Baltasar Garzón y Dolores Delgado en una recepción del Palacio Real
La Fiscalía pide la «reparación integral» y que se indemnice al exjuez prevaricador Baltasar Garzón
El propio exjuez presentó un recurso para que le aplicara un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 2021
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, de la mano del fiscal Manuel Campoy, ha pedido al tribunal que inste al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a la «reparación integral» del exjuez Baltasar Garzón al considerar, según un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se vulneraron sus derechos fundamentales al condenarle a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'. Tras la resolución del Comité, había sido el propio Garzón quien solicitó la revisión de su caso.
El exjuez se ha convertido con el paso de los años en un referente de la izquierda a pesar de la condena que, de momento, recae sobre él. Garzón está casado con la que fue ministra de Justicia, Fiscal General del Estado y actualmente fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado, cargo que ocupa a pesar de que el Supremo dictaminó que su acceso a la fiscalía debía de ser anulado porque un artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal impide que un fiscal trabaje si su pareja ejerce «una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función».
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Manuel Campoy solicita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que se condene a la Administración Pública a «borrar y eliminar los antecedentes penales» de Garzón y a «adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro».
Pide, además, que «se acuerde la condena de la Administración Pública demandada al pago de la indemnización por daños y perjuicios en la cuantía reclamada por el demandante o, subsidiariamente, la que se determine en ejecución de sentencia, conforme a las bases que se establezcan».
El fiscal considera que, «sin que conste causa justificada», la Administración Pública ha incumplido con «la obligación de proporcionar al demandante un recurso efectivo, que requiere una reparación integral», que consiste en la aplicación de las medidas solicitadas.
«El tribunal no fue imparcial»
En el citado dictamen, el Comité consideraba que Garzón no tuvo «acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquismo, por el que fue absuelto, y Gürtel», por lo que acordó que España compensara al exmagistrado por el daño causado.
Además, reprochó la actuación del Supremo y el hecho de que los procedimientos 'Franquismo' y 'Gürtel' fueran tramitados simultáneamente, con juicios celebrados con cinco días de diferencia y con jueces que participaron en ambas causas, pese a la solicitud del exmagistrado de que fueran recusados.
Según el dictamen, «el Estado parte tiene la obligación» de «borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido». Asimismo, «tiene la obligación» de proporcionar al exjuez un recurso efectivo. El Comité indicó en 2021 que España «tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro».
