos, se están rompiendo consensos doctrinales «indiscutidos» y reinterpretando la ley ordinaria fuera de las competencias previstas para la Corte

Una advertencia en toda regla de lo que está sucediendo en el seno del Constitucional, gracias a un rodillo aritmético de siete votos que se vienen utilizando para romper consensos «indiscutidos» y reinterpretar la ley, fuera de las competencias que han sido previstas por el legislador.

Incluso, el TC se atreve a valorar de nuevo la prueba practicada en el proceso ordinario para que el resultado sea distinto del inicial, como sucedía, por ejemplo, en la reciente admisión a trámite del recurso presentado por Dolores Delgado contra el fallo del Supremo que decretó la nulidad de su ascenso a la primera categoría del escalafón de la Fiscalía, por una «desviación de poder» de quien lo decidió. Nada menos que su sucesor en el cargo de fiscal general, Álvaro García Ortiz.

No han sido estas las únicas polémicas en las que ha podido comprobarse cómo la mayoría izquierdista del Pleno está mutando el Constitucional en una suerte de órgano que, «torciendo el Derecho a la medida», suplanta cada vez «con más descaro» y mayor frecuencia unas funciones que sólo corresponden al Supremo. No en vano, sólo el Alto Tribunal está en posición de resolver controversias de aplicación de la ley, en procedimientos tasados con todas las garantías que, por su propia naturaleza, no están presentes en los procesos del TC, ni condicionan la operativa de una Corte que nunca fue concebida como la última instancia del resto de tribunales para unos cuantos elegidos, según su militancia.

Hasta tal punto se ha instrumentalizado el TC como brazo judicial del actual Ejecutivo que, en las últimas dos semanas, ha tomado nuevas y polémicas decisiones merecedoras de varios y contundentes votos particulares discrepantes. Unos pronunciamientos que no sólo ponen de manifiesto que las resoluciones más relevantes no cuentan nunca con la unanimidad deseable sino que, además, podrían abrir la puerta tanto a la tutela de la Justicia europea como, incluso, a una querella por prevaricación contra quienes, «de manera colegiada» están forzando la máquina contra el Poder Judicial del que ni siquiera forman parte.

La purga del magistrado José María Macías de todos los asuntos relativos a la amnistía, en una extensión sin precedentes y con efecto general de un caso particular, muy discutible por el carácter «extemporáneo» de la recusación presentada por el fiscal general del Estado, imputado por revelación de secretos; la aceptada impugnación en amparo de Delgado, que se «desmarca claramente del carácter restrictivo que la doctrina consolidada» que la Corte aplica a la admisión de «los recursos presentados contra las decisiones» del Supremo, salvo que concurra una «especial trascendencia constitucional», cuando ése «no es el supuesto» del caso; o, la «autorehabilitación» del propio Conde-Pumpido en los amparos de los separatistas catalanes contra la negativa del TS a aplicar la amnistía a la malversación por la que fueron condenados, siguen engrosando el amplio listado de causas políticas en las que el Constitucional ha salido al rescate del Gobierno o de sus socios y afines.

Antes fue la sentencia por la que Conde-Pumpido y los suyos modificaron, por primera vez, «la pena que debe imponerse a un condenado» –para absolver al ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez de la condena penal que le había sido impuesta por patear a un policía– y lo hicieron, además, «sin sustento alguno argumental» y «excediéndose» de los márgenes de lo que había solicitado «el recurrente».

O el fallo con el que el TC amparó al dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi para que no fuese juzgado, de nuevo, por su intento de reconstruir Batasuna. En aquella ocasión, el Pleno aceptó dar la razón al líder de la izquierda abertzale pese a que ni siquiera había cumplido con el trámite de plantear un incidente previo de nulidad en el propio Supremo, antes de dirigirse en amparo al Constitucional. Un «óbice» que la mayoría izquierdista de los magistrados del TC no tuvieron «en cuenta» lo que, en la práctica, supuso una «modificación de la doctrina consolidada en la admisión de las impugnaciones por vulneración de derechos fundamentales».

Así las cosas, el denunciado abordaje de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional, renovado a su medida para imponer una mayoría de izquierdas, está cumpliendo con creces las expectativas de un Gobierno entregado al lawfare, al señalamiento de los jueces y a dinamitar la independencia judicial y el Estado de Derecho, a base de enmendar una y otra vez, sin estar legitimado para hacerlo, las decisiones de los más altos magistrados de nuestro país.