Esta es lo que propone hacer cada partido en materia de inmigración

La gestión migratoria es una cuestión latente, cuyo debate, sin embargo, se ha convertido en los últimos años en algo urgente de abordar, a nivel nacional y en toda Europa, especialmente ante la llegada incesante de inmigrantes de forma irregular, fundamentalmente por la frontera sur.

Estas semanas atrás el tema ha vuelto a contar con casi todo el foco mediático: por un lado, por los altercados en Torre Pachecho tras la paliza de un vecino del pueblo a manos de inmigrantes magrebíes y otros incidentes violentos en otros puntos de España protagonizados por inmigrantes en situación irregular, que provocaron una reacción social y política, y, por otro, por el nuevo reparto de menores no acompañados llegados a Canarias y a Ceuta. Además, a principios de julio estallaba una polémica a raíz de la tergiversación por parte de la izquierda de la propuesta de Vox de hacer deportaciones masivas de inmigrantes ilegales o aquellos que delincan.

En este contexto, resulta pertinente señalar qué propuestas plantean los partidos políticos con mayor representación, en orden de mayor a menor representación, en esta materia, y que recogen en sus programas electorales o en los documentos que guían su acción política:

PP

En su ponencia política, el PP aboga por una política migratoria «firme, legal y segura» y urge a que se establezcan «vías efectivas de entrada legal» y se ordene la entrada de personas, «primando la llegada de aquellos culturalmente cercanos, que cubren necesidades en el mercado laboral y anhelan ser partícipes de nuestro sistema de valores».

Para los populares, «contribuir tiene que ser condición para permanecer». Proponen eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes irregulares a las prestaciones económicas no contributivas. También, que se condicione la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de la Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura española. Asimismo, quieren devolver al arraigo y la reagrupación familiar su «carácter excepcional».

El partido de Alberto Núñez Fejóo quiere «tolerancia cero» con los que delincan, en especial con los reincidentes, y con los que no se quieren integrar. Además, consideran que se debe trabajar en los países de origen, luchar contra las mafias que trafican con personas y «repatriar de inmediato a los inmigrantes ilegales y a quienes cometan algún delito».

PSOE

El PSOE, al que la oposición recrimina su gestión ante el caos migratorio durante estos años, apuesta por «acoger e integrar a cientos de miles de personas migrantes, que serán esenciales para mantener nuestro tejido productivo y nuestro Estado de Bienestar en marcha», según recoge en la resolución de su último Congreso Federal.

Los socialistas quieren políticas migratorias «responsables, humanitarias y solidarias», que se amplíe la red de acogida y que haya una «migración legal, segura y ordenada». Se muestran partidarios de fomentar la «interculturalidad». Quieren un modelo migratorio que garantice «un flujo constante» de trabajadores que «puedan dar respuesta a la necesidad de nuestro mercado de trabajo», y en este sentido, abogan por agilizar la homologación de títulos. Esta legislatura ha impulsado, junto a su socio, Sumar, una reforma del reglamento de extranjería para regularizar a casi un millón de inmigrantes en los próximos años.

Vox

La formación de Santiago Abascal defiende –y así lo recoge en el programa de las generales de 2023– que la inmigración debe ser «legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación». Así, es partidario de expulsar de forma inmediata a los inmigrantes ilegales, así como a aquellos que cometen un delito grave o reinciden en los delitos leves y a los que se niegan a integrarse. Rechaza las políticas de fronteras abiertas y propone que se pregunte a los españoles en un referéndum acerca del modelo de gestión migratoria y el control de fronteras.

Vox también plantea que se supriman las ayudas públicas a los ilegales y las subvenciones a las organizaciones o asociaciones que colaboren con la inmigración ilegal, que se endurezcan las penas contra las mafias y que se cierren los centros de menores. Abogan por la «tolerancia cero con toda forma de fundamentalismo islámico». Quiere priorizar a los ciudadanos que proceden de Iberoamérica. Asimismo, quiere «impedir la adquisición fraudulenta o abusiva de la nacionalidad española».

