Justicia recrudece las presiones sobre el bloque izquierdista del CGPJ, un año después de su última renovación

Un año atrás, por estas fechas, el Partido Popular y el PSOE alcanzaban un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bajo la atenta mirada de Europa. Si bien la ocasión no sirvió para, de una vez por todas, modificar el sistema de elección de los veinte vocales que conforman el órgano –y que fueran directamente elegidos tanto por, como de entre, los jueces y magistrados a los que representan–, al menos, sentó las bases del compromiso de hacerlo en los seis meses inmediatamente posteriores.

Desde entonces, y lejos de los buenos propósitos manifestados por Gobierno y oposición para despolitizar el Pleno del Consejo, que todavía no ha llegado a un consenso sobre el anteproyecto de ley comprometido, han sido una constante los intentos del Ministro de Justicia, Félix Bolaños, por fiscalizar su actividad ordinaria, con especial atención a determinados nombramientos, algunos de los cuales siguen severamente encallados.

Así las cosas, de entre las más de ciento sesenta designaciones pendientes, heredadas por el actual CGPJ, tras la prórroga del anterior, ya se han producido cerca de ciento veinte, con dos excepciones significativas: las Presidencias de la Sala Segunda de lo Penal y la Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Ambos son puestos clave ya que la primera es la encargada de investigar el procés, las causas de corrupción que salpican al Ejecutivo o juzgar a los aforados como, por ejemplo, el fiscal general del Estado, mientras que la segunda está llamada a revisar, entre otras, las decisiones que toma el colegiado Consejo de Ministros.

Las presiones recibidas por los miembros del ala izquierda del órgano, desde el Gobierno, para que no aceptasen a ningún candidato a dichas vacantes, fuera de las propuestas oficialistas, bloquearon cualquier posibilidad de acuerdo entre los vocales del Pleno. Y es que, lejos de computar el prestigio, trayectoria o independencia de los aspirantes, sin buscar su afinidad ideológica a ningún partido político, las indicaciones de La Moncloa no resultaron favorables a ninguno de los perfiles alternativos. Razón por la cual, según apuntan varias fuentes a El Debate, a la orden de Bolaños el bloque más próximo al Gobierno se mantiene en su posición de no respaldarlos.

Casi de forma ritual y sistemática, en cada uno de los acuerdos adoptados por el Pleno, a lo largo de los últimos doce meses, ha sido necesario para el sector zurdo del CGPJ contar con el visto bueno de aquellos que decidieron auparles al puesto. De tal suerte que, incluso, con algunos textos, documentos y nombres ya consensuados entre los consejeros, tras intensas negociaciones, quedaban frenados por una llamada recibida a las 22.00 de la noche anterior a cerrarlos.

La más reciente, durante el tira y afloja en el Pleno convocado este pasado viernes para tratar la cobertura laboral del derecho de huelga de los jueces. Una reunión tensa de la que emanaba, por unanimidad en algunos de sus puntos, un documento de mínimos en el que se decidió mantener la posición histórica del Consejo sobre el asunto: el órgano no puede pronunciarse sobre algo que no está regulado normativamente.

Ni rastro de la propuesta de más de 30 puntos en la que nueve de los diez vocales izquierdistas aspiraban a declarar la ilegalidad de las protestas de jueces y magistrados, bajo amenaza de sanciones. Las mismas que, horas más tarde, Bolaños exigía al órgano aplicar a los profesionales que, a partir de los días 1, 2 y 3, se mantengan en su determinación de manifestarse, precisamente, contra los dos proyectos de reformas legales que llevan su nombre.