El juez Marchena: «Si el poder político censura a los jueces, cualquier reforma parece sospechosa de buscar el control de sus decisiones»

Manuel Marchena, (Las Palmas, 1959), accedió en 1985 a la carrera judicial en la 31º promoción, por oposición, optando en un principio por la carrera fiscal. Ejerció como tal en la Audiencia Territorial de Las Palmas y desde 1992-1994 siendo fiscal en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Desde 1994 hasta 1996 ejerció como fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hasta que en 1996, de nuevo, fue nombrado nuevamente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

En 2004, mediante el Real Decreto 1479/2004, de 18 de julio, fue nombrado fiscal del Supremo, siendo adscrito a la sección de lo Penal, donde permaneció hasta 2007, año en el que accedió como magistrado del Alto Tribunal, designado por el Consejo General del Poder Judicial, para la Sala Segunda, que presidió durante una década, cargo que desempeña hasta la actualidad.

Es, además, profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid desde 2023.

- La Justicia amenazada, ¿por qué?. Y, sobre todo, ¿por quién?

- Mire, yo creo que las amenazas a la Justicia forman parte de la historia. El poder político es metastásico, tiende a neutralizar cualquier forma de control. Cuestión distinta es que en la actualidad esas amenazas nos enfrenten a escenarios inéditos. La crisis del Consejo General del Poder Judicial, afortunadamente, en vías de solución; la insólita situación en la que se encuentra el Ministerio Fiscal y, en fin, la normalización de las referencias al lawfare no han contribuido precisamente a la consolidación del Estado de Derecho.

- ¿Alguna vez imaginó algo parecido cuando preparaba su oposición?

-Le aseguro que cuando eres opositor tu única preocupación es estudiar el tema del día siguiente. Dicho esto, creo que el panorama actual era imprevisible para cualquier jurista.

El Gobierno ha presentado un proyecto de ley para modificar el sistema de acceso de jueces y magistrados y «estabilizar» a 1000 profesionales… Atravesamos un momento de crisis. Los ataques a los jueces quieren minar la credibilidad del Poder Judicial. En este contexto, creo que es absolutamente contraproducente cualquier reforma de ese alcance. Cuando el poder político censura y descalifica abiertamente a los jueces, una reforma que afecte al sistema de ingreso en la carrera judicial siempre va a estar bajo la sospecha de que su verdadero objetivo es hacerse con el control de las decisiones judiciales.

Cuando el Constitucional deja sin efecto resoluciones judiciales del Tribunal Supremo, o de cualquier otro tribunal, indicándole cómo tiene que interpretar las normas penales, está desbordando su marco funcional

- Usted arrancó su carrera profesional como fiscal, ¿qué le parece que se transfiera la instrucción penal al Ministerio Público?

- Bueno, un matiz. Mi primer contacto con el mundo del Derecho fue como abogado y guardo maravillosos recuerdos de esa época. Luego, es cierto, accedí a la carrera fiscal. Debo decirle que siempre he sido partidario de atribuir al fiscal la investigación. El juez de instrucción no puede seguir siendo un policía togado, tiene que ser el órgano que garantice los derechos fundamentales del investigado y ponga límites a los excesos en la investigación. Pero vuelvo a decirle lo mismo, cualquier intento de cambiar en la actualidad el órgano instructor será interpretado como el instrumento para el control de las investigaciones penales. No puede promoverse una reforma de ese calibre cuando la credibilidad de las instituciones está por los suelos.

- ¿Es viable que un fiscal general procesado continúe en su cargo?

- Sería un insensato si yo hiciera la más mínima alusión a la situación procesal del fiscal general del Estado.

- ¿No es todo lo anterior, en realidad, una suerte de lawfare inverso?

- Me siento incapaz de adentrarme en el concepto que usted me propone de «lawfare inverso». De hecho, creo que el concepto de lawfare, cuyo uso se ha apoderado del día a día del debate político, se está utilizando de forma errónea.

El actual nivel de descalificación de los jueces puede abonar el terreno para interpretar la petición de suplicatorio como un acto de persecución injusta

- En el libro plantea una tesis inédita sobre la posibilidad de que el Congreso deniegue el suplicatorio al Supremo, ante futuros procesamientos de diputados, salpicados por corrupción…

- Mire, he intentado hacer un ejercicio imaginativo sobre situaciones que todavía no hemos vivido en nuestra reciente historia, pero que pueden llegar a presentarse. El nivel de descalificación de los jueces puede abonar el terreno para interpretar la petición de suplicatorio como un acto de persecución injusta. Pero prefiero seguir moviéndome en ese escenario puramente imaginativo. Estoy seguro de que no llegaremos a esa situación.

- ¿Cómo y quienes, en su opinión, están llamados a defender la Justicia?

- Todos. Una sociedad que no cree en sus jueces se sitúa al borde del precipicio. A todos nos afecta. A ustedes también, los profesionales que día a día informan de las noticias judiciales.

- ¿Estaría de acuerdo con una huelga de jueces, magistrados y fiscales?

- Es un tema muy debatido, abierto. De hecho, creo que hay argumentos más que razonables para defender una u otra tesis. Sea como fuere, le diré que yo no pertenezco a ninguna asociación y no me he sumado a ninguna huelga.

- Si bien el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial ha enmendado algunas sentencias de la Sala Segunda del Alto Tribunal, incluso, cambiando su propia doctrina sin precedentes…

- El Tribunal Constitucional, desde luego, puede otorgar el amparo frente a vulneraciones de derechos fundamentales. Ése es su papel y ése tendría que ser su escenario, pero sólo ése. Cuando se dejan sin efecto resoluciones judiciales del Tribunal Supremo o de cualquier otro tribunal indicándole cómo tiene que interpretar las normas penales, está desbordando su marco funcional.

- ¿Qué papel jugará Europa en este escenario?

- Para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie tendríamos que plantear una cuestión prejudicial. Hemos promovido ya algunas, pero no sobre este tema en concreto. Veremos si el desarrollo de los acontecimientos así lo sugiere y la Sala así lo decide.