Un «vacío legal» permite a García Ortiz sentarse en el banquillo del Supremo como fiscal general aunque «menoscaba» la institución

Nunca antes un fiscal general del Estado español se había sentado en un banquillo como resultado, además, de su presunta mala praxis profesional. Y, la situación es tan inédita que ni siquiera está prevista, estrictamente, a ojos de un legislador que no anticipó que el máximo exponente del Ministerio Público, encargado de la defensa de la legalidad en nuestro país, pudiese ser el presunto y único autor de un delito, además, vinculado a su posición.

Es, precisamente, este «vacío legal» que existe sobre la posibilidad de suspender al fiscal general del Estado de sus funciones, al menos hasta que en la causa penal a la que se enfrenta quede resuelta por sentencia firme, el que permitirá a Álvaro García Ortiz comparecer ante el Supremo, como acusado por revelación de secretos, y hacerlo con todas las competencias y atribuciones propias de su cargo.

Una paradoja inexplicable si se tiene en cuenta que el propio Estatuto Orgánico de la Fiscalía (EOMF) le obliga a apartar, de manera automática, a cualquier otro miembro de la Carrera que se viese en su misma situación. Sin embargo, García Ortiz ha dejado claro que ni va a dimitir, ni a 'auto suspenderse' de manera que, durante las sesiones del juicio que está por llegar en noviembre, si nada lo remedia, asistirá como aforado y superior jerárquico de la Institución a la que pone en «entredicho» y que estará representada en la sala de vistas por su número dos, la teniente fiscal del Alto Tribunal Ángeles Sánchez Conde.

Así las cosas, según concluye el juez instructor Ángel Hurtado en su auto de apertura de juicio oral, la filtración de datos confidenciales de un particular, de los que García Ortiz tuvo conocimiento por ser el fiscal general, «pone en cuestión el prestigio» de la Institución, "con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas; y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado».

Añade el magistrado que todas las irregularidades que se cometieron en la revelación de los datos privados y protegidos del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «sujetos a criterios de confidencialidad por parte de la Fiscalía», fueron asumidas por García Ortiz, desde el momento en que «a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo como Fiscal, le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida».

La inacción de la Inspección Fiscal

«Existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal, que es de naturaleza administrativa, aunque, de conformidad con ella, no contempla la propia suspensión del fiscal general de Estado», recordaba el juez Hurtado en su resolución. Una regulación que, en todo caso, correspondería a la Inspección del propio Ministerio Público –en manos de María Antonia Sanz Gaite, próxima a la esfera de García Ortiz, y a la que, por tanto, el magistrado ha ordenado dar traslado de su auto.

"Debieran articularse los mecanismos para que se encargue de hacerlo quien le sustituya, si esta alternativa se considerase viable en esa vía y que hay alguna forma de cubrir tal vacío legal», apunta el juez Hurtado.

Llegados a este punto, cabe recordar cómo El Debate, en diciembre de 2024, ya recogió el malestar de una parte importante de la Carrera con Sanz Gaite, señalada por no iniciar una investigación interna de oficio para depurar responsabilidades por la filtración. Como también reveló este diario, una de los dos fiscales del entorno de García Ortiz que habrían cambiado de número móvil tras la entrada y registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho de su jefe máximo fue la propia titular de la Inspección.

De tal suerte que fuentes próximas a la Fiscalía descartan que «ahora, transcurrida toda la instrucción penal» en el Supremo «se vaya a iniciar pesquisa alguna o plantear un expediente disciplinario» para sancionar a García Ortiz que, apoyado por el Gobierno en pleno, seguirá en su cargo «sin importarle el daño reputacional» que pueda estar causando al Ministerio Público