El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños
Consejo de Ministros Presidencia fuerza la ley de secretos en solo una semana, tras dos años aparcada, y rechaza objeciones de Defensa
La tramitación del anteproyecto de Ley de Información Clasificada, destinado a sustituir a la actual Ley de Secretos Oficiales de 1968, ha estado aparcada durante más de dos años, hasta que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes —cuyo titular es Félix Bolaños— decidió activarla de forma súbita la pasada semana.
El primer intento serio de avanzar en esta norma tuvo lugar en diciembre de 2022, cuando se solicitó un primer informe al Consejo de Estado. Sin embargo, la iniciativa quedó pronto en suspenso. Un año más tarde, entre abril y mayo de 2023, se dio un nuevo impulso y se volvió a requerir una valoración del Consejo de Estado, aunque esta vez de forma no oficial. No obstante, la disolución de las Cortes en mayo de ese mismo año provocó la retirada de la petición y, desde entonces —y hasta el pasado lunes 14 de julio— el proyecto desapareció del radar político y administrativo.
La única referencia pública a su continuidad fue su inclusión en el programa legislativo del Gobierno y, más recientemente, en un plan de regeneración democrática presentado en diciembre de 2024. En ese documento se recogía la voluntad de reformar la Ley de Secretos, una de las más antiguas del ordenamiento jurídico español.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños
Tras más de dos años sin noticias, de repente Presidencia ha forzado la maquinaria y en una semana se ha elevado al Consejo de Ministros. El nuevo texto del anteproyecto comenzó a circular el pasado lunes, 14 de julio. Se trataba esencialmente del mismo texto de 2023, con escasas modificaciones. Presidencia otorgó entonces un plazo de un día para que todos los ministerios afectados emitieran sus observaciones. En paralelo, el proyecto fue incluido en el índice de la Comisión General de Subsecretarios del jueves 17 de julio.
Fuentes consultadas consideran que la reactivación inesperada del proyecto responde a la necesidad del Ejecutivo de cumplir compromisos adquiridos con sus socios parlamentarios, en especial tras la pseudo-moción de confianza de Pedro Sánchez. El PNV llevaba décadas reclamando la modificación. Uno de esos compromisos con el nacionalismo vasco sería precisamente la derogación o reforma inmediata de la actual ley, cuyo origen se remonta al franquismo, aunque fue modificada en 1978 para adaptarse a la Constitución.
Denegada una ampliación del plazo
El Ministerio de Defensa, del que depende el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), solicitó una ampliación del plazo, alegando que era insuficiente para evaluar un texto de tal calado. Sin embargo, Presidencia se negó a aplazar el proceso, argumentando que había existido tiempo suficiente para valorarlo y que el proyecto seguiría adelante «sí o sí».
Durante la reunión de la Comisión de Subsecretarios del jueves, se intentó de nuevo frenar la iniciativa, o al menos condicionar su aprobación a ciertos cambios. Sin embargo, todas las propuestas fueron rechazadas por Presidencia, y el anteproyecto entró en «rojo directo» para Consejo de Ministros. Es decir, fue elevado directamente al Consejo para su aprobación sin matices.
El Ministerio de Defensa, del que depende el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), solicitó una ampliación del plazo, alegando que era insuficiente para evaluar un texto de tal calado
En los tres días previos al Consejo de Ministros, los organismos afectados trataron de introducir observaciones en el texto. Ninguna de ellas fue aceptada, en particular las del Ministerio de Defensa, que incorporaba las del CNI. Tan solo se introdujo una modificación menor, que permitirá a los JEMES, a la directora del CNI y al secretario de Estado de Interior clasificar documentos en las categorías inferiores de «restringido» y «confidencial».
En definitiva, este proceso revela una importante falta de transparencia e interlocución en materia legislativa sensible. Bolaños ha impuesto una norma de enorme relevancia para la seguridad nacional impulsada sin el consenso ni la participación de los órganos responsables de su ejecución. Dos años sin información, y en solo una semana se ha presentado al Consejo de Ministros, que ya la ha remitido al Congreso. Ahora comienza una tramitación paarlamentaria que, por ahora, no garantizada su aprobación definitiva.
