El Gobierno, obligado a desvelar la paga que da a los inmigrantes y el coste de su sanidad que escondía

Esther Monzón, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, solicitó el pasado mes de abril al Gobierno central que, de manera «urgente» compensase económicamente a la comunidad autónoma, ya que estaba afrontando en solitario los gastos de atención sanitaria a los inmigrantes, lo que ha supuesto un coste de 26 millones en 2024. Una cifra que es solo la punta del iceberg de una cuestión de mayor calado pues no existe cifra oficial del coste que genera la inmigración irregular a las arcas públicas, no solo en asistencia sanitaria sino en muchos otros ámbitos como la seguridad o los servicios sociales.

Las únicas cifras desveladas por el Gobierno hasta ahora son las cifras derivadas de la declaración de emergencia de octubre de 2023, que a cierre de 2024 está cifrada en 431.379.882,96 euros. Esta declaración tuvo una dotación inicial de 76 millones de euros y se ha ido prorrogando en el tiempo. De hecho, el 20 de febrero de 2024 se realizó una ampliación por 60,6 millones de euros, mientras que el 1 de marzo de 2024 se aprobó una tercera, hasta el 31 de julio de 2024, por un importe total de 116.462.980 euros.

Posteriormente, con fecha 16 de mayo de 2024 se extendió la cobertura hasta el 30 de septiembre de 2024, por un total de 116.431.540,97 euros, y finalmente, con fecha 23 de septiembre de 2024 se realizó una quinta ampliación, extendiéndose la cobertura de esta hasta el 31 de diciembre de 2024, por 137.885.285,99 euros.

Aun así, el coste total de la inmigración ilegal es todo un misterio, pues solo existen estimaciones, como la que publicó El Debate, en la que explicaba que la entrada ilegal al país de 57.000 extranjeros en 2023 supuso un gasto superior a 2.000 millones de euros en asistencia, salvamento, vuelos, defensa jurídica y tutela.

De hecho, el Gobierno no ha contestado a las preguntas de este periódico, solicitando el «importe económico que se concede a cada inmigrante» y a cuánto ha ascendido el montante total desembolsado, tanto para ayudas directas como en coberturas sanitarias, además de informar acerca de si existen o no convenios con entidades bancarias para facilitar dichas asignaciones a los inmigrantes.

El Consejo de Transparencia, contra la opacidad informativa del Gobierno

Sin embargo, una vez más el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a través de su resolución 2025-0467 del pasado 24 de abril, ha obligado a la ministra Elma Saiz a aclarar estas cifras, ya que es una cuestión de dominio público. El Consejo abronca al Ministerio por su obstruccionismo al ejercicio del derecho de acceso a una información púbica y por no atender tampoco los requerimientos efectuados en el procedimiento instado por su silencio.

El departamento dirigido por Elma Saiz debe hacer públicos unos datos cruciales para entender la dimensión del problema migratorio en España y que se empeña en ocultar, al igual que tampoco ha facilitado los contratos que ha suscrito con las diferentes aerolíneas para el traslado de los inmigrantes a la península, algo que tendría que haber explicado a finales de año, pero que se resiste a remitir.

Además, sigue sin explicar cuántos viajes se han realizado y el coste exacto de todos estos traslados, con la excusa de que «dependerá de la justificación que los proveedores presenten por los servicios efectivamente prestados y realizados», aunque ya avisó de que no sería capaz de precisar el número total de viajes realizados este 2024, puesto que no los gestiona directamente y para hacerlos públicos tendría que «cruzar diversas fuentes de información».

De esta forma, al Gobierno se le acumulan sobre la mesa varios requerimientos del CTBG en materia de inmigración pues se resiste a hablar abiertamente del coste que genera la llegada masiva de personas a las costas de manera ilegal, aunque sí que dedica un buen pellizco, 2 millones de euros, en publicitar su gestión.