Sumar

En el último programa electoral a nivel nacional, el de 2023, Sumar apuesta por una reforma «sistémica y estructural, acorde con la creciente diversidad étnico-racial, que asegure la protección de los derechos humanos, promoviendo el bienestar colectivo y abordando las situaciones de discriminación y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas inmigradas y racializadas».

Es partidario de las regularizaciones masivas, como trata de impulsar junto a los socialistas desde el Gobierno. Entre sus propuestas se encuentran reformar la ley y el reglamento de extranjería, para simplificar los procesos para solicitar la residencia, así como la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social para introducir «un procedimiento de regularización permanente». Quiere que los inmigrantes ilegales también cuentan con el ingreso mínimo vital, y puedan acceder al Sistema Nacional de Salud. Asimismo, aboga por el cierre de los CIEs, los Centros de Internamiento para Extranjeros, al considerar que «vulneran los derechos» de los inmigrantes y «criminalizan» su situación administrativa.

Podemos

También la formación que lidera Ione Belarra recoge entre sus propuestas el cierre de estos centros,así como el acceso de todos, «sin ningún tipo de distinción», a los servicios públicos. Otro de sus planteamientos es la derogación de la ley de Extranjería. Para el partido morado, «migrar es un derecho humano» y «ninguna persona es ilegal», señala en su documento político de la V Asamblea Ciudadana.

A su juicio, los inmigrantes «que viven y trabajan» en España tienen que ser irregularizados «inmediatamente» y se les debe conceder la nacionalidad española por «procedimiento exprés de carta de naturaleza» aprobado por el Consejo de Ministros. «Quien vive, trabaja y ama en España, tiene que tener DNI español y derecho al voto», defiende Podemos, que también quiere abolir Frontex.

Los partidos nacionalistas

En cuanto a los partidos independentistas catalanes, por un lado, está la postura de ERC, que quiere que se transfieran todas las competencias en materia migratoria; aboga por «un modelo de acogida que refuerce la vida comunitaria»; apuesta por el empadronamiento en todos los municipios «sea cuál sea la situación administrativa de la persona que lo solicite y si dispone o no de título que la vincule legalmente a la vivienda», y a nivel nacional pide derogar la ley de Extranjería y el cierre de los CIE, dos medidas que también recoge en su programa la CUP.

Por otro lado, la postura de Junts, que también quiere el traspaso «integral» de las competencias migratorias, como así pactó con el Gobierno central; quiere crear una Agencia Catalana de Inmigración para negociar «bilateralmente» con el Estado y de gestionar lo que tiene que ver con «la fijación de cuotas, las condiciones de llegada, acogida e integración de los recién llegados». Aboga por impulsar políticas de integración y es partidario de atraer « el perfil de personas que necesita el mercado laboral catalán». En Cataluña dentro del bloque independentista el más restrictivos sería Aliança Catalana, que plantea deportar a los inmigrantes que delincan y repatriar a los ilegales, y que los menores no acompañados vuelvan con sus padres.

Respecto a los partidos independentistas vascos, EH Bildu recoge en su programa la propuesta de elaborar un estudio para conocer cuántas personas están en situación administrativa irregular y que el Gobierno central las «regularice de manera urgente, amplia y extraordinaria», la aprobación de una Ley de Acogida Integral, o la creación de una Dirección de Gestión de la Diversidad Cultural y las migraciones, así como el impulso de «políticas propias de migración y diversidad cultural».

Y el PNV apuesta por un «modelo vasco de acogida, basado en la inclusión, la cohesión social, la interculturalidad y la convivencia», aboga por atraer «a personas profesionales cualificadas y no cualificadas de una forma planificada y ordenada y asegurar su plena integración», y propone entre otras cosas la creación de la Agencia Vasca de Migración y Asilo.