Sánchez degrada el Senado a 'camarín' como castigo a la mayoría absoluta del PP

El próximo martes volverá a haber sesión de control al Gobierno en el Senado y, como de costumbre en el último año, Pedro Sánchez no acudirá. Ya lo ha comunicado a la Cámara Alta. La última vez que el presidente participó en una fue el 12 de marzo de 2024. Pero las reiteradas quejas de los populares caen sistemáticamente en saco roto: el presidente no está obligado por ninguna ley, ni tampoco por el Reglamento del Senado. Aunque no hay ningún precedente de tamaña descortesía parlamentaria. Como tampoco lo hay del bloqueo en el Congreso de todas las proposiciones de ley que llegan procedentes de la Cámara Alta para su tramitación, y también está pasando.

Sánchez ha degradado el Senado como castigo a la mayoría absoluta que el PP posee en él y que, a su vez, los de Alberto Núñez Feijóo utilizan como ariete contra el Gobierno. Al PSOE no le gusta que la Cámara Alta, presidida por el popular Pedro Rollán, cree comisiones de investigación para escudriñar sus casos de corrupción. No le gusta que envíe al Congreso iniciativas legislativas. No le gusta que acuda al Tribunal Constitucional cuando ve vulneradas sus competencias. No le gusta que vete leyes aprobadas por el Congreso para ralentizar su aprobación definitiva, como en su día hizo con la de amnistía o la de eficiencia de la Justicia. Y no le gusta que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acuda al Senado a presentar la memoria de la Fiscalía (el pasado martes) y la oposición le pregunte por su imputación en la causa por revelación de secretos que instruye el juez Ángel Hurtado en el Tribunal Supremo.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha llegado a acusar el PP de «detentar» el poder en el Senado

En definitiva, no le gusta que el PP tenga mayoría absoluta en el Senado. Ni a él ni al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, cuya opinión es ésta que él mismo escribió en la revista Temas, de cuyo Consejo de Redacción es subdirector (y José Félix Tezanos, director): «El Senado será durante los cuatro próximos años una cámara al servicio de los intereses del Partido Popular, que detenta la mayoría absoluta en su Pleno y en sus órganos de dirección». En su definición Simancas eligió, con toda intención, un verbo que según el diccionario de la RAE significa «retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público». Cabe recordar que, en las elecciones generales de julio de 2023, el PP obtuvo 120 senadores y el PSOE cayó hasta 72. En la cámara de representación territorial, los socialistas solo consiguieron más escaños que los populares en Cataluña, Canarias y Navarra.

17 proposiciones de ley varadas

El pasado martes, la Mesa del Congreso calificó una proposición de ley procedente del Senado para reformar la ley de propiedad horizontal. Los populares saben que correrá la misma suerte que las otras 16 que la Cámara Alta ha enviado antes, desde el inicio de la legislatura: los socialistas dilatarán su tramitación para que no lleguen a ningún puerto. Y menos al Pleno. El truco está en que la Mesa de la Cámara Baja, presidida por Francina Armengol, las califica, las envía a la comisión correspondiente y, sucesivamente, va decidiendo ampliaciones del plazo de enmiendas. El récord lo tiene una proposición de ley para rebajar el IVA a las peluquerías al 10 %, que está varada en la Comisión de Hacienda desde diciembre de 2023: Armengol y su mayoría la han sometido ya a 42 ampliaciones del plazo de enmiendas para que no salga de ahí. En el PP lo llaman con ironía «el congelador de Armengol».

Hace dos semanas, el PP aprobó en el Senado la presentación de un recurso previo de inconstitucionalidad contra el Tratado de Amistad y Cooperación que Sánchez y Emmanuel Macron firmaron para que un miembro del Ejecutivo francés participe una vez cada trimestre en el Consejo de Ministros del Gobierno de España, y viceversa. Tratado que no se ha aplicado hasta la fecha porque antes hay que cambiar la ley, dado que la Constitución no contempla que ningún extranjero participe en una reunión del Gabinete.

Para ello, el PSOE está intentando reformar el artículo 5.2 de la Ley del Gobierno utilizando la gatera de la ley de eficiencia de la Justicia, que fue aprobada el 19 de diciembre por el Congreso y enviada al Senado. En su reunión del martes 18 de febrero, la Mesa del Congreso tomó nota del escrito del Senado y lo ignoró: decidió seguir adelante.

A finales de diciembre, el Senado llevó al Congreso al TC por ignorar el veto del Pleno de la Cámara Alta a la llamada ley Txapote, que beneficia a los presos de ETA en cárceles francesas. Dos meses antes, Armengol y la mayoría de izquierdas de la Mesa del Congreso habían despachado ese veto en cuestión de minutos y sin un informe jurídico que respaldara su postura.

Los socialistas lo ven de otra manera. Afirman que el PP tiene «colonizado» el Senado y que quieren convertirlo en «una oficina de ataque y resistencia» contra el presidente del Gobierno, como denunciaban en un comunicado emitido la semana pasada.