Cerdán pide al Supremo quedar en libertad y se declara víctima de una «causa general» por su actividad política

El ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán no quiere continuar ni un día más en prisión y, por ello, a la espera de que se notifique al Supremo el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su situación patrimonial, ha vuelto a solicitar al magistrado instructor del 'caso PSOE' su puesta en libertad.

En el escrito registrado por sus abogados, al que ha tenido acceso El Debate, el que fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez califica su continuidad en prisión provisional como «inconstitucional», porque: ha superado el plazo legal previsto para este tipo de casos y dado que «no hay pruebas» en su contra y que todo se sustenta en una mera «sospecha» policial. Cerdán insiste, además, en que es víctima de una «causa general» por su actividad política.

Así las cosas, insiste en que se trata de una «pesquisa» en la que «no se investiga un hecho delictivo pasado, concreto y delimitado, tal como es propio de la jurisdicción penal, sino que construye una causa general que comprende toda la vida política» de Cerdán «cuyo único objetivo parece ser la de alcanzar a toda costa una conclusión incriminatoria».

«No nos cansaremos de repetir que tanto el atestado de imputación de la UCO como el Auto de prisión provisional viene a transmutar acciones propias de la vida política del partido que se encuentra en el Gobierno central (con acciones que serían perfectamente equiparables y reproducibles en tantas otras administraciones públicas) en indicios (o mejor dicho, sospechas) de criminalidad», recoge el documento.

Y, por ello, el ex número 3 del PSOE cree que «debería ser ineludible una decisión que acordase la inmediata libertad» porque «el crédito que se ha dado», durante los últimos siete meses, para apuntalar «la hipótesis de corrupción en la más benevolente de las posibilidades, está vencido, no hay pruebas y las actuaciones, salvo acreditación de contrario, están viciadas de vulneraciones de derechos fundamentales».

Tal es así que la representación jurídica de Cerdán considera que la situación del ex político es «expresión de cómo se han forzado los instrumentos procesales de forma estratégica para llegar a una determinada conclusión y, por ello, solo queda evitar la continuación de esta grave situación» que, de prolongarse en el tiempo «conlleva el riesgo de superar materialmente la duración máxima de la prisión preventiva acordada para asegurar la investigación del presunto delito».

Meras «sospechas» policiales

«Como se viene reiterando, ya no nos encontramos en una fase 'inicial' del procedimiento que pueda justificar la adopción de tal medida. Los cuerpos policiales han tenido el tiempo y las oportunidades suficientes para asegurar la debida investigación, sin que quepa, ya, seguir privando de libertad», afirma.

Y sostiene para ello que desde los meses de febrero y marzo, cuando «empezó la sospecha», hasta ahora "han transcurrido los seis meses que el legislador entendió suficientes para culminar una investigación o, por lo menos, para asegurar que el investigado privado provisionalmente de libertad no pueda influir en la misma.

«Podrá compartirse o no esta contundente conclusión, pero es difícil imaginar que pueda aceptarse como legítimo y constitucional en un sistema penal democrático que un ciudadano sea privado de libertad sin una mínima seguridad que esta medida tan drástica está justificada desde la perspectiva penal», añade.

La nulidad de las grabaciones de Koldo

Por otro lado, la defensa incide igualmente en que las grabaciones incautadas a Koldo García, el que fuera asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, en las que se basa la imputación de Cerdán, serían «una prueba absolutamente nula», reiterando que, aunque ha negado ser el autor de dichas grabaciones, si lo fuera «es evidente que lo habría hecho bajo la dirección policial».

Sobre esto, y en otro escrito remitido al alto tribunal, los abogados de Cerdán hacen hincapié en la «especial relevancia» de «dilucidar las circunstancias y naturaleza de la investigación para evitar» cualquier hipotética desviación de poder de la Policía Judicial que pudiera haber contaminado el «proceso debido», para reclamar a continuación una serie de diligencias relativas a la UCO.

En concreto, piden interrogar como testigos a los agentes de la UCO que elaboraron el informe del pasado 5 de junio que dio lugar a la imputación de Cerdán, así como al guardia civil Rubén Villalba, imputado en la parte del caso PSOE que se investiga en la Audiencia Nacional, al considerar que «actúa de modo concertado» con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

También reclaman que «se requiera a la UCO para que identifique a los aforados que investigan» y se avise al Congreso de los Diputados de que «un número indeterminado de aforados están siendo investigados sin haber sido solicitado el pertinente suplicatorio».

Al mismo tiempo no dudan en afirmar que Cerdán «es una persona honrada, que vive de su sueldo, que salió de un pueblo de Navarra creyendo que sí existía la posibilidad de ejercer una acción política en libertad y que cada vez más tiene la sensación de que esto se trataba de una ilusión».

«No existe patrimonio alguno que encontrar, no hay chalé, ni fincas de caza. Por mucho que se busque e indague siempre encontrarán al señor Cerdán disfrutando de su ocio en su pueblo», concluyen.