La trama navarra de Cerdán destapada por El Debate que amenaza con hacer implosionar el Gobierno de Chivite

El escándalo que sacude al PSOE por las mordidas vinculadas a Santos Cerdán que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha provocado una tormenta política en Navarra que amenaza con hacer implosionar el Ejecutivo que preside la socialista María Chivite. Lo que comenzó como una investigación policial secreta cuyas primeras pesquisas fueron publicadas por El Debate hace más de un mes sobre la adjudicación de una obra pública ha terminado golpeando de lleno al corazón del socialismo navarro, forzando dimisiones, encendiendo la presión judicial y poniendo en duda la continuidad del Gobierno autonómico.

El pasado 12 de junio, Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, presentó su dimisión tras hacerse público que la UCO le investigaba por haber cobrado comisiones ilegales a través de una empresa constructora navarra llamada Servinabar 2000 SL. Los registros practicados por los investigadores revelaron que Cerdán habría suscrito en 2016 una escritura privada por la que adquiría el 45 % de esta sociedad, que en los últimos años se ha visto beneficiada con varios contratos millonarios del Gobierno foral.

Uno de los proyectos bajo sospecha es la adjudicación de las obras para duplicar el túnel de Belate, por un valor de 76 millones de euros. La licitación fue concedida en diciembre de 2023 a una UTE formada por tres empresas: Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar. Esta última, según consta en sus últimas cuentas, cuenta con solo dos empleados fijos. A pesar de ello, la UTE obtuvo la mayor puntuación del concurso, imponiéndose por tan solo 1,37 puntos a la segunda mejor oferta. El escándalo no ha tardado en cobrarse sus primeras víctimas políticas. Ramón Alzórriz, hasta hace pocos días portavoz socialista en el Parlamento foral y vicesecretario general del PSOE de Navarra, dimitió este martes tras conocerse que su pareja había trabajado para Servinabar. La presidenta Chivite aseguró haberse enterado por la prensa y le pidió la renuncia fulminante por «pérdida de confianza».

El pasado 19 de mayo, este periódico publicó en exclusiva que la Guardia Civil investigaba si Santos Cerdán había cobrado comisiones ilegales a través de una empresa amiga a cambio de adjudicaciones públicas en Navarra. Fue la primera vez que salía a la luz que los investigadores vinculaban al dirigente socialista con Servinabar 2000 SL. Según confirmó este periódico entonces, la investigación arrancó a finales de 2024 a raíz de una denuncia presentada en la Jefatura de la Guardia Civil de Pamplona. Durante más de una hora, el denunciante aportó documentos sobre un presunto amaño en la adjudicación de la obra del túnel de Belate. En su declaración señaló directamente a Servinabar como «la empresa donde Santos Cerdán cobra las comisiones». La UCO analizó los documentos y solicitó la apertura de diligencias secretas.

La relación entre Cerdán y el propietario de Servinabar se remonta a casi dos décadas atrás. Ambos se conocieron en Milagro, localidad natal del dirigente socialista. En 2007 colaboraron en un ambicioso proyecto urbanístico bautizado como Ciudad de Vacaciones, que no llegó a ejecutarse y quedó envuelto en rumores de corrupción. Desde entonces, sus vínculos empresariales no dejaron de entrelazarse. En 2018, ya bajo el Gobierno foral de Uxue Barkos, Servinabar obtuvo un contrato para reformar el Archivo General de Navarra, pese a figurar en ese momento como una gestoría y no como una empresa constructora y la obra sufrió retrasos y sobrecostes. Inicialmente, se denegó la solicitud de una prórroga y una ampliación presupuestaria de 467.921,91 euros pero en 2019, ya con el PSOE al frente del Ejecutivo y María Chivite como presidenta, la petición fue finalmente aceptada. El consejero de Cohesión Territorial en ese momento era Bernardo Ciriza, hombre de confianza de Cerdán.

El círculo se cierra cuando se constata que, entre 2021 y 2024, Servinabar pasó de ser una firma casi desconocida a beneficiarse de contratos públicos por decenas de millones de euros. Y, según los documentos intervenidos por la UCO, parte de esos fondos podrían haber servido para financiar comisiones en negro. Desde que estalló el caso, Chivite ha tratado de tomar distancia de la figura de Cerdán. En una rueda de prensa, aseguró sentirse «personal y políticamente traicionada» por quien consideraba un amigo y defendió que no hay ninguna prueba de ilegalidad en las adjudicaciones. Anunció también la apertura de una auditoría externa sobre los contratos adjudicados a Servinabar, una investigación de la Cámara de Comptos y una revisión por parte de la Oficina Anticorrupción de Navarra. Además, el Gobierno foral ha anunciado que se personará como acusación particular en el caso para defender los intereses de la Hacienda navarra.

El PP de Navarra y UPN han solicitado la creación de una comisión de investigación tanto en el Parlamento navarro como en el Senado, donde ya se tramita la conocida comisión del caso Koldo. En ella se espera la comparecencia de Cerdán, Alzórriz y de varios altos cargos del Ejecutivo foral. También se baraja la citación de la ministra Elma Saiz, anterior consejera de Hacienda en Navarra, por su posible conocimiento del entramado de adjudicaciones. Mientras tanto, la investigación judicial avanza. El magistrado Leopoldo Puente, encargado del caso, ha citado a declarar a Cerdán tras apreciar «indicios racionales de delito» y el dirigente socialista acudirá el Tribunal Supremo el próximo 25 de junio.