Otra exnovia de Ábalos, Miss Asturias 2017, declara este martes como testigo en el Supremo

El pasado 27 de febrero lo hacía Jéssica Rodríguez y este martes, 6 de mayo, será el turno de Claudia Montes. Las exnovias de José Luis Ábalos van desfilando una a una por el Palacio de Las Salesas para prestar declaración como testigos en el marco de la causa en la que el Tribunal Supremo investiga al que fuera número dos de Pedro Sánchez al frente del PSOE por, presuntamente, haber recibido comisiones a cambio de contratos de obra pública o de material sanitario durante la pandemia. El bautizado como «caso Koldo».

Claudia Montes, que ganó el certamen de belleza Miss Asturias en 2017 en la categoría «+30», fue contratada en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes por influencia de Ábalos y con la colaboración de su entonces asesor de confianza, Koldo García, según sostiene el informe de la Unidad Centra Operativa de la Guardia Civil (UCO) en virtud del cual el magistrado Leopoldo Puente acordó tomar declaración a Montes.

Un enchufe que se hace palpable en los esclarecedores mensajes entre el exministro y su asesor que figuran en la causa. «¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?», escribe Ábalos. «Lo arreglo», contesta Koldo.

En el informe de la UCO consta que en octubre de 2019 Montes, 45 años, envió su CV a Koldo, quien lo hizo llegar a Isaías Taboas, entonces presidente de Renfe, la única accionista de Logirail, «puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón». Según los agentes, Montes consiguió el trabajo y, al igual que Jéssica Rodríguez, tampoco fue a trabajar a la oficina. En febrero de 2022, la mujer avisó a García de que la habían despedido.

Con todo, la mujer mantiene que accedió al puesto de trabajo a través del portal Infojobs y que cumplió «escrupulosamente» con todas las condiciones laborales de la empresa en la modalidad de jornada presencial. Lo hizo en un comunicado en el que, además, aseguraba que no había tenido contacto personal alguno con Ábalos, más allá de una fotografía que se tomaron como «compañeros del PSOE».

Cuando finalizó la relación laboral con Logirail, de acuerdo con el informe de la UCO, Montes intercambió mensajes con Koldo que apuntarían a que el currículum con el que accedió al puesto de trabajo estaba falsificado.

La Guardia Civil cree que Ábalos conocía los «pormenores» de la contratación y apunta también a mensajes en los que el exministro pedía a su exasesor «que ingresara dinero a Claudia». En 2022, tras recibir Ábalos una queja de la mujer por el trato de Koldo García, el exministro dijo a su exasesor: «Que se deje de líos y busque otras ayudas».

César Moreno

Este martes también está citado a declarar César Moreno, uno de los socios del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, que forma parte del grupo de Whatsapp de 'los cuatro mosqueteros' que aparece en varios informes de la UCO.

Aunque Moreno acudirá al Supremo en condición de testigo, tendrá que hacerlo acompañado de un abogado porque figura como investigado en la rama de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. En dicho procedimiento, la Fiscalía defiende que 'los cuatro mosqueteros' podrían haber participado en un delito de blanqueo de capitales.

El magistrado ha llamado a comparecer a Moreno al considerar que puede aportar conocimiento sobre «las pretendidas entregas periódicas de 10.000 euros mensuales» por parte de De Aldama, o personas que actuaban por su encargo, a Koldo.

La UCO asegura en uno de sus informes que De Aldama, en su condición de líder de la presunta organización criminal, habría articulado «una compleja estructura financiera y societaria de alcance tanto nacional como internacional», que ha experimentado «mutaciones» a lo largo del tiempo y en la que estaría «subordinado» el propio Moreno.

No obstante, el pasado noviembre Moreno se desvinculó de la presunta trama en su declaración como investigado en la Audiencia Nacional. Según fuentes jurídicas consultadas entonces por Europa Press, el empresario se acogió a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de su defensa y se limitó a negar su participación en los contratos de mascarillas investigados.