Los incesantes ataques del Gobierno de Sánchez a los jueces

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una cruzada contra los jueces que investigan al entorno familiar y político del presidente del Ejecutivo. En varias ocasiones y en público los ministros han vertido graves acusaciones contra los magistrados, incluso insinuando que algunos prevarican por investigar al entorno más cercano de Sánchez, como es el caso de su mujer, Begoña Gómez, que se encuentra imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, o de su hermano, David Sánchez, procesado por los delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias por el puesto que obtuvo en la Diputación de Badajoz.

El Ejecutivo también defiende por completo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pesar de estar imputado por un presunto delito de revelación de secretos sobre el empresario Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha dictado un auto esta semana por el que manda a juicio al fiscal general al considerar confirmados los indicios de delito.

El Gobierno de Sánchez ha optado por atacar directamente al juez Hurtado. «Es evidente a estas alturas que hay jueces que están haciendo cosas difíciles de entender», señaló la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes. La portavoz también negó que el fiscal general recibiera instrucciones por parte de Moncloa en la causa contra la pareja de Ayuso. «Aprovecho para negar rotunda y categóricamente que hubiese habido instrucciones por parte de Presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado. Esto no sucedió nunca. Lamentamos mucho que el Tribunal Supremo haya hecho este tipo de afirmaciones sin ninguna prueba», recalcó.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, fue más allá en la defensa del fiscal general del Estado. López calificó de «aurora boreal» el auto del magistrado Hurtado y que era «desolador el mensaje» que manda la resolución judicial. «No hay pruebas de lo que señala, sino de todo lo contrario. Cualquier delincuente que denuncie a quien le está investigando va a tener éxito», señaló en declaraciones a La Hora de La 1 de TVE este martes.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no dudó tampoco en sugerir que el juez del Tribunal Supremo ha prevaricado para procesar al fiscal general del Estado. Bolaños negó «categóricamente» que desde la Presidencia del Gobierno se diera instrucciones a Álvaro García Ortiz, lamentando que el Supremo haga «una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria».

«Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto... El Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito», aseguró el ministro socialista este martes en declaraciones a los medios tras participar en un acto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ataques contra el juez Peinado

Otro de los jueces que se encuentran en el punto de mira es Juan Carlos Peinado, el juez que instruye el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. El propio presidente del Gobierno interpuso una querella contra él. Lo hizo a través de la Abogacía General el Estado, órgano que depende de la Presidencia del Ejecutivo y que presta asistencia jurídica a las instituciones públicas.

En esta querella se aseguraba que Peinado estaba realizando «interpretaciones artificiosas», al tiempo que acusaba al magistrado de «contravenir la doctrina existente» en la causa contra Begoña Gómez.

«Lo verdaderamente buscado con estas actuaciones en todo lo que atañe a la Presidencia del Gobierno es darle una publicidad que precisamente es incompatible con el régimen de toma de declaración en estos casos y no la eficacia procesal o investigación alguna, partiendo de inferencias donde no puede haberlas o haciendo interpretaciones forzadas o artificiosas de preceptos legales o principios procesales», recogió el documento, acusando a Peinado también de «convertir un derecho procesal de ciertos testigos en una fuente infundada de inferencias con efectos procesales, con mención indirecta para ello de una doctrina en absoluto aplicable al caso y que contraviene la de la institución de la dispensa de declaración».

Esta querella contra el juez Peinado por prevaricación fue interpuesta después de que Pedro Sánchez declarase como testigo en La Moncloa por los negocios de su mujer. El dirigente socialista se negó a declarar acogiéndose a su derecho por parentesco recogido en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Su mujer Begoña Gómez también se acogió a su derecho a no declarar en su condición de investigada. La querella fue rechazada el pasado mes de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Félix Bolaños también ha acusado, sin llegar a expresarlo específicamente, de prevaricación a Juan Carlos Peinado. Sí que le ha acusado de ser «imparcial». Así se mostró el pasado 6 de mayo en declaraciones a los medios a su llegada al Senado, después de que el magistrado citase a declarar al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, como investigado por un presunto delito de malversación por su posible participación en la contratación de la asistente de la mujer del presidente del Gobierno, cuando era secretario general de la Presidencia.

«Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada, es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de este país», sostuvo el ministro de Justicia en declaraciones a los periodistas.

Por su parte, Óscar López llamó indirectamente «prevaricador» al juez Peinado. Lo hizo a través de las redes sociales, adjuntando una captura de pantalla del significado de la palabra prevaricación en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), acompañado del texto «palabras de actualidad» poco después de conocerse la imputación del delegado del Gobierno en Madrid.

Para el ministro de Transformación Digital, el juez Peinado «admitió a trámite una denuncia, una querella con una base de reporte de prensa que luego se han demostrado falsos», en relación a la causa por la que está siendo investigada la mujer de Sánchez. «Y lo cierto es que sigue pedaleando en una causa que no va a ningún sitio», recalcó en declaraciones a los medios el pasado 7 de abril.

En esta misma línea también se ha mostrado Pilar Alegría. El pasado 1 de octubre, la portavoz del Gobierno acusó al magistrado de llevar seis meses de instrucción «pedaleando en la nada». «Cuando echamos la vista atrás vemos que llevamos seis meses de instrucción pedaleando en la nada donde además se ha solicitado un informe a la Guardia Civil, en este caso dos informes sólidos y solventes donde trasladan lo que venimos diciendo desde el primer momento, que no hay caso», señaló en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de aquel día. «Es un capítulo más que ya no sorprende a nadie», destacó, al tiempo que aseguró que todo es «claramente una campaña política de acoso y derribo» contra Pedro Sánchez.

La jueza que investiga al hermano de Sánchez, también en el punto de mira

Por supuesto, el Ejecutivo de Sánchez ha cargado también contra la jueza Beatriz Biedma, que instruye el caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Félix Bolaños, a pesar de ser el ministro de Justicia, también ha cargado duramente contra la magistrada. El pasado 23 de mayo en declaraciones a los medios criticó a la jueza Biedma por sentar en el banquillo al hermano del presidente del Ejecutivo. «No es nada habitual que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial», recalcó ante los medios antes de comparecer aquel día en la Comisión de Justicia del Senado.

El ministro de Justicia calificó de «sorprendente» la actuación de la magistrada. «Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial, y menos sin conocer cuál es la decisión del tribunal superior, en este caso la Audiencia Provincial», afirmó Bolaños.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alegó el pasado 23 de mayo durante un acto en Huelva que la investigación al hermano de Sánchez está basada «a raíz de una mentira, de un bulo impulsado por la ultraderecha». La dirigente socialista defendió también que esta investigación está ideada para «atacar al entorno del deje del Ejecutivo». «Se inician investigaciones que, antes de que lleguen a una sentencia, ya han hecho un recorrido en la prensa en la que se trata de atacar, de deshumanizar a la persona del presidente», añadió.