La financiación irregular del PSOE avanza en el Supremo tras el informe sobre las cuentas de Ábalos

Una diferencia de más de 36.000 euros en las entregas que el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, efectuó al PSOE. De los 44.729,29 euros que el ex secretario de organización de los socialistas declaró haber donado al partido a los 8.471,36 euros que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han podido localizar en sus cuentas bancarias.

Un desfase que ha llevado al Supremo, donde se sigue la causa especial de la que ha derivado el informe técnico, a poner, de nuevo, los medios necesarios para requerir a Ferraz que certifique las cantidades aportadas por el que fuera su número dos. Apoyado en las conclusiones dictadas por los agentes asignados a la investigación, el juez Leopoldo Puente se dirigía a los socialistas para que detallasen pagos de Ábalos a su favor «en concepto de donación o por cualquier otro motivo».

No en vano, las conclusiones a las que llegaba la Guardia Civil en su dictamen, resultado del encargo por el que el magistrado pidió rastrear y analizar el patrimonio del ex ministro de Transportes y de su hijo Víctor, el pasado mes de febrero, aconsejaban «conocer todas las donaciones realizadas por Ábalos» a su partido «desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive».

Ésta es la segunda vez en la que en el Alto Tribunal se desliza la sombra de una presunta financiación irregular del PSOE, en el marco del caso que se sigue contra el núcleo duro de la formación –designado por Pedro Sánchez – que, también, lo era en el Gobierno. Una tríada, aparentemente, conformada por el propio Ábalos, su ex asesor Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán a quienes se está fiscalizando por conformar una supuesta «organización criminal» concertada para fijar sobrecostes en el material sanitario comprado durante la pandemia y adjudicar contratos amañados de obra pública, previo pago de 'mordidas'.

Por su parte, el PSOE emitía un comunicado, nada más conocerse el detalle de las actuaciones, en respuesta a la petición del juez Puente, en relación con el dinero de Ábalos. Los diputados «cobran su sueldo del Grupo Parlamentario Socialista, no del Congreso», se apresuraban a confirmar y, a renglón seguido, añadían cómo de dicho salario «se detrae la aportación voluntaria» que cada uno de ellos quiera destinar «directamente» al partido y que es diferente de la cuota que –«como todos los militantes» de la formación– han de pagar a Ferraz.

En cualquier caso, cualquiera de los importes percibidos fueron declaradas ante la Hacienda pública, a través de la Agencia Tributaria (AET) y «fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, en aplicación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos», apostillaban desde el PSOE conscientes de que la sombra de una presunta financiación ilegal planea sobre ellos, en especial, desde que se hiciese público el denominado 'informe Cerdán'.

Cabe recordar que dicho informe, que ahora se complementa con el dictamen económico sobre Ábalos, introdujo en el marco de la causa del Supremo la posibilidad de una financiación irregular en el PSOE que iría más allá de las mordidas «gestionadas» por el mismísimo Santos Cerdán, y que presuntamente se repartieron con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Si bien es cierto que los agentes policiales no se han pronunciado, de manera expresa hasta la fecha, con el término de financiación irregular, sí relataron varios indicios que habrían permitido a la Fiscalía Anticorrupción, y al propio magistrado instructor, poner el foco sobre esta tesis.

El hito más relevante que, posiblemente, a Ábalos y a Koldo les expulsaron tras romper la omertá de la que era guardián Santos Cerdán. Es decir, por hacer negocios «a espaldas del partido», tal y como se desprendía de una conversación en la que el empresario José Ruz, propietario de la empresa Levantina Ingeniería y construcción (LIC), afirmó que no era bueno «para la ganadería» dejar a algunas empresas «fuera del baile». A ojos de los agentes la ganadería era una referencia en clave al PSOE.

En otro sentido, una grabación en la que Koldo advirtió al director general de Carreteras, Javier Herrero, imputado con su ex jefa de Adif, Isabel Pardo de Vera, de que recibiría una llamada de la Gerencia del PSOE para «pedirle el impuesto». Una expresión que podría interpretarse como un pago al partido, de la misma naturaleza de los que se están depurando en el caso del ex titular de Transportes, José Luis Ábalos.