El empresario Víctor de Aldama
El Gobierno pide al juez vender un Ferrari de Aldama y otros 8 vehículos de alta gama del caso Hidrocarburos
El Ministerio de Justicia calcula que los coches alcanzarían los 635.700 euros en el mercado
La Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, ha aconsejado a la Audiencia Nacional vender todos los vehículos incautados en el marco de la causa en la que se investiga un fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, en la que está imputado también el presunto conseguidor del caso PSOE, Víctor de Aldama.
Así consta en un oficio remitido al instructor del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que habla de que los vehículos requisados, «aparentemente en buen estado de conservación», alcanzarían en el mercado, según el servicio online de valoraciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, un valor aproximado de 635.700 euros.
Al hilo, la ORGA recalca que dado que los vehículos «son efectos que, aún sin sufrir deterioro material, se deprecian sustancialmente por el paso del tiempo y el desuso» y dado que su depósito conlleva gastos, lo conveniente es vender o subastar nueve de ellos, entre los que se encuentra un Jaguar, un Ferrari –cuyo dueño es Aldama– y varios Land Rover.
Respecto a otros coches y motocicletas requisados a la trama, la ORGA entiende que procede ponerlos a disposición de las financieras que tienen reserva de dominio. Y sobre el Audio A8 blindado, propiedad de Aldama y que le fue devuelto en su día por el juez, indica que no procede ninguna acción.
La ORGA informa también al juez de que desconoce la ubicación de varios vehículos que venían relacionados por el juez Santiago Pedraz en autos anteriores, por lo que no puede proponer ninguna actuación al respecto hasta que se dé con su paradero.
Por otro lado, Pedraz ha recibido ya información de varias entidades bancarias sobre la orden de bloqueo de determinadas cuentas. Así, Bankinter informa de que una cuenta de Villafuel –la operadora que estaría en el epicentro del presunto fraude– fue cancelada el 10 de abril de 2024, seis meses antes de que se ordenara el bloqueo; y Caixabank le señala que también tiene otra cuenta cancelada y una segunda totalmente vacía.
Quien sí informa de una cuenta con saldo es Unicaja Banco, que le dice a Pedraz que le consta un montante de 182.646 euros.
