La declaración del novio de Ayuso en el Supremo cerrará la instrucción del Supremo contra el fiscal general

Un año después de que se pusiesen en marcha las primeras investigaciones sobre la filtración de datos confidenciales del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, éste, el empresario Alberto González Amador, comparecerá como testigo ante el Supremo (TS). La causa que se sigue en el Alto Tribunal por los hechos ocurridos, entre los días 8 y 14 de marzo de 2024, ha entrado en su recta final y la declaración del presunto perjudicado, y querellante, cerrará la instrucción dirigida por el magistrado Ángel Hurtado.

De hecho, aunque el juez, en un principio denegó la petición formulada por la defensa del principal imputado en el procedimiento, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la corrección de la Sala Segunda de lo Penal del TS permitirá que, esta misma mañana, González Amador acuda para ratificar su querella y responder a las preguntas tanto del instructor, como del resto de las partes personadas en el procedimiento.

Entre ellas, la Abogacía del Estado que representa al máximo titular del Ministerio Público; y, por primera vez, al nuevo abogado designado por la coimputada, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez que, esta misma semana, notificaba que sería un fiscal en excedencia y no los letrados públicos los que, desde ahora, se encargarán de defenderla.

Desde que arrancasen las pesquisas iniciales sobre la noche de autos, la que el 13 de marzo del año pasado, movilizó a la cúpula de la Fiscalía, el denominado 'equipo de Fortuny' para hacerse con el expediente penal que González Amador tiene abierto por un presunto delito tributario, han sido un total de tres juzgados los que han observado indicios de irregularidades manifiestas en la actuación de García Ortiz al que, por su parte, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado como responsable «preeminente».

Hasta tal punto que, en las últimas semanas, tal y como reveló El Debate en exclusiva, el fiscal general habría encargado a varios subordinados de su confianza para que confeccionen un dossier con errores históricos de la UCO y, con ello, desvirtuar el trabajo y las conclusiones recogidas por los agentes asignados a su caso, en los atestados entregados al juez.

Tal es así que, desde la instancia inicial, donde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) planteó una demanda penal genérica que más tarde se ha ido perfilando; con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que detectó una supuesta revelación de secretos consumada en la prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, para dar cuenta literal del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba entonces Julián Salto; y, hasta la fecha de hoy, todos los indicios han terminado señalando a García Ortiz como «responsable último» de lo ocurrido.

Cuando el caso saltó al Supremo, el instructor Hurtado abrió causa contra él, convirtiéndole en el primer fiscal general del Estado investigado formalmente, por un presunto delito de revelación de secretos, aunque descartando la entidad delictiva de dicha nota de prensa.

Una situación inédita

No obstante, en los meses transcurridos desde que el TS encausara a García Ortiz, el pasado 16 de octubre, los hechos investigados se han ido ampliando hasta abarcar otra vez el citado comunicado y las presuntas filtraciones de las propias pesquisas contra González Amador y del correo electrónico que su defensa envió a Salto el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos tributarios y la falsedad documental de dos facturas, a cambio de un pacto de conformidad.

García Ortiz defendió desde el principio que aquella nota de prensa era necesaria para desmentir lo que consideraba un «bulo», en alusión a la información publicada previamente por varios medios de comunicación donde se decía que la oferta había partido del fiscal Salto.

Mientras tanto, las evidencias extraídas de los móviles «borrados» de García Ortiz, los pantallazos del Whatsapp de la fiscal provincial de Madrid con él mismo y varios de sus compañeros en los días clave, así como los testimonios de algunos fiscales que se negaron a participar en aquella 'operación' contra la pareja de la mayor rival política de Pedro Sánchez, han ido dibujando el escenario de lo ocurrido, con mayor detalle.

Llegados hasta este punto, se estima, según han apuntado fuentes judiciales a este diario, que ésta sea la última diligencia practicada en el asunto. Una vez los peritos policiales, cuestionados por García Ortiz, corroborasen que el formateo deliberado de los terminales incautados, tampoco permitieron recuperar la información a WhatsApp y Google quienes respondían al requerimiento de Hurtado con información negativa.

No obstante, esta misma semana la Abogacía del Estado, en nombre del fiscal general, ha pedido una nueva batería de diligencias, incluida la declaración como testigo de Carlos Neira, el abogado fiscalista de González Amador que envió el correo electrónico de la polémica al fiscal Julián Salto, ofreciendo reconocer dos posibles delitos a cambio de un pacto favorable. La defensa considera que su testimonio puede ser clave para archivar la causa, pero el juez aún no se ha pronunciado al respecto.