Izquierda Unida inicia la autodestrucción de Sumar desde dentro del Gobierno

Sumar amenaza con implosionar después de dos jornadas de infarto vividas en el seno de la coalición que encabeza Yolanda Díaz. Tal es así que el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, la calificó ayer como «la crisis de gobierno más importante de esta legislatura», al tiempo que pidió una reunión de la mesa de partidos de Sumar cuanto antes. IU deslizó la posibilidad, incluso, de que su representante en el Consejo de Ministros dimita. Se trata de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Esta crisis tiene un doble fondo. Porque lo que subyace es la reconfiguración del espacio de la extrema izquierda de cara al próximo ciclo electoral, que está en marcha desde que Podemos oficializó que no formará parte de una candidatura que no encabece Irene Montero. Tanto Sumar como Podemos quieren a IU en su bando, y lo cierto es que el rearme está acercando al partido de Maíllo cada vez más a las posiciones de los morados y alejándolo de Díaz. La postura de los de Ione Belarra se resume así: hay que combatir al «Gobierno de la guerra».

«Quieren hacer valer que no están en el Gobierno, que son la izquierda auténtica. Más aún en este tema. Pero no puedo pensar que ningún progresista prefiera un Gobierno de derechas al actual», reflexiona una ministra del PSOE en alusión a Podemos, y a propósito de las posibilidades de que la cuerda se rompa de tanto tensarla.

Lo que empezó mal el martes, con la aprobación por parte del Gobierno de un plan de defensa que no cuenta con el apoyo de Sumar, fue a peor este miércoles. La SER desveló que, en plena Semana Santa, el Ministerio del Interior había formalizado un contrato de 6,6 millones de euros con una empresa israelí para la compra de 15 millones de balas. Contrato que, meses atrás, el PSOE y Sumar habían pactado paralizar, en el marco de un acuerdo para no comprar armamento a Israel por su represión en Palestina.

La reacción de Sumar no se hizo esperar. La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo pidió a Grande-Marlaska una rectificación inmediata por «vulneración flagrante de los acuerdos» entre los socios del Ejecutivo. Pero también se jactó de que el Gobierno «goza de muy buena salud». Por su parte, Rego envió una carta al ministro socialista en la misma línea, solicitando además una auditoría sobre el resto de los contratos de Interior, ante la pérdida de confianza.

El departamento de Grande-Marlaska salió al paso justificándose en que, según la Abogacía del Estado, rescindir el contrato con Guardian Homeland Security S.A. (a su vez representante de IMI SYSTEMS LTD) en una fase tan avanzada habría supuesto la pérdida de los 6,6 millones de euros y de las balas, ambas cosas. Puesto que el contrato fue adjudicado en octubre de 2024. A lo que el diputado de Compromís -también de Sumar- Alberto Ibáñez respondió en X: «El PSOE decide comprar balas al ejército que extermina a los y las niñas palestinas para cumplir una formalidad administrativa. La burocracia de la guerra, la banalidad del mal. Urge una rectificación inmediata de Marlaska o…», dejando así la puerta abierta a una decisión más drástica.

Por si fuera poco sapo, los partidos de Sumar tuvieron que tragarse otro: la relación pormenorizada del armamento que va a comprar o reponer el Gobierno dentro de su Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, publicado este miércoles en su integridad. Y del que la parte más difícil de digerir para los de Díaz son los 1.962,98 millones que el Ejecutivo destinará a lo que llama eufemísticamente «instrumentos de defensa y disuasión»: un nuevo buque de aprovisionamiento de combate, un sistema Obus Autopropulsado de ruedas, la modernización de los buques anfibios LPD, el desarrollo de un vehículo de combate de cadenas… Cuando, hace solo un mes, los diputados de Sumar estaban votando en el Congreso una moción del BNG en contra del rearme europeo y a favor de la salida de España de la OTAN y de la disolución de la alianza atlántica.

A todo esto, Podemos siguió pescando en el río revuelto de la extrema izquierda, subiendo los decibelios para poner a Díaz ante el espejo de sus contradicciones. «El Gobierno de España es colaboracionista de un genocidio. Lo que está haciendo es absolutamente ilegal. Ya es suficiente. Este Gobierno ha llegado al límite de la hipocresía», clamó Belarra desde el Congreso.

En el PSOE han optado por no hacer ni decir nada que pueda contribuir a agitar aún más el avispero que tienen delante. Los mensajes de ministros y dirigentes socialistas van en una línea conciliadora, intentando no ponérselo a Yolanda Díaz más difícil de lo que ya de por sí lo tiene.