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El furgón policial en el que se trasladó a prisión el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a la cárcel de Soto del Real

El furgón policial en el que se trasladó a prisión a Santos Cerdán a su llegada a la cárcel de Soto del RealEuropa Press

Instituciones Penitenciarias dejará de informar a la UCO de las visitas que reciba Santos Cerdán

Su secretario general, Ángel Luis Ortiz, considera que tras la recomendación del Supremo de atenerse a la normativa vigente, no tiene que informar

Instituciones Penitenciarias ha decidido dejar de informar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de las visitas que reciba el exnúmero 2 del PSOE, Santos Cerdán, en la prisión de Soto del Real (Madrid).

Según explica el secretario general de esta institución pública, Ángel Luis Ortiz, la UCO les envió un escrito en el que le pedían que les informara de las visitas que recibiera Cerdán «a ser posible con antelación» porque lo consideraban «de interés para las investigaciones».

Instituciones Penitenciarias contestó que «se está cumpliendo dicha solicitud». Pero en lugar de responder directamente a la UCO, decidió enviar la respuesta al Tribunal Supremo, a la sala que está investigando el caso de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. «Se está cumpliendo salvo que se ordene lo contrario».

Y es en este punto cuando el juez del Supremo Leopoldo Puente respondió que no hay ninguna resolución judicial que esta cuestión por lo que Instituciones Penitenciarias debía actuar «en los términos que considere normativamente conducentes».

Tras esa respuesta del juez, ahora Instituciones Penitenciarias ha decidido que no informará a la UCO de las visitas que Santos Cerdán reciba en la prisión de Soto del Real (Madrid).

El ex número tres del PSOE está investigado por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, junto al exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, entre otros imputados.

Fuentes de la defensa de Santos Cerdán destacaron la gravedad de la petición de la UCO, al considerarla un «atropello» del derecho de defensa del exdirigente socialista.

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