El ‘tres’ de Montero supervisaba los recursos de empresas a las que luego perdonaba sanciones millonarias desde Hacienda

El presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, dependiente de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supervisó personalmente la redacción de recursos administrativos que, una vez presentados por empresas sancionadas por la Agencia Tributaria, se resolvían a su favor desde el tribunal que presidía. Gracias a este mecanismo, varios empresarios lograron eludir el pago de sanciones que, en su mayoría, ascendían a cifras millonarias. Según desveló El Debate la semana pasada, Marco Sanjuán no sólo preparaba estos recursos para facilitar su posterior aprobación sino que además cobraba dinero de estas compañías. Lo hacía utilizando un sofisticado sistema de sociedades interpuestas y amigos personales como testaferros para ocultar el origen real de los pagos y dificultar el rastreo de las operaciones.

Este periódico desvela hoy en exclusiva uno de los casos más reveladores de esta mecánica, el de la empresa Refinería Olmedo SA, perteneciente a la cooperativa azucarera Acor. El 27 de junio de 2013, Refinería Olmedo suscribió un acta de disconformidad porque no aceptaba abonar a Hacienda tres sanciones fiscales impuestas que sumaban 1,2 millones de euros. En concreto, una por 533.133,12 euros, otra por 370.345,85 euros y una tercera por 294.503,92 euros. Es decir, que la empresa manifestó su intención de recurrir las sanciones ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, que en aquel momento presidía el propio Marco Sanjuán. Y fue justo entonces cuando comenzaron los movimientos que incriminan de lleno a este alto cargo del Gobierno.

El 11 de julio, antes de presentar el recurso, Marco Sanjuán supervisó desde su ordenador del Ministerio de Hacienda los borradores de los escritos que la compañía tenía previsto interponer. En los registros de los servidores del ministerio consta cómo el ‘tres’ de Montero revisó los documentos, en los que se introdujeron varios cambios, y se los devolvió directamente a José Ignacio Lamas, uno de los máximos responsables de Acor en ese momento. La operación, que ya de por sí vulnera la neutralidad que se le presupone a un tribunal administrativo, fue además cuidadosamente ejecutada para tratar de dificultar su trazabilidad.

Una vez terminadas las revisiones, Marco Sanjuán se envió a sí mismo los documentos desde su correo electrónico oficial, cuyo dominio era ‘minhap.com’ —correspondiente al Ministerio de Hacienda y Función Pública—, a una cuenta personal que utilizaba fuera del entorno institucional. De esta manera, borraba el rastro oficial del envío. Sin embargo, el movimiento quedó igualmente registrado. Una vez fuera del circuito interno del ministerio, los documentos fueron reenviados desde el correo personal del alto cargo al e-mail del directivo de Acor. En total, Marco Sanjuán repitió esta táctica al menos en tres ocasiones distintas y envió ocho documentos editados revisados por él mismo y plagados de anotaciones precisas sobre qué incluir y cómo plantear los recursos que él después estimó de forma favorable y, por consiguiente, las sanciones interpuestas a la azucarera fueron anuladas.

El primer envío de documentos tuvo lugar el 11 de julio, el mismo día en que la empresa comunicó formalmente su intención de presentar recurso. A las 18:01 horas, los archivos salieron del correo institucional de Marco Sanjuán y llegaron a su cuenta personal. Cuatro minutos más tarde, a las 18:05 horas ya estaban en manos del directivo de la azucarera. En ese mensaje concreto iban adjuntos tres documentos de Word. En el encabezado del primero figuraban el nombre de la empresa sancionada, Refinería Olmedo SA, el número de expediente sancionador y, en el concepto, la referencia «Impuesto sobre Sociedades». El documento estaba dirigido al inspector jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria de Castilla y León y explicaba que el 27 de junio de ese mismo año la compañía había recibido la notificación oficial de una de las sanciones.

El escrito, como los demás, fue enviado por vía oficial al día siguiente. Y ese mismo día, antes de que se formalizara la presentación del recurso ya había sido supervisado por Marco Sanjuán, que, en su condición de presidente del tribunal encargado de resolver el caso debía mantenerse al margen del proceso y garantizar su imparcialidad. Los documentos contenían modificaciones sustanciales en la redacción que favorecían de forma decisiva los intereses de la empresa. Como publicó este periódico la semana pasada, tras estimar favorablemente los tres recursos y anular a Acor las sanciones que sumaban un total de 1,2 millones de euros, Marco Sanjuán cobró 24.200 euros. Pero lo hizo utilizando un circuito societario cuidadosamente diseñado para entorpecer el seguimiento del dinero.

En lugar de recibir los pagos directamente, el ‘tres’ de Montero recurrió, a través de Investment Betancunia SL, una sociedad instrumental de su propiedad, a personas de su absoluta confianza: Enrique Lahuerta Tornos y Gonzalo Perdrix Ecequiel, que pusieron a disposición de Marco Sanjuán sus respectivas sociedades para facturar a la azucarera las cantidades acordadas. Uno de ellos, Gonzalo Perdrix, es subinspector de Hacienda en excedencia y propietario de varias gasolineras. Además, comparte con Marco Sanjuán intereses en negocios inmobiliarios en Tarragona. Una vez que las sociedades de sus amigos cobraban de la empresa, Marco Sanjuán les giraba a ellos facturas por la misma cantidad, cerrando así el círculo y logrando que el dinero acabara en sus manos sin figurar como el receptor.

Este periódico también ha publicado que Marco Sanjuán, en esta ocasión directamente él solo desde Investment Betancunia SL, mandó dos facturas por valor total de 4.780 euros a Discomtes Valladolid SL justo después de que el tribunal que él presidía anulara a la compañía una sanción de 64.000 euros que Aduanas, dependiente de la Agencia Tributaria, había impuesto a la empresa.

Marco Sanjuán está considerado el número ‘tres’ de Montero por su posición jerárquica dentro del Ministerio de Hacienda. Está debajo de la ministra y del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y ocupa un cargo de máxima responsabilidad como presidente del TEAC. Tiene rango de director general y dependencia directa de la secretaría de Estado. Su función es clave en la resolución de conflictos tributarios y su proximidad con la cúpula del ministerio refuerza su peso dentro del organigrama.