​El caso Leire avanza en agosto y compromete al Gobierno: el PP exige a Sánchez explicaciones urgentes

Este agosto –mes en el que la Justicia solo funciona para los procedimientos urgentes– el Juzgado Número 9 de Madrid ha abierto diligencias previas contra la exmilitante socialista Leire Díez y ha enviado el expediente a otro tribunal para unificar la causa. Además, la Fiscalía ha solicitado que se investigue a la 'fontanera' de Ferraz –que supuestamente trabajaba para el hoy encarcelado Santos Cerdán– por intentar sobornar a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa a cambio de que le dieran información comprometedora.

Todo ello también afecta de manera directa al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que Díez fue teniente de alcalde del PSOE en el municipio cántabro de Vega de Pas, y después el Ejecutivo la nombró jefa Comunicación en la empresa pública Enusa (2018-2021) y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos (2022-2024).

El miembro del Ministerio Público Stampa se reunió con Díez, y con su colaborador Javier Pérez Dolset, porque pensaba que iba a recibir una disculpa en nombre del Gobierno por el trato sufrido durante su última etapa en Anticorrupción. No obstante, en ese encuentro le pidieron «información sobre investigaciones sensibles de la Fiscalía», así como detalles sobre posibles irregularidades atribuidas a funcionarios públicos. Como contraprestación le dijeron que podrían apoyarlo para resolver los recursos que había interpuesto tras no lograr una plaza fija en Anticorrupción.

Además, en febrero el fiscal Anticorrupción José Grinda denunció que el periodista Pere Rusiñol le entregó un escrito que decía provenir de «las más altas instituciones o personas del Estado». En ese documento se le ofrecía un cargo en el extranjero y una compensación por una demanda civil si promovía el archivo de siete investigaciones y proporcionara información comprometedora sobre el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Por su parte, Díez, según se supo el pasado mes de mayo, ofreció beneficios judiciales a Alejandro Hamlyn –un empresario investigado por la Audiencia Nacional– a cambio de que le otorgara información contra dirigentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Llegó a decir que «mejor» si el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas –que encabeza las pesquisas sobre el caso PSOE o la investigación en torno a Begoña Gómez– está «muerto». Díez negó los hechos, dejó de ser militante socialista y enmarcó su «investigación» en un trabajo periodístico.

Sin embargo, Pérez Dolset afirmó que tanto Sánchez como Santos Cerdán estaban al corriente de la operación para obtener la información comprometedora. Además, la fontanera confirmó que se reunió con el exsecretario de Organización del PSOE y le entregó en Ferraz un pendrive con los documentos que había recopilado.

El PP exige explicaciones a Sánchez

En este contexto, la eurodiputada y secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Monserrat, anunció el pasado viernes que su formación que registrado una solicitud de «comparecencia urgente» de Sánchez en el Congreso de los Diputados para que «rinda cuentas ante todos los españoles» por –entre otros aspectos– «la investigación judicial a Leire Díez».

El documento parlamentario –al que ha tenido acceso El Debate– exige al jefe del Ejecutivo que explique en una «sesión extraordinaria del Pleno» la «corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE, concretamente sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, la investigación judicial a Leire Díez y el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del GRECO que se tratará en el Consejo de Europa».