La mano derecha de García Ortiz al rescate de Conde-Pumpido en la consulta a Europa sobre la sentencia de los ERE

La Fiscalía saldrá al rescate de Cándido Conde-Pumpido, de nuevo, en un asunto de calado político: la cuestión prejudicial de la Audiencia Provincial de Sevilla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el caso de los ERE andaluces, que el presidente de la Corte de Garantías trata de bloquear en el ámbito doméstico.

Según ha podido saber El Debate, de fuentes próximas al Ministerio Público, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hará uso de una Instrucción interna, la número 1/2016 para que los fiscales sevillanos inicialmente adscritos a la causa, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, renuncien a su posición inicial en favor de la que defiende la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde y a la que ha dado forma el fiscal del Alto Tribunal, José Javier Huete.

No en vano, las mismas fuentes han confirmado que, ambos fiscales ya remitieron un informe, a través del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que llegaba a manos de la 'dos' de García Ortiz, y en el que apoyaron la procedencia de que el órgano sevillano se dirija a la jurisdicción europea, para que determine si la interpretación de la malversación de los políticos socialistas andaluces en el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país, es compatible, o no, con el Derecho comunitario. De hecho, el anuncio de la Audiencia Provincial de Sevilla provocaba una airada reacción de Conde-Pumpido, en el TC, donde se delibera sobre la posibilidad de neutralizar la revisión del polémico fallo dictado por el bloque izquierdista del Pleno, a favor de los condenados por el Supremo.

En una vuelta de tuerca más, y pese a que de nuevo se ha producido un conflicto no menor en el seno de la Fiscalía, el máximo titular de la misma ha decidido que la obligación de los fiscales sevillanos es «ponerse en contacto con el Fiscal de Sala Jefe del Área correspondiente (...) para solicitar instrucciones sobre el contenido del informe a emitir, atendiendo al orden jurisdiccional en el que se plantee». Una indicación de operativa propia que, en último término, le servirá para dictarles, a través del dictamen de Huete, la posición a adoptar en este tema.

Una visión que ha resultado opuesta a la de los fiscales Fernández Guerra y Egocheaga, por lo que será la del Supremo (superior jerárquico en el escalafón) la que defina la recomendación jurídica acerca de la revisión de la resolución dictada por el TC de Conde-Pumpido en la pieza política de los ERE.

Cabe recordar que primero en la Audiencia Provincial de Sevilla y más tarde en el Supremo, en firme, sancionó muy severamente a los ex presidentes socialistas autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a la ex ministra Magdalena Álvarez y a una decena de políticos socialistas más, por la utilización irregular de 680 millones de euros de fondos públicos, destinados a los parados de la región, que el Constitucional decidió condonar.