García Ortiz encarga a varios fiscales afines un informe con errores de la UCO para defenderse en el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ambos imputados ante el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, han arrancado la maquinaria de su defensa judicial, ante la posibilidad de enfrentar, próximamente, una acusación formal que les obligue a sentarse en el banquillo.

Por ello, y según ha podido saber El Debate en exclusiva, hace algunas semanas que ambos han puesto a trabajar a sus subordinados recopilando datos con los que desvirtuar, por una parte, los atestados policiales que se han ido entregando en el Alto Tribunal durante la instrucción del juez Ángel Hurtado; y, por otra, desacreditar la querella presentada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que, junto con la registrada por la pareja de Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, daban origen a las pesquisas penales abiertas contra ambos.

Así las cosas, García Ortiz habría encargado a varios de sus fiscales de confianza, alguno de ellos de la Secretaría Técnica del Ministerio Público, que recabasen un histórico de errores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en otros casos de relevancia pública o mediática. Es decir, ejemplos de cómo las conclusiones o las calificaciones jurídicas iniciales de los agentes asignados a los mismos resultaron, más tarde, archivadas, anuladas o desvirtuadas durante la fase de juicio, hasta la absolución de los acusados.

Un dossier con el que los expertos consultados por este diario consideran «previsible que buscará desacreditar la labor de los técnicos» que han intervenido en la inspección de los móviles y los ordenadores incautados durante el registro de su despacho oficial confirmando que habían sido «borrados» de forma «deliberada». Varios de los cuales declaraban como peritos, el pasado viernes, en la sede del Supremo para ratificarse en el dictamen en el que atribuyeron al fiscal general un «papel preeminente» en la filtración contra el novio de Ayuso.

A juicio de los mismos expertos, el histórico sobre la UCO «no afecta al caso concreto». Entre otras razones porque ni «la absolución es garantía de que haya habido un error policial», apuntan algunos fiscales, «ni el tribunal enjuiciador tiene por qué admitir las preguntas relacionadas» con otros procedimientos que, de entrada, «no tienen nada que ver con los hechos llamados a analizarse», añaden.

Cabe recordar que, durante el procedimiento, la Abogacía del Estado que representa a García Ortiz ha fracasado en su intento de lograr que, a través de diferentes recursos en varias ocasiones, tanto el magistrado Hurtado como la Sala Penal del Tribunal 'comprasen' su tesis sobre la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por la policía judicial.

Una maniobra que si bien no ha tenido resultados directos, podría «servir para construir una futura impugnación por amparo ante el Constitucional», como ya avanzó El Debate, incluso antes de que el fiscal general sea juzgado.

La Fiscalía al servicio de los imputados

En su periplo, García Ortiz podría estar acompañado por la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien por su parte habría estado haciendo «uso de los recursos de la Fiscalía para su propia defensa», denuncian varios miembros de la Carrera, ante un futuro y eventual procesamiento en el Supremo.

La titular de la Fiscalía madrileña, responsable de la nota de prensa emitida desde su área con datos protegidos de un particular, el empresario González Amador, «ordenó a cada uno de los más de veinte fiscales Decanos de la capital, bajo su mando, que confeccionasen un inventario de los acuerdos suscritos», en su jurisdicción, «desde que se produjo el escándalo» sobre la filtración de los mensajes cruzados entre el abogado de la pareja de Díaz ayuso y el entonces fiscal asignado a su causa tributaria, Julián Salto.

Una petición que se materializó coincidiendo con el «tramo final» previsto para la confección de la Memoria Anual de la Fiscalía y que Rodríguez justificó bajo el paraguas de que se trataba de información necesaria para la misma. Si bien en otras ocasiones era el propio Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) el que proporcionaba estas estadísticas, no sucedió así en este ejercicio, precisamente, porque la entidad profesional es una de las partes personadas en la causa penal del Supremo y, desde el arranque el pleito, dio por suspendidas, institucionalmente las conversaciones con el Ministerio fiscal.

Todos los decanos atendieron el requerimiento de su superior jerárquica en base al principio de «dación de cuentas», de acuerdo con el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público (EOMF). Algunos de ellos, incluso, proporcionando anonimizada la documentación correspondiente a cada uno de los pactos consumados.

En la Carrera albergan pocas dudas sobre el que podría ser un destino final del estudio: demostrar ante el Supremo, con los datos obtenidos, que «no tienen sustento» las razones por las que el ICAM acudió a los tribunales en representación del derecho de Defensa y la confidencialidad de las comunicaciones letrado-fiscal, prevista en la normativa aplicable a las conformidades.

Rodríguez «habrá pensado que si logra acreditar cómo a partir de la polémica suscitada desde el Ministerio Público, y con su propia actuación» no han quedado afectados «ni la normal operativa» de la herramienta de negociación, «ni el número de consensos alcanzados» tendrá la posibilidad de «diluir los argumentos del ICAM y desvirtuar una posible condena en base a los mismos», apuntan a El Debate algunos expertos. Los mismos que rechazan la metodología utilizada para lograrlo recurriendo a efectivos de la Institución fiscal para obtener resultados favorables a su «propia situación procesal».