García Ortiz deposita en el Supremo la fianza de 150.000 € avalada con parte de su patrimonio

Varias propiedades inmobiliarias, aportadas mediante avales. Así ha consignado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la fianza de 150.000 que le impuso el Supremo (TS), tras decretar la apertura de juicio oral contra él, por un presunto delito de revelación de secretos.

Según varias fuentes próximas a la causa, consultadas por El Debate, García Ortiz habría activado el mecanismo de garantías comprometiendo parte de su patrimonio dado que, en este momento, no dispondría de efectivo suficiente para hacer frente a la obligación económica que, en caso de no haber resultado satisfecha, quedaba comprometida por la advertencia de embargo, decretada por el juez instructor de su causa, el magistrado Ángel Hurtado.

Coincidencia, o no, el titular del Ministerio Público se ha apresurado a cumplir con el requerimiento procesal, tan sólo un día después de conocerse que el novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, recurría la resolución por la que el Alto Tribunal rebajaba la cuantía de su solicitud inicial, fijada en 300.000 euros.

En sentido contrario, son varias las fuentes que hablan de cómo el propio García Ortiz ultima los detalles de un recurso dirigido contra esa misma decisión, con el que tratará de que se elimine una fianza que su entorno califica de «injusta», «desproporcionada» y «contraria a la propia doctrina» del TS.

Las mismas fuentes que apuntan cómo el fiscal general, pese a la solidaridad recibida, habría rechazado la ayuda de familiares y amigos para reunir el importe total exigido para garantizar las futuras responsabilidades pecuniarias que podría tener que asumir en caso de resultar, finalmente, condenado. Cabe recordar que varias de las acusaciones populares han solicitado para él una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación absoluta para el ejercicio del cargo.

Todo ello, a la espera de que los siete magistrados que conformarán el tribunal de la Sala de lo Penal, llamado a juzgarle, fije el calendario de fechas y jornadas para el arranque de la vista pública que tendrá lugar a lo largo del mes de noviembre, lo que permitiría disponer de una sentencia firme antes de final de año.

Mientras tanto, García Ortiz continúa al frente del Ministerio Público que, en su caso, ha solicitado el sobreseimiento del procedimiento, de acuerdo con los escritos consignados, hasta la fecha, por la número dos del procesado, la teniente fiscal Ángeles Sánchez-Conde.