Todas las cesiones que Sánchez ha otorgado a los separatistas

El PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para transferir a Cataluña las competencias en materia de inmigración, lo que otorgará a la Generalidad la capacidad de realizar expulsiones y gestionar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Asimismo, el pacto, registrado como una proposición de ley en el Congreso, establece que los Mossos d’Esquadra colaborarán con la Guardia Civil y la Policía Nacional en la gestión de la seguridad en los puertos y aeropuertos de España. «El Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega», señala el texto.

Con este último acuerdo, Pedro Sánchez ha ampliado aún más las cesiones que ha concedido a los diferentes partidos separatistas desde que llegó al Palacio de la Moncloa en junio de 2018 gracias a configurar un Gobierno ‘Frankenstein’.

Las últimas concesiones a ERC

El pasado mes de febrero, el Ejecutivo anunció un pacto con ERC para perdonar a Cataluña 17.000 millones de su deuda; medida que Sánchez se comprometió a conceder a los de Oriol Junqueras en noviembre de 2023 para que los independentistas de izquierdas apoyaran su investidura. A cambio de los votos en la Cámara Baja de la formación secesionista, ERC también consiguió del líder de los socialistas que aceptara dar a Cataluña la gestión de los trenes de cercanías regionales, que son utilizados diariamente por entre 300.000 y 400.000 usuarios.

Además, el verano del año pasado el PSOE estipuló otorgar un cupo catalán para que Salvador Illa fuese elegido presidente de la Generalitat. En clave económica, el acuerdo suscrito entre los socialistas y ERC para la investidura de Illa asegura que «la hacienda catalana debe instrumentalizarse a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con el objetivo final de asumir progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña».

La amnistía y el mediador

En noviembre de 2023, pocos días de que Sánchez fuera reelegido presidente del Gobierno, Junts y el PSOE alcanzaron un acuerdo en el que se recogía la aprobación de una ley de amnistía, «para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato». Tras largas negociaciones, la norma fue aprobada el pasado 30 de mayo en el Congreso con 177 votos a favor; aunque está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Además, para conseguir el apoyo del partido presidido por el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, Sánchez aceptó negociar con un mediador internacional «para dotar al proceso de certidumbre». Esta figura ha supuesto que los socialistas se hayan desplazado en diferentes ocasiones hasta Suiza para poder despachar con la cúpula de Junts, y bajo la supervisión del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez.

Cabe recordar que, tras un Consejo de Ministros que se extendió durante más de tres horas, el 22 de junio de 2021 el Gobierno de coalición aprobó los indultos a los líderes del procés condenados por sedición y malversación en relación con el 1-O. Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron liberados de manera definitiva gracias a la medida de gracia concedida por el Ejecutivo. Posteriormente, Sánchez compareció ante los medios e indicó que su intención era «abrir un nuevo tiempo de diálogo».

Lenguas cooficiales para elegir a Armengol

La comisión de investigación del Congreso sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) –que permitió la comparecencia de un terrorista en la Cámara Baja en febrero– junto con la comisión que reanudará la investigación sobre la denominada Operación Cataluña. y una tercera sobre el espionaje a independentistas mediante el programa Pegasus, fueron acordadas por el PSOE con ERC y Junts en agosto de 2023, a cambio del apoyo de estos dos grupos a la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso.

En dichos pactos, Sánchez se plegó al separatismo y cambió el Reglamento de la Cámara para que se pueda hablar catalán, vascuence y gallego en el Congreso, y también se comprometió a que estos idiomas sean reconocidos como lenguas oficiales en el Parlamento Europeo.

Justicia, puertos y aeropuertos a Cataluña

A finales de 2024, Illa anunció, presionado por los partidos separatistas que los Mossos d'Esquadra asuman las competencias de puertos y aeropuertos a través de una Junta de Seguridad en el Parlamento autonómico. El líder del Gobierno regional justificó esta medida como una forma de dar «continuidad al trabajo» realizado por su predecesor, Pere Aragonès, quien dejó este acuerdo «solo pendiente de ratificación». Por consiguiente, con el reciente pacto entre el PSOE y Junts se ha dado también un paso más para la cesión de esta materia.

