Montero prepara una encerrona a Moreno con la quita de la deuda en plena campaña andaluza

El Gobierno quiere utilizar la quita de la deuda como una bomba con temporizador contra Juanma Moreno y accionarla justo en la campaña de las elecciones andaluzas, previstas para junio de 2026. No por casualidad, a esos comicios concurrirá como candidata del PSOE la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la directora de la operación.

Montero pretende que la Ley de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, que así la ha bautizado el Ejecutivo, sea aprobada por las Cortes antes de que acabe el primer cuatrimestre del próximo año. De esta manera, el Ministerio abriría el plazo para que las comunidades se acojan a esta condonación parcial justo en las semanas previas a que los andaluces acudan a las urnas.

Así, el PSOE-A y su candidata elevarían la presión sobre Moreno para que no desprecie una quita que, en el caso de Andalucía, ascendería a 18.791 millones de euros si la solicitara. Se trata de la mayor de las que ha ofrecido el Gobierno a las comunidades del régimen común, incluso mayor que la de Cataluña (17.104 millones). La vicepresidenta primera ha venido afirmando en público que el presidente andaluz no tiene motivos objetivos para rechazar que renunciar y hacer renunciar a sus ciudadanos a ese montante. Solo un «relato» que hace agua.

Aún no está establecido cuánto durará ese plazo para que las comunidades soliciten la quita una vez esté en vigor la ley, pero desde Hacienda sugieren que no será mucho: «Esa ventanilla no puede estar eternamente abierta», remachan, aunque niegan cálculo político alguno en ello. Esto último es importante, porque en el Ejecutivo se malician que, si los plazos le dan, Moreno dejará pasar los comicios y después cogerá la manzana que le ofrece Hacienda. Ello en el supuesto de que las encuestas se cumplan y el barón popular revalide su mayoría absoluta.

No obstante, hoy por hoy la oposición del presidente andaluz es total. «Lo que nosotros necesitamos es financiación, un nuevo modelo de financiación. Esta especie de café para todos no es útil. Andalucía está entre las cinco comunidades con menos deuda por habitante. Nosotros no necesitamos instrumentos del Estado para estabilizar nuestra propia deuda, nosotros salimos a los mercados para financiar deuda», señaló desde Santander.

Todos los presidentes del PP mantienen prietas las filas del ‘no’, aunque el ministro Félix Bolaños lo atribuyó ayer a una orden interna de Alberto Núñez Feijóo. El presidente gallego, Alfonso Rueda, le replicó que ni él ni ningún otro barón autonómico del PP siguen instrucciones de nadie.

El calendario del Ministerio

Los cálculos del Ministerio de Hacienda son factibles, pero de momento simples castillos en el aire. Máxime teniendo en cuenta la dependencia de Pedro Sánchez en el Congreso y la mayoría absoluta del PP en el Senado. El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley. Ahora, el Ministerio de Hacienda deberá abrir un trámite de audiencia e información pública que, como mínimo, durará 20 días. Una vez revisadas esas alegaciones, Hacienda hará las modificaciones que estime oportunas en el texto legal y lo elevará en segunda vuelta al Consejo de Ministros, ya como proyecto de ley.

Cuando esté aprobado, el Gobierno lo enviará al Congreso. Si quiere acortar los plazos a la mitad en la Cámara Baja, puede optar por tramitarlo por el procedimiento de urgencia, aunque aun así se le podría torcer en cualquier momento. Los socialistas confían -garantías no tienen- en que la tramitación en el Congreso no sea complicada, y para ello aducen que la quita ha tenido buena acogida entre los socios habituales del Gobierno; incluido Junts, que no ha puesto demasiadas pegas. Al PNV y a Bildu ni siquiera les afecta, puesto que el País Vasco come aparte, no del régimen común.

Sumar había pedido que el Gobierno aumentara la condonación de la deuda a la Comunidad Valenciana en 7.000 millones de euros más, frente a los 11.270 millones previstos inicialmente, pero el Ministerio ha desoído esta petición. Aunque los de Yolanda Díaz tienen otra con la que piensan dar la batalla hasta el final: que la condonación esté condicionada a que las comunidades no bajen los impuestos de Patrimonio y Sucesiones.

A la tramitación en el Congreso hay que añadirle después la del Senado, donde el PP ralentizará la aprobación de la ley todo lo que pueda. Con el procedimiento de urgencia, la Cámara Alta dispone de 20 días para vetar o enmendar la norma (con el procedimiento habitual son dos meses) antes de devolverlo a la Cámara Baja, que como siempre tendrá la última palabra.

Todo eso sobre el papel. El Gobierno, éste o cualquier otro, sabe cuándo empieza una tramitación parlamentaria, pero nunca cuándo acaba. Por lo general, los plazos que se marca no se cumplen. El último ejemplo es el de la reducción de la jornada laboral. En octubre de 2024, la vicepresidenta Díaz anunció que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se tramitaría por el procedimiento de urgencia. Para entonces, ni siquiera había un proyecto de ley, sino que éste fue aprobado en mayo de 2025. Once meses después, la norma estrella de la responsable de Trabajo llegará por primera vez al Pleno del Congreso el próximo miércoles, para el debate y votación de las enmiendas a la totalidad. Y aún le quedará un largo periplo si supera ese obstáculo.