Santos Cerdán y María Chivite, en una imagen de archivo
Un informe externo no encuentra «ni actas del proceso» en la adjudicación de viviendas a la constructora de Cerdán
La auditoría, encargada por el Gobierno de Navarra, confirma las «irregularidades» detectadas por la Oficina Anticorrupción de Navarra
Un informe externo solicitado por el Gobierno de Navarra sobre contratos de Viviendas de Protección Oficial (VPO) adjudicados a la UTE formada por Acciona y Servinabar, empresa esta última supuestamente vinculada con el exdirigente socialista Santos Cerdán, ha detectado «incidencias» como la ausencia de actas en el proceso que vienen a confirmar las «irregularidades» detectadas por la Oficina Anticorrupción de Navarra publicadas el pasado lunes. Esta promoción de viviendas protegidas fue adjudicada por un valor de 6,8 millones de euros.
Según el documento, que fue pedido por la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) y que ha llegado ya a la comisión parlamentaria de investigación en Navarra, la ausencia de documentación necesaria para considerar «transparente» el proceso de adjudicación es absoluta: no se incluyeron en el cálculo del valor estimado las modificaciones previstas al alza, no consta el acta de admisión de participantes ni se ha podido verificar la constitución del aval bancario de 30.000 euros exigido en el pliego.
Tampoco se han aportado actas de apertura y valoración de ofertas, lo que impide comprobar el cumplimiento de los criterios establecidos, se indica en el informe.
El informe señala además que la adjudicación se publicó fuera de plazo en el Portal de Contratación y detecta la ausencia de publicación trimestral en uno de los once expedientes analizados.
En relación con las modificaciones del contrato, el auditor indica que se introdujeron cambios en materia de amueblamiento mínimo, instalación de cocinas, mamparas y cámaras de vigilancia (CCTV), calificándolos de «indispensables e imprevisibles», aunque no ha sido posible comprobar esta justificación al no constar fecha en el documento de requisitos de arquitectura que los respaldaba.
Lo más grave de todo, es que todos estas «incidencias» corresponden a Nasuvinsa, la oficina pública dependiente del Gobierno de Navarra dedicada a la promoción pública de vivienda, gestión de alquiler social, rehabilitación, suelo industrial y sostenibilidad.
Además, la adjudicación de esta promoción de viviendas tuvo lugar en el año 2018, cuando el Gobierno de Navarra correspondía a Geroa Bai, la marca navarra del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que también se encuentra bajo sospecha de otra promoción de viviendas protegidas que fue señalada por la Oficina de Anticorrupción de Navarra.