Por su parte, en el mes de febrero el Gobierno y la Generalidad establecieron que se cree un consorcio de inversiones; que será un organismo paritario entre las dos administraciones, cuyo objetivo será agilizar las inversiones previstas en Cataluña. En cuanto a las infraestructuras, acordaron establecer un grupo de trabajo encargado de determinar el importe pendiente de financiación correspondiente a la segunda liquidación de la disposición adicional tercera del Estatuto, relativa al período 2009-2013.

En este acuerdo también se incluyó aumentar el número de jueces en Cataluña, lo que supone la creación de al menos 60 nuevas unidades judiciales adicionales en los próximos tres años. No obstante, la Generalidad resaltó que, además de la carencia de jueces, existe en su región una falta de fiscales y letrados de la administración de justicia.

Todos los pagos a Bildu y al PNV

Tanto el PNV como Bildu han logrado presionar eficazmente a Sánchez en lo que respecta al País Vasco, obteniendo la transferencia de diversas competencias a esta comunidad autónoma en áreas de distinta índole. El Consejo de Ministros aprobó este año un nuevo decreto-ley ómnibus en el que, entre otros puntos, el Gobierno cede al PNV un palacete en París, un inmueble valorado en aproximadamente 15 millones de euros.

En 2021, tres años después de la llegada de Sánchez a la Moncloa, delegó la gestión de las prisiones al País Vasco, permitiendo, al mismo tiempo, el acercamiento de los presos etarras a las cárceles de la región. Cuando accedió al Ejecutivo había 261 miembros de ETA en prisión, de los cuales solo tres estaban en centros penitenciarios vascos. Actualmente, todos se encuentran en prisiones de esta comunidad autónoma o de Navarra, con la excepción de 12 reclusos.

Asimismo, el pasado verano, el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, transfirió a la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, las competencias para gestionar los puertos y aeropuertos, una medida que los sindicatos de la Guardia Civil han calificado como un «desmembramiento» del Instituto Armado.

Por otro lado, en 2022, el Gobierno cedió nuevamente ante el PNV al permitir la oficialidad de las selecciones vascas de pelota vasca y surf. El 28 de diciembre pasado, la Federación Internacional de Pelota Vasca ratificó la incorporación de la Federación Vasca como miembro, con derecho a participar en competiciones oficiales. Esto abre la posibilidad de que se produzca un enfrentamiento internacional entre España y una de sus comunidades autónomas.

En este contexto también se enmarca que en la pasada legislatura saliera adelante la denominada ley de Memoria Democrática, una normativa con la que el Gobierno, dando un paso más allá de la ley de Memoria Histórica impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, ha buscado reescribir parte de la historia de España, en colaboración con los partidarios de Arnaldo Otegi.

Otro de los pagos realizados por Sánchez a Bildu a cambio de su apoyo a su investidura fue el PSOE respaldó en Pamplona la moción de censura de Bildu para arrebatar a UPN la alcaldía, solo seis meses después de que Cristina Ibarrola asumiera su cargo, a pesar de que en su momento, figuras del PSOE como la actual ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, habían afirmado que no permitirían que el candidato de Bildu asumiera la alcaldía.

Igualmente, el año pasado el BOE publicó la transferencia del Tráfico a la región foral, lo que eliminó la presencia de la Guardia Civil en las carreteras de esta región. De hecho, la normativa recoge en el preámbulo que el objetivo es «integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad constitucional y garantizar todas aquellas facultades y competencias propias del Régimen Foral».

A ello se suman otras concesiones a las que Sánchez se ha comprometido con Bildu. Entre estas concesiones se incluyen medidas destinadas a favorecer la «normalización» del vasco, como garantizar la emisión de ETB 3 en toda Navarra, así como otras de carácter económico.

El nacionalismo gallego

El presidente del Gobierno también ha realizado concesiones al independentismo gallego. Para obtener el apoyo favorable del BNG en su investidura, Sánchez acordó aplicar un descuento del 75 % en las autopistas AP-9 y AP-53, además de condonar el 20 por ciento de la deuda del FLA. Asimismo, se pactó la implantación de trenes de cercanías durante esta legislatura, al menos en los trayectos La Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra.