Cartel indicativo de la cárcel de Pamplona
Covite denuncia el enésimo tercer grado que se concede a asesinos etarras sin arrepentimiento
Javier Gallaga Ruiz, asesino de dos militares, saldrá de prisión sin otro requerimiento que regresar para dormir de lunes a viernes
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la concesión del tercer grado al etarra Francisco Javier Gallaga Ruiz, condenado por los asesinatos del peluquero militar Domingo Puente Marín en 1997 y de Miguel Ángel Ayllon Díaz González en 1996, por considerarlo «fraudulento».
Se trata de la enésima concesión de un tercer grado que, igual que sucedió con el acercamiento de los etarras a las cárceles vascas, están adquiriendo ya una periodicidad que demuestra que no es un tratamiento personalizado como asegura el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sino que forma parte de un plan programado para sacar a todos los etarras de las cárceles.
Gallaga Ruiz «sigue totalmente vinculado a la izquierda abertzale, lo que evidencia su falta de arrepentimiento, requisito legal imprescindible para acceder a este régimen penitenciario», ha señalado Covite este jueves en un comunicado.
Prueba de ello, afirma el colectivo de víctimas, es que fue exhibido públicamente el pasado 5 de julio en la localidad vizcaína de Plencia durante la 'Itsas Martxa', un festival en el que «se exalta por igual a presos de ETA ligados a Sortu y a los disidentes, razón por la que es considerado uno de los actos más radicales y contrarios al arrepentimiento del entorno proetarra».
Al amparo de Otegi
«Es obsceno que se nos intente imponer un falso arrepentimiento de quienes están totalmente integrados en las estructuras de control de la izquierda abertzale, que les prohíbe expresamente el arrepentimiento desde hace muchos años y se encarga de recordarlo en público con frecuencia», ha afirmado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.
Y es que, tal y como publicó El Debate, los etarras acogidos a las líneas de la izquierda abertzale y, por lo tanto, integrados en el EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos en sus siglas en euskera) tienen prohibido mostrar arrepentimiento alguno y colaborar con la Justicia.
Ha censurado que el Gobierno Vasco sustenta el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en «cartas manuscritas que nunca se hacen públicas, mientras los etarras siguen dejándose instrumentalizar por la izquierda abertzale e imponiendo a las víctimas su exhibición pública constante».
A juicio de la presidenta de Covite, estas cartas son «una burla a este requisito legal» y un «insulto a las víctimas». «No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentidos», ha zanjado Ordóñez.
Último requisito de ETA
Ha considerado «vergonzoso» que el Gobierno Vasco y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es competente para recurrir los terceros grados, «den validez a esas cartas cuyas palabras siempre son desmentidas por los hechos».
La presidenta de Covite ha insistido en que «se está cumpliendo a rajatabla la última exigencia de ETA para dejar de matar que queda por cumplir en el final de ETA negociado», que fue «vaciar las cárceles de sus presos sin exigirles arrepentimiento y con trampas al Estado de Derecho».